El último informe del Observatorio de MuMaLá revela una cifra escalofriante: 239 femicidios en lo que va del año. La violencia machista extrema se recrudece al calor de la desidia estatal y una crisis económica que asfixia especialmente a mujeres y disidencias.
La violencia de género en Argentina no da tregua y las estadísticas oficiales vuelven a encender las alarmas en todo el territorio. El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de la organización feminista MuMaLa confirmó que entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026 se registraron 239 femicidios en el país. La cifra se traduce en una frecuencia macabra: un crimen de odio cada 30 horas.
Este último mes fue letal. Con 36 femicidios perpetrados únicamente en octubre, este período se consolidó formalmente como el peor octubre desde el año 2022, empujando a las organizaciones sociales a exigir, una vez más, la declaración urgente de la Emergencia Nacional Ni Una Menos.
Como consecuencia directa e irreversible de esta ola de violencia, 179 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres en estos diez meses. Paralelamente, el informe registró 728 intentos de femicidio, lo que evidencia que la cifra de muertes podría haber sido exponencialmente mayor si no fuera por la resistencia o factores ajenos a los agresores.
El desglose de la crueldad: modalidades y desprotección judicial
El análisis estadístico presentado por el Observatorio desarma el discurso oficial que desestima las políticas de prevención. Del universo total de 239 muertes violentas por razones de género, el reporte detalla las siguientes tipologías: 177 femicidios directos, 24 femicidios vinculados (asesinatos cometidos para destruir psíquicamente a la mujer o a intercesores), 8 trans/travesticidios, 20 femicidios en contextos de narcotráfico o crimen organizado y 10 suicidios feminicidas.
Respecto a la modalidad delictiva, el desamparo se da tanto dentro como fuera del hogar: el 59% de los crímenes ocurrieron en la propia vivienda de las víctimas y el 61% de los agresores pertenecían a su círculo íntimo (parejas, exparejas o familiares directos). En cuanto al uso de armas, existe una preocupante paridad: un 28% de los asesinatos se cometió con armas de fuego y otro 28% con armas blancas.
La desidia institucional queda en evidencia al observar los antecedentes judiciales: un 12% de las víctimas había realizado denuncias previas y, de ese porcentaje, el 75% contaba con una orden de restricción perimetral vigente que el Estado fue incapaz de hacer cumplir.
La precarización de la vida como antesala de las violencias
Desde MuMaLá insisten en que el recrudecimiento de la violencia machista en su modalidad más extrema no puede leerse de forma aislada. El desmantelamiento de las estructuras institucionales de género coincide con una profunda crisis socioeconómica que impacta con mayor fuerza sobre las identidades feminizadas.
La violencia machista se monta sobre una vulnerabilidad económica que se profundiza día a día. Las mujeres y disidencias transitan sus realidades cotidianas con una marcada pérdida del poder adquisitivo, dinámicas de sobreendeudamiento para subsistir, pluriempleo e informalidad laboral. A esto se le suma una asimétrica sobrecarga física y mental ligada a las tareas de cuidado que genera cuadros crónicos de estrés y agotamiento. Esta precariedad material reduce sistemáticamente las posibilidades de autonomía, limitando las alternativas habitacionales y económicas necesarias para romper de forma segura con el círculo de la violencia doméstica.
Dos caras de la vulnerabilidad: los casos de este mes
El informe de octubre puso nombre y rostro a las consecuencias letales de la desidia estatal y la exclusión estructural:
- Nanci Godoy (Corrientes): El femicidio de la docente y directora rural de 52 años paralizó a la provincia y derivó en paros docentes nacionales. Nanci estuvo desaparecida durante 20 días en una zona inhóspita del departamento de Esquina. Su cuerpo fue hallado con signos de un salvajismo extremo y múltiples heridas punzocortantes, bajo la principal hipótesis judicial de haber sufrido un ataque sexual. Nanci no solo lidiaba con la precarización geográfica y laboral de viajar cuatro horas a caballo para dar clases; también había denunciado públicamente el abandono de la infraestructura escolar y las pésimas condiciones en las que las infancias debían aprender. El caso ya cuenta con cinco personas detenidas bajo distintas imputaciones, incluyendo coautoría de femicidio.
- Débora, Bárbara, Tatiana y Daniela: Cuatro mujeres trabajadoras sexuales que fueron víctimas de femicidios. Frente a estos crímenes, la respuesta mediática e institucional osciló entre el estigma histórico y la espectacularización morbosa bajo la narrativa de un supuesto «femicida serial». Desde el movimiento feminista el reclamo es taxativo: se exige el cese de la criminalización mediática y la garantía de derechos laborales, protección real y acceso efectivo a la justicia.
