A solo dos días de su entrada en vigencia oficial, la controvertida Ley de Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) —impulsada por el Gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años— sufrió su primer gran revés judicial, La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó una medida cautelar que frena por 60 días la aplicación de la norma en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires
La resolución de la magistrada no se basa en tecnicismos abstractos, sino en una realidad fáctica y alarmante que el oficialismo nacional prefirió ignorar en su apuro punitivista: el Estado bonaerense carece de la infraestructura, el presupuesto y los profesionales necesarios para alojar y procesar adecuadamente a las infancias y adolescencias que el nuevo régimen pretende criminalizar
Un amparo nacido de la comunidad: el hábeas corpus del Hogar de Cristo
El freno judicial responde a un recurso de hábeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la red de centros barriales liderada por los curas villeros que trabaja diariamente en los sectores más vulnerables del país.
La organización civil alertó sobre el inminente riesgo de hacinamiento, tratos crueles y vulneración sistemática de los derechos humanos que implicaría encerrar a menores de 14 y 15 años en el colapsado sistema penitenciario y de institutos de menores actual
En sus fundamentos, la jueza Pascual advirtió sobre las graves carencias estructurales de la provincia:
Hacinamiento crítico: Los centros de contención existentes están sobrepoblados; sumar chicos de 14 años sin infraestructura especializada viola tratados internacionales de jerarquía constitucional
Ausencia de equipos interdisciplinarios: Faltan psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos para garantizar el «fin socioeducativo» que la propia ley declama formalmente
Improvisación del Ejecutivo: No se planificaron partidas presupuestarias específicas ni reformas edilicias previas para absorber el impacto del cambio penal.
Ante este panorama, la magistrada convocó a una audiencia multipropósito obligatoria para el próximo 16 de septiembre
Allí, las autoridades de los ministerios de Seguridad, Niñez y Justicia del gobierno provincial deberán rendir cuentas y detallar si existe (o no) un plan real para aplicar la reforma sin cometer delitos de lesa humanidad institucional contra las infancias
La trampa del punitivismo como cotillón electoral
El fallo de Pascual abre un paréntesis necesario en la discusión nacional. Mientras el Gobierno celebra la baja de imputabilidad en los fueros federales y en el resto del país como un trofeo político, el territorio que concentra al 40% de la población argentina expone las costuras de una ley redactada de espaldas a la realidad social.
La Ley 27.801 establece penas de hasta 15 años de cárcel para menores
Al suspenderla en Buenos Aires, la justicia frena —al menos temporalmente— la fantasía demagógica de que la inseguridad se resuelve encerrando niños, poniendo el foco donde realmente importa: la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos básicos antes de construir más rejas.
