Las promesas electorales de seguridad y castigo severo suelen desmoronarse cuando se contrastan con las realidades de la gestión institucional.
Un profundo sismo político sacude a Chile tras revelarse que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó reducciones de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La revelación, expuesta inicialmente por una investigación del medio digital Interferencia, puso en jaque la credibilidad del gobierno de corte conservador liderado por el presidente José Antonio Kast.
La gravedad de la situación radica no solo en el número de beneficiados, sino en el tipo de crímenes cometidos.
Del total de decretos emitidos, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 a culpables de violación de menores de edad. De acuerdo con informes posteriores elaborados por Gendarmería de Chile, muchos de los delincuentes que accedieron a la reducción de sus condenas —y que hoy se encuentran en su gran mayoría en libertad— presentaban un alto riesgo de reincidencia, nulo arrepentimiento y una total falta de empatía hacia sus víctimas.
La justificación legal y las acusaciones de encubrimiento institucional
El funcionario en el centro de la controversia es el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien firmó los decretos bajo la figura de delegación presidencial. Frente a la masiva indignación ciudadana y las protestas convocadas por organizaciones feministas en las afueras de la sede ministerial, el secretario de Estado alegó que se limitó a aplicar una normativa técnica de reducción anual de condenas por buena conducta para internos sentenciados antes de una reforma legal de febrero de 2022, la cual prohíbe de forma expresa otorgar estos beneficios a pederastas.
Sin embargo, la explicación técnica no logró mitigar la crisis política. Desde la oposición y diversos movimientos defensores de los derechos de la niñez se denunció una grave omisión en el control de legalidad y una flagrante falta de voluntad para proteger a las víctimas.
Parlamentarios de diversas bancadas hicieron notar una profunda contradicción ética: mientras la administración de Kast mantiene un fuerte blindaje político sobre el ministro Rabat y su subsecretario Luis Silva, el propio mandatario tuvo que salir a reconocer públicamente que «el Estado falló» ante las víctimas y que se habilitarán proyectos de ley urgentes para subsanar los vacíos legales.
El escándalo sumó además un componente de impunidad histórica al conocerse que el Ministerio también redujo las condenas de dos reclusos del penal de Punta Peuco, sentenciados por violaciones a los derechos humanos (tortura y secuestro) durante la dictadura militar.
El sesgo ideológico frente a la protección real de las infancias
Este escenario obliga a abrir un debate estructural sobre cómo operan los sectores de la derecha conservadora a nivel regional y global. Históricamente, las plataformas políticas tradicionales de estos sectores construyen campañas basadas en consignas punitivas de «tolerancia cero», la defensa de los valores de la familia tradicional y la promesa de endurecer las penas contra los delincuentes comunes.
No obstante, cuando estas corrientes acceden a las estructuras del Poder Ejecutivo, esa supuesta rigurosidad suele diluirse ante la burocracia penitenciaria o el amparo de discursos de impunidad legal.
Los movimientos feministas chilenos e internacionales señalan que los sectores más conservadores de la sociedad suelen instrumentalizar el dolor de las víctimas de abusos en sus discursos públicos, pero fallan de manera sistemática a la hora de implementar políticas integrales de prevención, reparación psicológica y control estricto sobre los agresores domésticos y sistemáticos.
La falta de notificación obligatoria a las familias de las víctimas sobre la liberación de sus agresores es una muestra de cómo los sistemas judiciales priorizan las garantías administrativas de los victimarios por encima del derecho a la seguridad y la reparación de las infancias vulneradas.
