El acceso a los derechos y a la identidad en Argentina ha dejado de ser un principio de raigambre constitucional para transformarse en un bien suntuario de la ingeniería financiera global. Tras la oficialización del DNU 366/2025, la administración nacional formalizó el lanzamiento de su programa de «Ciudadanía por inversión» —coloquialmente conocido en el mundo como los “pasaportes dorados”—, diseñado bajo la trastienda de la polémica consultora británica Henley & Partners y presentado formalmente ante millonarios globales en París.
El esquema es tan explícito como obsceno: cualquier magnate extranjero puede comprar la nacionalidad argentina a cambio de un desembolso no reembolsable de US$ 350.000 directo al Tesoro Nacional o mediante la suscripción de un bono financiero por US$ 800.000. Sin necesidad de pisar el país, sin exigencia de residencia, sin generar un solo puesto de trabajo genuino ni arraigo cultural.
El pasaporte que condensa las luchas históricas de un pueblo se ofrece en folletos multilíngües desde Zúrich como una simple tarjeta de membresía VIP para evadir controles fiscales y circular sin visado por 170 destinos mundiales.
La mercantilización de la soberanía y la identidad
Desde una rigurosa perspectiva de derechos, esta medida representa una de las mayores afrentas a la soberanía nacional de las que se tenga registro en la historia reciente, abriendo una profunda grieta ética sobre el sentido mismo de la ciudadanía. Mientras los tratados internacionales y las corrientes jurídicas más progresistas entienden la identidad como un derecho humano inalienable y una construcción colectiva ligada al habitar y al construir comunidad, el Ejecutivo la reduce a una mera commodity.
Diputadas de la oposición y diversas organizaciones sociales salieron al cruce con proyectos de derogación inmediata en el Congreso, denunciando la flagrante mercantilización de la patria. La crítica es unánime: la nacionalidad no puede tasarse en ventanillas corporativas ni subastarse para sanear las cuentas del Palacio de Hacienda. Además, la norma derogó por decreto las vías tradicionales de naturalización ordinaria, transfiriendo de forma irregular el otorgamiento de las cartas de ciudadanía desde el Poder Judicial hacia la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), un zarpazo institucional que ya fue declarado inconstitucional por la Cámara Civil y Comercial Federal y nulo por la Cámara Electoral.
Derechos VIP para el capital; exclusión y desamparo para les de adentro
El nudo más violento e hipócrita de esta política internacional radica en su brutal asimetría social y de género. La misma gestión de gobierno que flexibiliza controles, elimina fronteras y despliega alfombras rojas para que grandes fortunas laven sus capitales —asociadas a una consultora como Henley & Partners que ya arrastra un historial de escándalos de fraude y anulaciones por parte de la Unión Europea en Malta— es la que endurece de forma implacable las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina y de las comunidades migrantes vulnerables.
Hay una paradoja dolorosa en las barriadas y las aulas de nuestro país: si tenés los dólares, el Estado argentino te fabrica una identidad a medida; pero si naciste acá, laburás acá o migraste para aportar tu fuerza de trabajo desde abajo, el Gobierno te quita los derechos más fundamentales. El desfinanciamiento de las políticas de cuidado, el desmantelamiento de la salud y la educación pública, la desprotección ante las violencias digitales y la criminalización de la protesta social demuestran que, para este modelo, los derechos humanos no se garantizan, se compran.
Aquellas personas que sostienen los comedores comunitarios, las estudiantes secundarias que deben marchar a las puertas de sus colegios exigiendo que la justicia actúe ante la vulneración de sus cuerpos, o las madres que hacen malabares frente a la inflación no encuentran el mismo «faro de libertad» que el ministro Luis Caputo promete a los inversores en los salones de París. El DNU 366/2025 expone la cara más cruda de un modelo de exclusión: un país atendido por sus propios dueños, donde la identidad es una timba financiera y la dignidad de su pueblo, una variable de ajuste.
