El modelo extractivista agrario y el avance de las topadoras volvieron a descargar su violencia estructural sobre el norte de Salta. Una investigación satelital y de campo articulada por Greenpeace Argentina documentó cómo, en los últimos dos meses, las máquinas pesadas destruyeron mediante inmensas cadenas más de 3.300 hectáreas de bosques nativos en tres grandes fincas ubicadas sobre la ruta nacional 86, en las cercanías de Tartagal. Este ataque socioambiental arrasa de forma directa con el hábitat, el sustento alimentario y los cementerios ancestrales de diez comunidades wichí que habitan la zona.
Las fincas donde se ejecuta este ecocidio corresponden a «Tonono», a nombre de Martín Morales; «Alcoba», perteneciente a la firma agropecuaria Desdelsur S.A. (controlada por las familias Macera y Blaquier); y «Caraguatá», propiedad de Estancia Tres Lagunas S.A.. Según los relevamientos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), las comunidades damnificadas —entre ellas Pozo Nuevo, Cañitas, Paraíso, Arenales, Tonono, Pacará, Hoktek Toi, Kilómetro 16, Kilómetro 20 y Monte Veo— cuentan con carpetas técnicas que reconocen la ocupación ancestral del territorio.
Sin embargo, el Gobierno de la provincia de Salta opta por priorizar los títulos de propiedad corporativos y dar la espalda a los derechos indígenas.
Complicidad institucional y flexibilizaciones a medida
La impunidad con la que operan los terratenientes en la región expone un entramado de connivencia política. Desde la Campaña de Bosques de Greenpeace, la coordinadora Noemí Cruz fue categórica al señalar las responsabilidades políticas del Ejecutivo provincial:
«Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí».
El avance de las topadoras no es un hecho aislado. Responde a las recientes modificaciones impulsadas por la gestión de Sáenz al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que reclasificaron áreas antes protegidas (como «zonas amarillas») bajo categorías más laxas que terminan habilitando los desmontes.
A este retroceso provincial se suma la alarmante desregulación promovida desde el Ejecutivo nacional. Organizaciones ambientales manifestaron su extrema preocupación luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante el DNU presidencial, sumado a los intentos continuos por flexibilizar la Ley de Bosques nacional. Con un saldo de casi 150.000 hectáreas devoradas en el norte argentino durante el último año, las promesas internacionales de «Deforestación Cero para 2030» firmadas en la Cumbre de Glasgow quedan reducidas a una burla institucional.
Mujeres wichí en la primera línea de la resistencia
Frente a un Estado que abandona y una justicia que criminaliza a los pueblos originarios, las mujeres indígenas se consolidan como la verdadera barrera humana contra las topadoras. La lucha actual en Tartagal se espeja en procesos de resistencia históricos que las comunidades del norte vienen tejiendo a fuerza de poner el cuerpo.
Un ejemplo emblemático de esta resistencia comunitaria liderada por mujeres ocurre en Misión Chaqueña (Embarcación), donde ante el avance ilegal del empresario Claudio Ferrari sobre el último monte nativo, decenas de madres y abuelas organizaron asambleas y sostuvieron acampes prolongados para detener las quemas intencionales y el despojo. Marta Herrera, integrante de la comunidad de Misión Chaqueña, sintetiza el rol de resguardo de los bienes comunes que asumen las mujeres de la región: [
«Nosotras somos las que hemos descubierto a este hombre, pero si no decíamos nada, nadie se iba a dar cuenta… Seguimos con el acampe todos los días, estamos en la mañana un rato y después volvemos a casa».
A pesar de soportar el hostigamiento, las inclemencias climáticas, la intemperie junto a sus hijos y denuncias penales armadas en su contra por la propia fiscalía local para amedrentarlas, las mujeres originarias persisten en las trincheras del monte. Entienden, con una claridad ancestral, que la destrucción de la biodiversidad no solo arrasa con los árboles, sino con el chaguar, la medicina tradicional y la vida misma de sus pueblos. Mientras el poder político y los grandes capitales negocian la tierra pública por porciones de soja o ganadería, las brujas del monte salteño plantan cara para demostrar que la tierra no se vende, se defiende.
