Las calles del centro porteño y de las principales capitales del país se convirtieron este miércoles en un escenario de movilización histórico.
Cientos de personas desbordaron la Plaza de Mayo en la 4° Marcha Federal Universitaria, en un reclamo masivo y transversal contra un ajuste presupuestario que ahoga a las instituciones y que, según los datos expuestos, ya supera el 41% en términos reales.
Sin embargo, detrás de las monumentales columnas de estudiantes, docentes y científicos que colmaron las avenidas, la jornada puso de manifiesto una realidad estructural: la crisis de la educación pública tiene un fuerte impacto de género, afectando de manera desproporcionada a un sistema profundamente feminizado.
El ajuste en las aulas tiene rostro de mujer y «techo de cristal»
Tanto en los discursos del palco como en las estadísticas oficiales que sostienen el reclamo, quedó en evidencia que sostener la universidad hoy recae mayoritariamente sobre las trabajadoras.
De acuerdo con los informes de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y de los gremios del sector, la planta de educadores de las universidades nacionales refleja una paridad casi exacta en sus números globales: las mujeres representan el 49,95% de los cargos docentes frente al 50,05% de varones.
Sin embargo, el impacto del ajuste actual no es equitativo debido al fenómeno conocido como «techo de cristal». Las docentes mujeres están fuertemente concentradas en la base de la pirámide académica: representan la amplia mayoría de las dedicaciones simples, los cargos auxiliares iniciales y las tareas de cuidado educativo no remuneradas o ad honorem. Por el contrario, a medida que se avanza hacia las categorías de mayor jerarquía e ingresos (como Profesores Titulares o autoridades superiores), la participación femenina cae drásticamente hasta alcanzar apenas un 16% en los rectorados de todo el país.
Por eso, el violento deterioro del salario real —que registra una caída de entre el 32% y el 34,5% desde fines de 2023— impacta de manera directa en la autonomía económica de miles de jefas de hogar y profesionales de la educación.
El hecho de que los salarios representen el 86,9% del gasto total de las universidades demuestra que el principal «ahorro» del Estado se está haciendo a costa de precarizar un trabajo fuertemente sostenido por mujeres, empujando a los cargos iniciales y simples (en torno a los $240.000) muy por debajo de la línea de pobreza.
Esta asfixia salarial ya forzó un doloroso éxodo de más de 10.000 profesionales hacia el sector privado o el exterior.
Brecha STEM: El freno al futuro de las científicas y tecnólogas
El recorte presupuestario no solo golpea a quienes hoy están al frente del aula, sino que dinamita el futuro de las próximas generaciones, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (las denominadas disciplinas STEM).
Si bien las mujeres constituyen más del 60% de la población estudiantil universitaria total y de las egresadas, su participación cae a menos del 25% en las carreras de ingeniería y tecnología.
Los programas de becas, tutorías científicas y proyectos de investigación que buscan acortar esta histórica brecha de género quedaron virtualmente congelados por falta de fondos. Al desmantelar el presupuesto de ciencia y técnica, se frena de golpe la inserción de jóvenes investigadoras en sectores clave para el desarrollo del país, consolidando las desigualdades laborales del futuro mucho antes de que las estudiantes logren recibir su título.
El colapso de los cuidados y la salud pública
La perspectiva de género también cruza de lleno la crisis de la red de hospitales universitarios (como el Clínicas, el Roffo o el Lanari), instituciones escuela donde las mujeres representan a la gran mayoría del personal de enfermería, residencias y servicios de atención primaria.
Con apenas el 9,3% del presupuesto anual ejecutado en el primer cuatrimestre y una deuda acumulada de $20.000 millones, los directores médicos lanzaron una advertencia dramática: solo quedan insumos para funcionar 45 días.
El freno a las cirugías, la falta de insumos críticos y la reducción de la atención afectan a más de 700.000 personas al año, trasladando una vez más la crisis del sistema de salud hacia los hogares, donde las tareas de cuidado no remuneradas recaen mayoritariamente sobre las mujeres de las familias afectadas.
Una multitud en el palco y en el asfalto
La respuesta a este escenario de vaciamiento fue una masividad que el Gobierno no pudo invisibilizar. La lectura del documento conjunto en Plaza de Mayo unificó los reclamos con un fuerte eje en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (cuyo presupuesto previsto de $8,49 billones fue recortado por el Ejecutivo a $5,51 billones). «Cumplan con la ley» y «No hipotequen el futuro» fueron las consignas clave de un documento que alertó sobre el riesgo que corre el desarrollo científico y la propia calidad democrática del país.
La masiva convocatoria logró aglutinar una composición sumamente diversa: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), científicos del CONICET y el Frente Sindical Universitario (CONADU, FATUN, CTERA) marcharon a la par de las centrales obreras como la CGT y las dos CTA. En el plano político, el arco opositor de amplio espectro dio el presente con la movilización de columnas del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Frente Renovador de Sergio Massa, sectores del radicalismo, la Coalición Cívica y partidos de izquierda.
Mientras el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, insiste en que las partidas «están al día» y califica la protesta como un «acto político», las calles hablaron con la fuerza de los números y de una comunidad que se niega a que el ajuste se financie con el salario, el futuro y el tiempo de sus trabajadoras y estudiantes.
