El tratamiento de los crímenes de odio en los tribunales argentinos transita semanas cruciales que marcarán un antes y un después en la jurisprudencia de los derechos humanos. Entre el lunes 26 y el miércoles 28 de octubre, se llevaron a cabo los alegatos en el juicio oral y público por el múltiple ataque perpetrado en la pensión del barrio porteño de Barracas. Durante estas jornadas clave, expusieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 14 la fiscalía de juicio, las tres querellas que representan a las víctimas y a sus familias, y la defensa técnica del único imputado, Justo Fernando Barrientos.
El proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales de Barrientos por el ataque con un artefacto incendiario ocurrido la madrugada del 6 de mayo en el hotel familiar de la calle Olavarría.
El atentado terminó con las vidas de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, dejando además con graves secuelas físicas y psicológicas a Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente de la habitación de la pensión.
La reconstrucción del hostigamiento previo al ataque
Las exposiciones de las querellas particulares se enfocaron en desmontar la narrativa de un «conflicto vecinal aislado» y pusieron el foco en el contexto de discriminación sistemática que sufrían las víctimas antes del atentado.
Mediante los testimonios incorporados durante el debate oral, las abogadas reconstruyeron la vida cotidiana de las cuatro mujeres dentro de la pensión, describiendo cómo se veían obligadas a trazar estrategias de cuidado para evitar circular solas por los espacios comunes debido al hostigamiento constante y los insultos que Barrientos les dirigía de forma directa por su orientación sexual.
El pedido unánime de los equipos legales que acompañan a las familias y a las organizaciones de la diversidad es que el tribunal no asimile el hecho a un homicidio múltiple tradicional.
La exigencia principal radica en que el Poder Judicial aplique el agravante del artículo 80 inciso 4 del Código Penal y catalogue la sentencia definitiva bajo la figura de lesbicidio. Nombrar el crimen desde el odio hacia las identidades lesbofeministas es considerado por el activismo como un paso indispensable para la reparación afectiva de las víctimas, la visibilización de la violencia estructural contra el colectivo LGBTIQ+ y la prevención de futuros ataques.
El recorrido cronológico del proceso judicial se encamina hacia su definición en las próximas semanas. Tras el brutal ataque incendiario ejecutado en mayo, la recolección de pruebas abrió paso a las audiencias orales que alcanzaron su punto culminante con las exposiciones de las querellas, la fiscalía y la defensa técnica durante los últimos días de octubre, fijando el próximo hito institucional para mediados de noviembre, cuando se dará lugar a las palabras finales del acusado y la posterior deliberación de los jueces.
Las posturas de las partes y las próximas audiencias
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal acompañó el pedido de prisión perpetua para Barrientos al considerar probada la autoría material y la alevosía del ataque. En contraste, la defensa técnica del imputado intentó morigerar la acusación planteando atenuantes vinculados a la salud mental y a supuestas fallas en las peritajes psicológicos, una estrategia habitual en este tipo de procesos que busca evitar la condena por crímenes de odio.
La próxima audiencia del juicio quedó programada para el 11 de noviembre. En esa jornada, se escucharán las palabras finales de la defensa y del propio acusado antes de que los jueces del tribunal pasen a deliberar para dictar el veredicto definitivo.
Las organizaciones de la diversidad sexual y de derechos humanos sostienen el estado de movilización y vigilia, promoviendo el seguimiento de la cobertura formal de las audiencias a través de los canales de transmisión del medio comunitario La Retaguardia, sosteniendo la consigna de que las vidas de las tortas importan y que no habrá olvido para las víctimas de Barracas.
