Un gravísimo caso de violencia de género y privación ilegítima de la libertad sacude a la región bonaerense. Un hombre de 62 años, identificado por la Justicia como Marcos Alberto García, fue detenido formalmente en la ciudad de Azul tras ser acusado de haber mantenido secuestrada, incomunicada, golpeada y sometida sexualmente a su pareja durante un calvario que se extendió por casi dos meses.
El acusado, oriundo de Tapalqué pero radicado desde hace décadas en Azul, compareció ante los tribunales para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, instancia penal en la cual optó por su derecho constitucional de negarse a declarar. Tras el procedimiento, los voceros oficiales confirmaron que permanecerá bajo estricta detención preventiva debido a la gravedad de los delitos imputados y el riesgo procesal existente.
Dos meses incomunicada en el infierno
La investigación penal comenzó a destrabarse luego de que la víctima pudiera romper las barreras del aislamiento impuesto por García y alertar a las fuerzas de seguridad.
Los primeros datos del expediente ratifican que el agresor la mantuvo privada de su libertad ambulatoria bajo amenazas constantes, cortándole todo tipo de lazo con su núcleo familiar y sus amistades. Durante esos dos meses, las agresiones físicas y los ultrajes sexuales se reiteraron dentro de la vivienda, configurando un cuadro de extrema asimetría, violencia de género y tortura psicológica.
El pasado que acecha: El misterio de Amelia Loustau
Sin embargo, el nombre de Marcos Alberto García ya formaba parte de las páginas más oscuras de la crónica policial de Azul.
El detenido es el principal implicado que debe ser juzgado formalmente por el homicidio de Amelia Loustau, un violento hecho acontecido en el verano del año 2011.
Loustau desapareció sin dejar rastros en una chacra ubicada en el paraje “La Colorada”, dentro del Partido de Azul. A pesar de los rastrillajes, las excavaciones y las incesantes búsquedas comunitarias de aquel entonces, su cuerpo nunca fue encontrado. Para la Justicia, existen elementos probatorios contundentes que vinculan a García con la muerte y desaparición de la mujer, razón por la cual esa causa penal paralela continúa su curso y aguarda por la fecha del juicio oral definitivo.
La nueva detención no hace más que confirmar el perfil de un agresor violento y sistemático que el sistema judicial dejó caminar en libertad durante quince años, poniendo en riesgo la vida de otra mujer.
Quince años de impunidad y un nuevo infierno: la complicidad de una Justicia que llega tarde
¿Cuánto tiempo le toma a la Justicia bonaerense juzgar un homicidio? La respuesta, en el caso de la desaparición de Amelia Loustau en el Partido de Azul, es escalofriante: quince años. Y lo peor no es solo la vigencia de ese reloj paralizado desde el verano de 2011; lo verdaderamente trágico son las consecuencias colaterales de esa inacción. El principal sospechoso, Marcos Alberto García, caminó libre durante más de una década gracias a las dilaciones de los tribunales. Hoy, vuelve a ser noticia por un hecho idéntico en su raíz violenta: secuestrar, golpear y violar a otra mujer durante dos meses.
El caso expone con una crudeza intolerable el fracaso sistémico del engranaje judicial. Cuando un presunto femicida —en una causa de la gravedad de un homicidio sin cuerpo como el de Loustau en la chacra «La Colorada»— no es juzgado en tiempo y forma, la señal que se envía al entorno es de absoluta impunidad. Pero, además, se abandona la protección de la comunidad. Dejar a un agresor de este calibre sin una sentencia firme equivale a otorgarle un salvoconducto institucional para volver a cazar.
Mantener una causa paralizada desde 2011 no es un problema burocrático; es una decisión política de abandono. Las demoras procesales, las apelaciones infinitas y el cajoneo de expedientes dentro de los juzgados de la región se transforman en cómplices directos de los nuevos infiernos que sufren las mujeres. ¿Cuántas denuncias se necesitaban para entender el peligro? ¿Por qué la nueva víctima tuvo que pasar dos meses incomunicada y sometida antes de que el Estado recordara quién era Marcos Alberto García?
La Justicia que tarda quince años en llevar a un imputado al banquillo de los acusados deja de ser justicia para convertirse en una simulación burocrática. Amelia Loustau nunca apareció, su memoria sigue esperando un veredicto y otra mujer acaba de sobrevivir de milagro a un cautiverio de terror. Los jueces y fiscales que permitieron estas dilaciones extremas deben rendir cuentas. Porque en el laberinto de sus plazos administrativos, se siguen perdiendo vidas.
