La Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ratificó de forma contundente la culpabilidad del médico Diego Javier Clementi por múltiples abusos sexuales cometidos en su consultorio. Aunque el fallo confirma el fin de su impunidad médica, la justicia le redujo seis meses la pena y le otorgó el beneficio de seguir en su casa hasta que la sentencia quede firme.
La Sala V de la Cámara de Casación bonaerense validó la investigación que expuso el horror vivido por decenas de mujeres en la localidad de Burzaco. El tribunal ratificó que Clementi es autor penalmente responsable de haber vulnerado los cuerpos de sus pacientes bajo el amparo de su guardapolvo blanco. Sin embargo, en una decisión técnica respecto a los agravantes de la causa, los magistrados redujeron la condena original de 14 años a 13 años y 6 meses de prisión.
El fallo de segunda instancia mantiene firme la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, una medida vital para garantizar que ninguna otra mujer vuelva a quedar expuesta en su camilla. Además, el ginecólogo será inscripto de forma definitiva en el registro de agresores sexuales.
Sin cárcel común y en la comodidad de su hogar
Pese a la gravedad de los delitos acreditados, Clementi continuará gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. La justicia determinó que el abusador no pisará un penal común hasta que la sentencia sea considerada formalmente «firme», una instancia que suele dilatarse por los recurrentes recursos de apelación de las defensas. Hasta entonces, seguirá monitoreado por una tobillera electrónica desde su casa.
La causa original, impulsada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, logró unificar los testimonios de 11 víctimas que valientemente rompieron el silencio para denunciar 12 hechos de abuso sexual agravado cometidos entre 2017 y 2022. La metodología sistemática del ginecólogo consistía en realizar prácticas invasivas, desnudeces forzadas y tocamientos sin ningún tipo de justificación médica, valiéndose de la asimetría de poder y la confianza depositada en su rol profesional.
Esta ratificación judicial representa un paso crucial en la lucha contra la violencia ginecobstétrica y los abusos en el ámbito de la salud.
