Para entender la gravedad del sobreseimiento express dictado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, es indispensable recordar qué se investigaba detrás de $LIBRA, el token que el clan Milei promocionó activamente en sus redes sociales antes de llegar a la Casa Rosada y que terminó convirtiéndose en un verdadero agujero negro para los ahorristas.
El anzuelo: Rentabilidad extraordinaria y el sello de los Milei
El mecanismo de captación seguía la matriz clásica de los esquemas de especulación de alto riesgo, pero potenciado por el aparato de difusión digital de los líderes libertarios:
- Promoción de billeteras: A través de sus perfiles personales en Instagram y X (donde acumulaban millones de seguidores), Javier y Karina Milei invitaban de forma directa a sus seguidores a invertir en la plataforma, asegurando ganancias extraordinarias en dólares basadas en el rendimiento del criptoactivo.
- El rol del trader: La operatoria técnica y comercial estaba en manos de Mauricio Novelli y Hayden Davis. Novelli utilizaba los videos e imágenes del actual presidente para validar la legitimidad del negocio y convencer a pequeños ahorristas de transferir fondos bajo la promesa de que la criptomoneda «revolucionaria» no pararía de subir.
- El colapso de la liquidez: Tras la etapa de captación masiva, el esquema bloqueó los retiros. Cuando los usuarios intentaron recuperar su capital, la plataforma se esfumó del entorno digital, dejando las cuentas en cero y un tendal de damnificados sin respuestas ni canales de soporte técnico.
El blindaje político-judicial
El argumento del juez Martínez de Giorgi para exculpar al presidente se basó en un dictamen técnico de la Oficina Anticorrupción, que determinó que la publicidad del token se realizó desde las cuentas personales de los funcionarios y sin la utilización de recursos o fondos públicos del Estado. Con esta distinción formal, el juzgado optó por ignorar la presunta estafa civil y el daño a los inversores particulares.
La maniobra de clausura quedó sellada con la expulsión de los damnificados del expediente: al dejarlos sin el rol de querellantes, se impidió que los abogados de las víctimas solicitaran peritajes informáticos adicionales sobre los servidores de la plataforma y el rastreo de las billeteras virtuales (las denominadas crypto-wallets) a donde fueron a parar los fondos de la estafa.
Mientras Casación define si reincorpora a los estafados, el fallo de Martínez de Giorgi opera en la práctica como un candado perfecto: consagró la impunidad del poder político mediante el tecnicismo de la «cuenta privada», dejando a la intemperie a miles de ciudadanos que confiaron en la palabra de quien hoy maneja los destinos del país.
