Violencia patriarcal en el centro del país: los engranajes de un sistema que sigue descartando vidas de mujeres

La crueldad machista volvió a golpear de manera consecutiva en las provincias de Santa Fe y Córdoba. En menos de 48 horas, los nombres de Daiana Mercedes Arber y Natalia Delso se sumaron a la larga lista de vidas arrebatadas por la violencia patriarcal. Ambos casos exponen dinámicas estructurales idénticas: agresores con antecedentes violentos, la desprotección estatal y el intento posterior de ocultar los crímenes o evadir la acción de la justicia a través del suicidio.

Las investigaciones judiciales avanzan mientras los entornos de las víctimas y las comunidades locales exigen respuestas institucionales profundas.

El crimen de Daiana Mercedes Arber, de 32 años, sintetiza las peores variables de la violencia de género cuando se cruza con la marginalidad social. Daiana se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y en situación de calle al oeste de la ciudad de Santa Fe.

Tras perder contacto con ella, su familia radicó la denuncia por desaparición en la Subcomisaría Segunda el pasado sábado.

La búsqueda policial inicial con buzos tácticos y perros rastreadores falló, evidenciando las falencias habituales en los protocolos urgentes de rastreo.

Finalmente, el domingo por la tarde, un recolector informal de residuos encontró su cuerpo dentro de una bolsa de grandes dimensiones en un basural del barrio Villa del Parque.

La autopsia preliminar confirmó lo que la justicia ya investiga bajo un estricto protocolo de femicidio: Daiana fue ejecutada de al menos un disparo de arma de fuego en el cráneo.

La principal hipótesis de la fiscal Laura Gerard apunta a que el asesinato ocurrió en otro punto de la ciudad y que su cuerpo fue posteriormente trasladado y descartado en el basural para borrar pruebas.

La actualización del caso determinó que un hombre mayor de edad permanece detenido como principal sospechoso tras serle secuestradas varias armas de fuego. Sin embargo, la línea de investigación actual se concentra en la intervención de terceros.

Vecinos del barrio Entrada Norte declararon haber escuchado fuertes discusiones y detonaciones dentro de una vivienda aledaña, además de testificar que un niño de 8 años —hijo de la víctima— logró saltar un portón pidiendo auxilio a los gritos porque su padrastro estaba agrediendo a su mamá. A esto se sumó la declaración de la actual pareja de Daiana, quien reveló que días antes un vecino de la zona la había amenazado de muerte con un arma de fuego debido a un conflicto menor. Los peritajes buscan ahora cruzar estas pruebas para establecer el grado de coautoría o encubrimiento de otros implicados.

En paralelo, la localidad cordobesa de Morteros se transformó en el escenario de otra tragedia evitable que expone el fracaso del sistema penitenciario y judicial en la rehabilitación y control de los agresores.

El lunes al mediodía, Natalia Delso, de 38 años y madre de tres hijos mayores, acudió a la vivienda de su expareja, Juan Galván, de 46 años, en el barrio Urquiza. Habían terminado su relación afectiva apenas unos días antes. Ante la falta de respuestas a las llamadas y la música a alto volumen que sonaba desde el interior de la casa, familiares de Natalia ingresaron por el patio trasero y descubrieron una escena dantesca en la cocina.

Los resultados forenses más recientes determinaron que Galván planificó minuciosamente el escenario: aseguró todas las puertas y ventanas desde el interior utilizando alambres y cables para evitar que Natalia escapara o que alguien ingresara a auxiliarla.

El informe de la autopsia reveló que la mujer sufrió un brutal traumatismo de cráneo provocado por un objeto contundente, sumado a signos mecánicos de estrangulamiento. Tras consumar el femicidio, Galván se quitó la vida por ahorcamiento en el mismo sitio. El fiscal Francisco Payges confirmó que los horarios de los fallecimientos son casi coincidentes, ratificando la secuencia de femicidio seguido de suicidio.

El dato que transforma este crimen en un reclamo político es el historial del femicida. Galván había salido de prisión hacía poco más de un año tras cumplir una condena penal de casi cuatro años por lesiones graves y leves calificadas en un contexto de violencia de género contra otra expareja anterior. Aunque no existían denuncias previas registradas formalmente por parte de Natalia Delso, la fiscalía se encuentra investigando activamente si el agresor violó medidas de restricción vigentes o si fallaron de manera absoluta los controles de tutela judicial que debían pesar sobre él tras recuperar su libertad. El deceso de Natalia vuelve a encender las alarmas sobre la urgencia de cuestionar el rol del Estado y el seguimiento de los agresores excarcelados.

Estos dos casos vuelven a poner en evidencia que el hogar de los agresores o los espacios de descarte marginal siguen siendo las zonas de mayor peligro para las mujeres en Argentina. La cobertura periodística con perspectiva de género no puede tratar estos hechos como eventos aislados o «crímenes pasionales». Son el resultado directo de tramas de exclusión económica, de la falta de seguimiento real a hombres condenados por violentos y de una justicia que suele reaccionar tarde, cuando los cuerpos ya han sido vulnerados.

Frente a contextos de maltrato, amenaza o sospecha de violencia de género, existen líneas públicas de comunicación gratuitas que brindan asesoramiento, contención y recepción de denuncias las 24 horas del día.