La Red contra la Violencia Institucional de Salta apuntó contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes, el fiscal Escalante y la connivencia estatal.
El operativo, ejecutado bajo un fuerte despliegue de Infantería, dejó a numerosas familias en la calle y sin sus medios de subsistencia. Denuncian un «exterminio planificado».
Una grave crisis humanitaria y de derechos humanos sacude a los valles calchaquíes. La Red contra la Violencia Institucional de Salta —integrada por organizaciones sociales, de derechos humanos y víctimas de la violencia estatal— emitió un duro documento público para denunciar las flagrantes irregularidades, la represión y el despojo territorial perpetrado contra la comunidad Diaguita Kallchakí de Las Pailas, en la localidad de Cachi.
El conflicto escaló de manera drástica tras un masivo operativo de la Infantería de la Policía de Salta. Según denunciaron las organizaciones y los representantes legales, el procedimiento se ejecutó violando de forma sistemática los derechos constitucionales de los pueblos originarios y dejando a familias enteras a la intemperie.
Un fallo irregular y un «despojo grosero»
El comunicado apunta directamente contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5, y el fiscal Escalante. A la magistrada se la acusa de dictar una medida de forma «ilegal» y «arbitraria», ignorando deliberadamente las presentaciones y advertencias emitidas por organismos competentes como el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), la Subsecretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, la senaduría provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), negando el derecho básico a la defensa de la comunidad.
La Red denunció que la maniobra judicial se ejecutó con el único fin de favorecer a la terrateniente Florencia Wayar y su familia, quienes pretenden tomar posesión de estos territorios originarios.
Sin embargo, el dato más alarmante de la denuncia radica en la alteración del alcance de la orden judicial.
Mientras que la sentencia original afectaba únicamente a una sola familia y se reducía a una extensión de 4 hectáreas, el mandamiento firmado por la jueza Diez Barrantes se ejecutó sobre 40 hectáreas. Esto provocó el desalojo de numerosas familias del paraje San Gabriel que no tenían ninguna vinculación con la causa judicial civil.
Destrucción y militarización en el territorio
El avance de las fuerzas represivas en Las Pailas dejó consecuencias devastadoras para el pueblo diaguita.
Los testimonios locales detallan que el personal policial arrasó con potreros, cultivos comunitarios, rastrojos de siembra y dispersó o incautó los animales de pastoreo, que constituyen el único medio de subsistencia de la región.
Las familias fueron arrancadas de sus hogares de manera violenta.»La infantería siguió reprimiendo bajo órdenes de la jueza y el fiscal. Fueron a desalojar a una familia con niñeces, uno de ellos con discapacidad», alertaron desde la Red, remarcando la total vulnerabilidad en la que quedaron los damnificados. Ante esta situación de violencia, la comunidad se declaró en asamblea permanente y se encuentra en pie de lucha defendiendo su territorio ancestral.
Frente a la gravedad de los acontecimientos, la Red convocó a una conferencia de prensa de urgencia en la capital salteña, en el Bar de Tribunales, con la presencia de la abogada defensora de las familias, la Dra. Verónica Huber, y diversas asociaciones jurídicas para exigir el cese inmediato de las medidas de fuerza.
Las consignas del reclamo son unánimes: No a los desalojos arbitrarios, no a la justicia fraudulenta y no a la violencia estatal.
El rol extractivista de Milei y la obsesión por el despojo de tierras indígenas
El violento desalojo en Las Pailas no constituye un hecho aislado o un mero conflicto de límites entre particulares; es la ejecución en el territorio de un modelo político y económico de características extractivistas impulsado de forma deliberada por el gobierno nacional de Javier Milei.
Desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos y los especialistas en territorio, el actual Ejecutivo nacional mantiene una abierta hostilidad hacia las comunidades indígenas, fundamentada en la desarticulación de cualquier traba legal que impida la entrega de recursos naturales a capitales privados.
La derogación de la Ley 26.160 como llave del despojo
El hito fundamental de esta política fue la anulación y derogación por decreto de la Ley de Emergencia Territorial Indígena N° 26.160.
Esta normativa era la principal herramienta de resistencia de los pueblos originarios, ya que suspendía los desalojos de las tierras comunitarias y ordenaba el relevamiento catastral de los territorios ancestrales.
Al quitar este paraguas legal, el Gobierno Nacional dejó desprotegidas a cientos de comunidades en todo el país, habilitando una «zona de libre caza» judicial y policial para que terratenientes y empresarios avancen sobre áreas antes protegidas.
La obsesión con la tierra: El suelo como mercancía financiera
Para la administración de Milei, la concepción comunitaria y ancestral de la tierra —garantizada en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional— contradice las bases del libre mercado.
Existe una obsesión gubernamental por transformar el suelo, los bosques y las cuencas hídricas en activos financieros transables. El desmantelamiento de los controles ambientales y la facilitación para la compra de tierras por parte de extranjeros apuntan en una sola dirección: barrer a los habitantes históricos de los territorios para poner las hectáreas a disposición de la especulación inmobiliaria, los negocios hoteleros de lujo y los intereses de grandes terratenientes.
El modelo extractivista puro: Minería, agro y corporaciones multinacionales
Detrás de la retórica oficialista de la «libertad», el comunicado de la Red denuncia la vigencia de un «exterminio planificado» destinado a garantizar los negocios de corporaciones agropecuarias, multinacionales y empresas mineras (especialmente enfocadas en la explotación de litio y minerales críticos en el norte argentino).
Las comunidades indígenas, al habitar tierras ricas en recursos estratégicos y fuentes de agua, son vistas por el poder central como un obstáculo para el extractivismo a gran escala.
La persecución, la criminalización mediática —catalogándolos falsamente de «usurpadores» en su propio suelo— y el uso de la fuerza pública no son excesos policiales, sino los mecanismos necesarios para consolidar el despojo estructural y garantizar la rentabilidad de las corporaciones transnacionales.
