Mientras en las calles miles marchaban por el «Ni Una Menos», cinco mujeres detenidas en la Unidad 51 sufrieron un calvario de más de seis horas de violencia institucional, de género y sexual a manos de agentes y directivos del Servicio Penitenciario Bonaerense. El juez Juan Pablo Masi intentó bloquear el control de los derechos humanos.
El pasado miércoles 3 de junio, mientras la marea feminista se consolidaba en las calles de todo el país al cumplirse once años del primer grito colectivo contra los femicidios y las violencias de género, los muros de la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena encerraban una de las postales más brutales de la violencia institucional contemporánea. Cuatro mujeres detenidas fueron blanco de un operativo clandestino de torturas físicas, psicológicas y agresiones sexuales perpetradas por el propio personal jerárquico y agentes varones encapuchados. Al día siguiente, una quinta detenida sufrió el mismo patrón represivo.
Los relatos recopilados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras constituirse de emergencia en el penal exponen un modus operandi sistemático que revive las peores prácticas de la dictadura militar, atravesado por un ensañamiento machista explícito.
Seis horas de terror y humillación disciplinaria
El calvario comenzó la tarde del 3 de junio tras una pelea entre dos detenidas. Bajo la dirección directa de la jefa de Penal, Daiana Balmaceda, la subjefa Villafañe y la agente Toledo, un grupo de requisas ingresó al pabellón de la planta alta arrojando gas pimienta a corta distancia sobre los rostros de las mujeres para luego encerrarlas en sus celdas.
Acto seguido, las autoridades exigieron a las detenidas desnudarse frente a al menos cinco agentes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), quienes violando toda normativa de género actuaron con los rostros cubiertos para garantizar su impunidad. Ante la negativa de las mujeres, la respuesta fue la violencia física extrema. Las sacaron a los golpes y las aislaron en sectores ciegos del penal donde no hay cámaras de seguridad.
«Besame las botas», fue la orden que Balmaceda repetía con saña mientras una de las víctimas permanecía arrodillada y semidesnuda en una celda de aislamiento. Ante cada negativa, los agentes del GIE le sumergieron la cabeza en una bacha llena de agua aplicando la práctica criminal del «submarino húmedo» hasta hacerla convulsionar.
No bastando con ello, la golpearon con la culata de una escopeta, la atacaron contra una cama de metal y la sometieron sexualmente de forma reiterada.
El patrón se repitió en el sector de escuela con otra de las víctimas, trasladada a la Unidad 61 de Melchor Romero. Fue ahorcada, golpeada y violada en el suelo, para luego ser dejada atada de pies y manos («cepo») durante horas sobre un colchón impregnado con gas pimienta.
Las otras dos mujeres sufrieron el mismo nivel de degradación: una de ellas fue inmovilizada boca abajo mediante un tirante que unía las esposas de sus manos y pies, colocándole una media en la boca como mordaza mientras se asfixiaba con los químicos del gas.
Complicidad médica y disciplinamiento subjetivo
La red de impunidad penitenciaria se extendió rápidamente hacia el sector de sanidad.
Un informe firmado el mismo 3 de junio por la enfermera Raquel Boccardo dictaminó falsamente que la primera víctima «no presentaba lesiones visibles de reciente data». Peor aún, al ser interpelada por la segunda víctima en el sector de escuela, la enfermera se negó a asistirla, limitándose a sentenciar: «Para que aprendas que estás en Magdalena».
Al ensañamiento físico le siguió la destrucción de la identidad. Tres de las víctimas fueron trasladadas de madrugada a los penales de Melchor Romero, Lomas de Zamora y Florencio Varela. Al recibir sus pertenencias, descubrieron que su ropa había sido tajada deliberadamente con elementos cortopunzantes, mezclada con basura y sus teléfonos celulares privados de los chips de comunicación, una maniobra clásica orientada a destruir pruebas biológicas y aislar el reclamo de justicia.
Protesta, represión y el freno judicial
El viernes 5 de junio, al filtrarse los hechos, las detenidas que permanecían en Magdalena iniciaron una protesta pacífica que fue brutalmente aplastada por el SPB, dejando un saldo de una interna con heridas graves en un ojo y otras dos sufriendo cuadros de convulsiones debido al impacto de la represión.
La causa penal, radicada en la UFI N° 11 de La Plata a cargo del fiscal Álvaro Garganta, avanzó con la desafectación preventiva de las funcionarias implicadas por parte de Asuntos Internos y la intervención del juez de Ejecución José Villafañe.
Sin embargo, el laberinto judicial penal mostró su peor cara: el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó la presentación de la CPM como particular damnificado institucional aduciendo que era «prematura».
Esta polémica decisión judicial bloquea de forma fáctica las facultades de la CPM en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, consagrado por la Ley Nacional 26.827. La CPM ya apeló la medida ante la Cámara de Garantías de La Plata para evitar que los pasillos de los tribunales platenses convaliden, mediante el letargo y la burocracia, la tortura contra los cuerpos de las mujeres en contexto de encierro.
El mensaje estatal debe ser claro: la violencia institucional es un delito de lesa humanidad en democracia, y no habrá complicidad judicial que alcance para ocultar la verdad.
