El último informe del Observatorio de MuMaLá revela que hubo 127 femicidios en el primer semestre de 2026. Frente al desmantelamiento de las políticas públicas y la desprotección estatal, la organización exige medidas urgentes para frenar la crueldad patriarcal.
La violencia machista no da tregua y la ausencia de respuestas institucionales agrava la crisis de manera alarmante. El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá presentó su último relevamiento estadístico con una cifra que estremece: 127 femicidios consumados entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2026. Esto significa que en nuestro país, una mujer, travesti o trans es asesinada cada 40 horas por el solo hecho de serlo.
El informe expone con crudeza el desamparo sistemático que sufren las identidades feminizadas en un contexto político y social de creciente vulnerabilidad.
Las cifras del horror: radiografía de la violencia feminicida
El desglose de los datos recopilados por el observatorio evidencia las múltiples formas en que la crueldad patriarcal opera en los territorios:
- Femicidios directos: Se registraron 94 casos.
- Femicidios vinculados: 10 vidas truncadas (8 niños/varones y 2 niñas/mujeres) con el objetivo de infligir un daño psicológico irreparable a las madres.
- Trans/travesticidios: Se cometieron 4 crímenes de odio contra identidades travestis y trans.
- Feminicidios territoriales: 12 casos ocurridos en contextos de narcotráfico y crimen organizado, donde los cuerpos de las mujeres son utilizados como botín o territorio de disputa.
- Suicidios feminicidas: 7 mujeres se quitaron la vida como consecuencia directa del abuso y la violencia sistemática padecida.
La antesala de la muerte también muestra números desesperantes: se relevaron 486 intentos de femicidio en grado de tentativa. Esta cifra implica que ocurren casi 4 ataques graves por cada crimen que logra consumarse.
Las infancias en el desierto del desamparo
El impacto de la violencia machista destruye comunidades enteras y desprotege de forma directa a las infancias. En lo que va del año, 92 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre.
Pero la violencia feminicida también se ensaña contra sus propias existencias. El informe resalta con dolor el caso ocurrido en la localidad de General Lagos, Santa Fe, donde Horacio Colombo asesinó a sus hijos de 10 y 4 años con el único fin de destruir la vida de su ex pareja, evidenciando los niveles de perversión de la violencia vicaria.
El hogar como la principal trampa mortal
Lejos de los mitos que sitúan el peligro en el espacio público, la estadística confirma una verdad histórica para los feminismos: el lugar más inseguro para las mujeres sigue siendo su propia casa. El 67% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. Además, el 60% de los femicidas pertenecen al círculo íntimo: parejas, exparejas o familiares directos.
Respecto a la distribución geográfica, el mapa de la crueldad sitúa las tasas más altas del país por cada 100.000 mujeres en las provincias de Santiago del Estero (1,3), Santa Fe (1,2), San Luis (1,1) y Chubut (1), superando ampliamente la media nacional, que es de 0,5.
Restricciones que no frenan la muerte: el Estado es responsable
Uno de los puntos más críticos que revela el informe de MuMaLá es la ineficacia total de los mecanismos de protección estatal vigentes. Si bien el 9% de las víctimas fatales había logrado romper el silencio y denunciar penalmente a su agresor, el 75% de ellas ya contaba con una orden de restricción perimetral al momento de ser asesinada. El papel no frena las balas ni los golpes; sin presupuesto, monitoreo real ni políticas territoriales, las medidas cautelares son una simulación de justicia.
Ante este panorama de desamparo institucional crónico, la vocera nacional de la organización, Victoria Aguirre, exigió con firmeza al Gobierno Nacional la Declaración de Emergencia Nacional en Violencias de Género.
Esta medida resulta indispensable e impostergable para restituir de manera prioritaria los recursos humanos, técnicos y económicos que fueron desmantelados, y que son los únicos capaces de garantizar una atención integral, eficaz y con perspectiva de género que salve vidas.
