La justicia de Casación ratificó la absolución del progenitor de Luna, denunciado por abuso sexual infantil en 2011.
A pesar de los testimonios de la víctima respaldados por peritos y terapeutas tras 12 años de proceso judicial, el tribunal reiteró que la declaración no alcanzó para edificar una condena, abriendo nuevamente el debate sobre la necesidad urgente de una reforma judicial con perspectiva de género e infancias.
Un nuevo fallo judicial vuelve a revictimizar y dejar sin respuestas a quienes denuncian violencia sexual en la infancia.
La Cámara de Casación confirmó la sentencia de absolución dictada hace tres años a favor del progenitor de Luna, quien había sido denunciado por su madre en el año 2011.
La resolución llega tras un extenuante proceso que demandó 12 años para llegar a la instancia de juicio oral y otros tres años para resolver la apelación.
El argumento técnico del tribunal se amparó en la falta de certeza probatoria, despegándose de la validez del relato de la víctima pero sin otorgarle consecuencias penales al acusado. “La confirmación de la sentencia en modo alguno implica sostener que LGC fue mendaz o que su madre la indujo a que mintiera, sino simplemente que su declaración no alcanzó para edificar un cuadro de cargo que permitiera sustentar una condena”, sostiene el escrito judicial. Esta fundamentación técnica deja en evidencia los grises de un sistema que, al no poder construir la certeza exigida en el fuero penal tradicional, termina garantizando la impunidad.
Durante todo el proceso, y especialmente de cara a las audiencias, Luna alzó su voz respaldada por los informes de terapeutas y peritos que intervinieron en la causa. Sin embargo, la resolución judicial demuestra las profundas limitaciones de las estructuras actuales para abordar delitos que ocurren en la intimidad y cuyo principal elemento de prueba es la palabra de quien sufrió la agresión.
El reclamo por una reforma judicial con perspectiva de género
La impunidad del fallo reavivó el histórico reclamo de las organizaciones sociales y activistas que exigen una profunda transformación en la manera en que el Poder Judicial tramita estas denuncias. La urgencia radica en que los tiempos procesales de la justicia penal resultan incompatibles con los tiempos de las víctimas y con la naturaleza misma del daño traumático.
Al respecto, la activista y referente Yamila Corin (@yamacorin) se pronunció de manera categórica sobre el estado de la situación: “Se impone un debate profundo en relación a la reforma judicial que necesitamos, con perspectiva de género e infancias, en la cual las investigaciones sobre abuso sexual no tengan el tiempo, abordaje y misma valoración de pruebas que el resto de los delitos».
Corin enfatizó el carácter particular de estos crímenes dentro del ámbito intrafamiliar: «Se trata de situaciones sin testigos y con un impacto profundamente traumático para las víctimas. El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, ajustando los abordajes a cada problemática. La justicia debe responder a los tiempos de las víctimas y no al revés. Nos merecemos reparación y los violadores condena”.
El caso de Luna expone la necesidad de que los procesos de remoción de magistrados y las reformas de los códigos procesales incorporen metodologías específicas para las infancias. Mientras las pruebas sigan siendo valoradas con los mismos estándares de un delito común, el sistema judicial continuará fallándole a las víctimas de abuso sexual, confundiendo la falta de pruebas materiales directas con la inexistencia del hecho.
