Mientras el Parlamento de Italia blindó legislativamente la protección de las mujeres al aprobar la cadena perpetua como pena máxima para el delito específico de feminicidio, la Argentina gobernada por Javier Milei transita el camino exactamente opuesto
El mandatario mantiene una fuerte ofensiva ideológica y judicial orientada a eliminar la figura del femicidio del Código Penal
Esta divergencia expone dos filosofías políticas antagónicas frente a los crímenes motivados por el odio o dominio de género.
La ofensiva argentina y el brazo ejecutor de las «barbaridades» oficiales
En sintonía con los discursos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos contra el feminismo, el Ministerio de Justicia de la Nación trabaja en propuestas legislativas formales para reformar la Ley 26.791 del Código Penal.
El plan de la Casa Rosada consiste en borrar el agravante por razones de género bajo la premisa de que «el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios».
El encargado de liderar y argumentar esta reforma penal fue el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien ha acumulado un historial de polémicas declaraciones calificadas como «barbaridades» por juristas, organizaciones civiles y la oposición en el Congreso.
El funcionario argumentó públicamente que la figura actual del femicidio es «inconstitucional», alegando que discrimina al hombre y viola la igualdad ante la ley.
En su lugar, el ex ministro propuso reescribir la norma bajo las categorías de «hombricidio y femicidio», argumentando que el sexo no debe generar «impunidad ni privilegios».
Este posicionamiento contra la perspectiva de género no es nuevo en la gestión del ex ministro.
Previamente, durante una exposición en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Cúneo Libarona desató un masivo rechazo institucional al afirmar textualmente: «Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos».
En esa misma oportunidad, sentenció que «se acabó solo el género», dictaminando que las políticas del Estado ahora se centran exclusivamente en «los valores de la familia tradicional».
Esta batalla cultural e institucional se plasma de forma cotidiana en la comunicación oficial:
Las autoridades del Ministerio de Seguridad insisten en catalogar públicamente hechos recientes de violencia machista extrema —como el caso de la adolescente Agostina Vega— bajo el término técnico general de «homicidio», evitando sistemáticamente el uso de la palabra femicidio.
Organizaciones de derechos humanos alertan con preocupación que quitar el término del código penal invisibiliza la violencia estructural, abriendo además una peligrosa ventana legal para que femicidas ya condenados a perpetua soliciten la reducción de sus penas mediante el principio de la ley más benigna.
El contraejemplo italiano: Tipificación y castigo máximo
La realidad en Europa expone un contraste absoluto en el plano jurídico e ideológico. Mientras el gobierno argentino busca borrar las distinciones de género bajo la premisa de una igualdad ante la ley sin matices, el ejecutivo italiano de la primera ministra Giorgia Meloni se ha movilizado en la dirección exactamente opuesta.
La reforma aprobada en Roma eleva el feminicidio a la categoría de delito autónomo y específico, cerrando cualquier margen de interpretación judicial
El núcleo de la divergencia radica en las penas y en los fundamentos del castigo. En la Argentina de Milei, el plan consiste en desmantelar la Ley 26.791 para que el asesinato de una mujer por el hecho de serlo ya no implique un agravante penal directo
Por el contrario, la justicia italiana determinó que los crímenes perpetrados por «odio, discriminación, control o posesión» de género deben recibir automáticamente la cadena perpetua
Roma entiende que las asimetrías de poder justifican una respuesta penal agravada del Estado, mientras que Buenos Aires defiende que un homicidio es un homicidio, independientemente del sexo de la víctima
Finalmente, las diferencias se extienden al despliegue de las políticas públicas institucionales. Paralelamente a la reforma del Código Penal, la administración argentina implementó el cierre definitivo de ministerios y el cese de múltiples programas de asistencia a las víctimas.
En la vereda opuesta, el Parlamento italiano acompañó el endurecimiento penal con un incremento real del financiamiento destinado a casas refugio, sumado a un fuerte blindaje legal y económico para proteger a los huérfanos que dejan estos crímenes
Un debate global sobre la igualdad ante la ley
El contrapunto internacional reabre un debate jurídico de fondo.
Para la administración de Milei y los argumentos de Cúneo Libarona, la igualdad constitucional se defiende eliminando categorías basadas en el sexo del individuo
En la vereda de enfrente, organismos internacionales como el Comité de la CEDAW y las legislaciones europeas argumentan que, para lograr una verdadera igualdad, la justicia penal debe reconocer la naturaleza diferenciada de los crímenes de género. Mientras Roma endurece los castigos para frenar los asesinatos de mujeres, Buenos Aires apuesta por erradicar la distinción legal de sus carátulas judiciales
