El último relevamiento de Ahora que si nos ven expone la crudeza de la violencia patriarcal en el país: entre el 1° de enero y el 29 de junio de 2026, se registraron al menos 119 víctimas fatales.
Tres nombres recientes —Agostina, Dulce y Noelia— desnudan de forma desgarradora la complicidad de un Estado Nacional que desertó de sus funciones, dejando el camino libre para el recrudecimiento de los femicidios.
Las cifras del horror: una víctima letal cada 37 horas
A partir del monitoreo exhaustivo de los medios de comunicación y portales de todo el país, las estadísticas recolectadas hasta el 29 de junio de 2026 no dejan margen para la indiferencia.
El entramado de la violencia machista muestra su cara más extrema en números que no son renglones de una planilla, sino existencias destruidas por el odio patriarcal:
El recuento de la crueldad: De las 119 víctimas fatales, 99 corresponden a femicidios directos, 11 son femicidios vinculados, 5 fueron instigaciones al suicidio y 4 se registran como travesticidios o transfemicidios.
El tiempo del peligro: En Argentina, se produce una víctima letal cada 37 horas. Además, la ferocidad no da tregua: se contabilizaron 195 intentos de femicidio, lo que equivale a la escalofriante frecuencia de un ataque frustrado cada 26 horas.
Las infancias rotas: La violencia vicaria y la devastación de los entornos familiares dejaron, al menos, a 120 niñas y niños huérfanos en estos seis meses.
El hogar como la zona de mayor vulnerabilidad: La narrativa del «peligro en la calle» vuelve a quedar sepultada frente a la evidencia empírica del entorno íntimo. Las estadísticas confirman que el círculo más cercano es el espacio de mayor desprotección para las mujeres y diversidades:
El entorno de los agresores: El 66% de los atacantes eran las parejas o ex parejas de las víctimas.
La escena del crimen: El 44,5% de los ataques letales ocurrió en la vivienda de la propia víctima, mientras que el 23,5% tuvo lugar en la vivienda compartida.
Denuncias previas: El 15% de las mujeres asesinadas ya había acudido a la justicia para denunciar a sus agresores. El Estado conocía el riesgo y les dio la espalda.
Respuestas que llegan tarde: tres nombres de la inercia estatal
En las jornadas previas a un nuevo aniversario de la histórica consigna Ni Una Menos, la geografía de los femicidios unió tres puntos del país bajo la misma indignación: las fallas sistémicas, las demoras burocráticas y las muertes que pudieron haber sido evitadas.
En Córdoba, Agostina Vega, de apenas 14 años, fue reportada como desaparecida antes de ser hallada sin vida.
El femicida, Claudio Berrelier, abusó sexualmente de ella antes de cometer el crimen. Un año antes, el agresor había estado detenido por privar de la libertad a otra mujer que logró escapar; la falta de un seguimiento penal efectivo le costó la vida a Agostina.
En Eldorado, Misiones, el cuerpo de Dulce Candia, de 17 años, fue arrojado a una cámara séptica. Al igual que Agostina, su familia la buscaba desesperadamente tras denunciar su desaparición. Su femicida es un hombre de 46 años, Mario Y., evidenciando la asimetría de poder que el sistema sigue sin intervenir a tiempo.
En Temperley, provincia de Buenos Aires, el caso de Noelia Rivero (30) expuso la cara más negligente de la burocracia policial. Noelia ya había denunciado a su pareja, Tomás Núñez. El día del crimen, logró llamar a los servicios de emergencia mientras el agresor la amenazaba y la retenía en su propio hogar. La policía llegó al lugar, pero decidió esperar una orden judicial formal para ingresar a la vivienda. Cuando la fuerza policial finalmente intervino, Noelia ya había sido asesinada.
La crueldad libertaria como política de Estado
Este recrudecimiento de la violencia machista no puede escindirse del escenario político nacional. Las vidas arrebatadas en 2026 ocurren en un contexto de desmantelamiento total de las políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de las violencias por motivos de género.
El gobierno de Javier Milei ha hecho de la misoginia y los discursos de odio una bandera de gestión, desfinanciando programas territoriales, cerrando canales de asistencia legal y psicológica, y retirando los recursos de protección efectiva.
La desprotección de los hogares se combina, además, con un apagón mediático: la cobertura de los casos en los medios masivos de comunicación ha disminuido de manera alarmante, buscando invisibilizar las consecuencias directas de la retirada del Estado nacional en materia de derechos humanos.
La violencia estructural y el fascismo explícito de la gestión central están costando vidas. Frente a un Estado nacional que deserta de sus obligaciones básicas de cuidado y protección, los feminismos seguimos organizadas en los territorios exigiendo justicia, presupuesto real y políticas con perspectiva de género. No son números, son nuestras muertas. Por Agostina, por Dulce, por Noelia y por cada una de las 119 víctimas: ¡Seguimos en las calles exigiendo justicia efectiva!
