Una red de defensorías públicas, colectivos de géneros y organismos humanitarios presentó un amparo ante la Justicia Federal para frenar la norma que reduce a 14 años la edad de punibilidad.
Denuncian «demagogia punitiva», violación a los tratados internacionales y un inminente colapso de los institutos de menores.
Un bloque transversal de defensorías oficiales, organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos lanzó una ofensiva judicial para frenar lo que definen como el mayor ataque contra las infancias vulnerables de las últimas décadas en Argentina.
A través de una presentación colectiva ante la Justicia Federal de La Plata, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801).
Esta normativa, impulsada por la gestión de Javier Milei tras las elecciones de medio término, rebaja la edad de imputabilidad en el país a los 14 años.
Las agrupaciones exigen el dictado urgente de una medida cautelar de «no innovar» para suspender los efectos de la ley.
La norma tiene previsto entrar en vigencia de manera efectiva el próximo 5 de septiembre.
Un frente contra el «facilismo pragmático»
La acción legal fue elaborada por los defensores oficiales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata: Ricardo Berenguer, María Elia Klappenbach, María Lía Domecq y María Raquel Ponzinibbio.
En el plano social y político, la demanda cuenta con el apoyo explícito de figuras históricas y académicas, entre ellas el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la socióloga feminista Dora Barrancos, ambos referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Durante la presentación pública del amparo en el auditorio de la CPM, Barrancos advirtió que la aprobación legislativa de esta ley descansó sobre un «facilismo pragmático». Explicó que se alimenta del sentido común más rancio para desmantelar las garantías constitucionales y empujar al país hacia un quiebre institucional en materia de derechos de la niñez.
Por su parte, Pérez Esquivel hizo un llamado a la «rebeldía de las conciencias», calificando la normativa de «injusta e inmoral».
Los ejes de la impugnación judicial
El documento presentado detalla las razones por las cuales la Ley 27.801 lesiona gravemente el marco jurídico nacional e internacional:
EJES DE LA IMPUGNACIÓN JUDICIAL
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│ 1. Violación del Principio de No Regresividad
│ Rompe los estándares de la Convención de los Derechos del
│ Niño al empeorar las condiciones de punibilidad.
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│ 2. Falsedad Estadística («Demagogia Punitiva»)
│ Los delitos cometidos por menores bajaron un 60% en diez
│ años. Representan menos del 3% del total general.
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Inminente Hacinamiento y Torturas
│ Los institutos de menores ya sufren sobrecupos graves,
│ falta de insumos y denuncias de violencia sistémica.
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
El quiebre de la no regresividad internacional
Las defensorías argumentaron que la ley viola el principio de progresividad y no regresividad en materia de Derechos Humanos. La jurisprudencia argentina e internacional (basada en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas) estipula de forma taxativa que los Estados no pueden retroceder en las protecciones ya otorgadas ni endurecer los castigos a menores de 18 años. Equiparar las escalas de penas adolescentes a las del régimen de adultos altera severamente este derecho.
Violencia en los territorios y el mito de la inseguridad juvenil
Los organismos aportaron datos fácticos para desarmar el relato de la «mano dura» oficial. «La criminalidad juvenil es muchísimo menor de lo que se difunde mediática y políticamente», denunció el defensor Ricardo Berenguer.
De acuerdo con los registros judiciales de la Provincia de Buenos Aires, los delitos atribuidos a menores de 18 años representan apenas entre el 2% y el 3% del total general de las causas penales.
En los últimos diez años, la cantidad de jóvenes imputados por delitos disminuyó un 60% en términos reales, aunque la cifra de pibes bajo encierro se mantuvo idéntica debido a la selectividad policial.
Colapso carcelario e institutos inhabitables Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, alertó que la incorporación masiva de adolescentes de 14 y 15 años al sistema de enjuiciamiento criminal causará un «crecimiento desmedido del encarcelamiento».
Los centros cerrados y los mal llamados «institutos de menores» arrastran problemas estructurales crónicos: fallas edilicias severas, carencia de programas pedagógicos reales y denuncias reiteradas de torturas y sujeciones mecánicas aplicadas por el personal penitenciario. Sumar miles de nuevas causas judiciales al sistema terminará por hacer estallar los dispositivos de detención actuales.
Mirada de género: Las infancias trans, travestis y las maternidades periféricas en la línea de fuego
Desde las coordinaciones feministas presentes en el reclamo (como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – APDH y los grupos de investigación del Instituto Gino Germani de la UBA), se remarcó el profundo sesgo de género y clase que contiene la reforma de Milei.
Alcira Daroqui, integrante del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH), enfatizó que la criminalización penal siempre corta por el eslabón más débil del tejido social: las niñeces pobres, racializadas y las identidades travestis-trans de los barrios populares.
Las redes de apoyo de mujeres sostienen el impacto directo de esta reforma: son las madres, las tías y las abuelas las jefas de hogar de las periferias rurales y urbanas. Sobre sus espaldas recae la doble opresión del cuidado familiar bajo un contexto de pobreza extrema, agravado por la persecución que sufrirán sus hijos a través del hostigamiento policial, el «gatillo fácil» y las detenciones arbitrarias en las calles.
Al retirar el presupuesto de programas de contención social como el Acompañar y desmantelar los ministerios de géneros y áreas de niñez, el Estado reemplaza los proyectos de vida y educación por celdas de castigo.
Las adhesiones que configuran la resistencia
El reclamo unificado cosechó un amplio abanico de firmas y apoyos institucionales para exigir la nulidad absoluta de la Ley 27.801:
Asociaciones de Niñez: El Foro por los Derechos de la Niñez y Defensa de los Niños Internacional (DNI).
Fuerza Sindical: La CTA Autónoma (con las firmas de Hugo «Cachorro» Godoy y Oscar de Isasi), junto a las seccionales bonaerenses de ATE y SUTEBA.
Entidades de DDHH:El Observatorio Internacional de Prisiones, la APDH Nacional y el Colectivo de Derechos Humanos CODESEDH.
Ámbito Universitario: Equipos pedagógicos y sociológicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Mientras el Poder Ejecutivo Nacional insiste con su doctrina de «delito de adulto, pena de adulto», los organismos del campo popular y las redes transfeministas se declaran en estado de alerta permanente.
La decisión final está en manos de la Justicia Federal, obligada a dictaminar si el Estado argentino respetará sus compromisos con los derechos humanos o si convalidará el encierro sistemático de sus propias niñeces.
