La desaparición de Guadalupe Belén Lucero, ocurrida en San Luis el 14 de junio de 2021, sigue exponiendo la peor cara del entramado patriarcal, judicial y mediático.
Al dolor desgarrador de una ausencia que ya lleva años, se le suma una violencia sistemática: el uso de micrófonos por parte de varones con inmunidad o poder político para instalar discursos irresponsables que criminalizan a las familias vulnerables y desvían el foco de las redes criminales.
Las recientes afirmaciones del exlegislador Raúl Laborda, quien sostuvo sin una sola prueba que la niña fue «vendida por su propia familia por un millón de pesos», no son un exabrupto aislado.
Responden a una estrategia de disciplinamiento clasista y patriarcal que busca instalar que las familias de sectores populares comercializan a sus hijos con absoluta ligereza, una narrativa perversa que opera como la perfecta cortina de humo para la inacción estatal.
El sesgo clasista: estigmatizar la pobreza para justificar la ineficacia
Desde una perspectiva de género y derechos humanos, la acusación de Laborda activa un prejuicio histórico: la noción de la «mala madre» y la supuesta amoralidad de la pobreza. Al centrar la sospecha de manera pública e infundada sobre su madre, Yamila Cialone, se logra un doble objetivo patriarcal:
Eximir al Estado y a las redes delictivas: Mientras la opinión pública debate falsas culpas familiares, se diluye la exigencia de investigar los verdaderos delitos complejos.
Deshumanizar las maternidades populares: Se asume erróneamente que la precariedad económica anula el instinto de cuidado y los lazos afectivos, transformando a las víctimas directas en sospechosas de transacciones comerciales de sus propias niñeces.
La cruda realidad: cifras que desarman la mentira mediática
Frente a los rumores infundados de los opresores mediáticos, los datos oficiales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) revelan una realidad estructural completamente distinta y alarmante en Argentina:
El horror de la trata: Desde la sanción de la Ley de Trata en 2008 hasta mediados de 2026, más de 22.800 personas fueron rescatadas o asistidas por este delito en el país, demostrando la existencia de redes delictivas complejas y corporativas que operan a nivel nacional, no de dinámicas domésticas aisladas.
La impunidad del sistema: A pesar de registrarse miles de denuncias en la Línea 145, los procesos judiciales avanzan a cuentagotas, resultando en un promedio de apenas 25 a 26 condenas anuales por trata en todo el país debido a la complejidad del delito y la frecuente complicidad de funcionarios o fuerzas de seguridad.
El perfil de la vulnerabilidad: Las mujeres y las niñeces siguen siendo los eslabones más desprotegidos. El 63% de las víctimas de trata registradas globalmente corresponden a mujeres y niñas, un patrón que se repite en el territorio nacional, donde las desapariciones forzadas interceptan de manera directa los fines de explotación.
Basta de impunidad verbal: la urgencia de rendir cuentas
Lanzar hipótesis delictivas en medios de comunicación con total impunidad no es ejercer la libertad de prensa; es violencia de género mediática y simbólica (conforme a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres).
El acompañamiento del activismo transfeminista a la denuncia penal de Yamila Cialone ante la Justicia Federal no es solo un acto de defensa individual. Es una exigencia colectiva para que la justicia frene la violencia de estos discursos machistas.
A las infancias desaparecidas se las busca investigando al crimen organizado y al poder real, no revictimizando a las madres que llevan años sosteniendo solas la exigencia de aparición con vida.
