La comunidad universitaria volverá a movilizarse este martes en todo el país contra el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre la educación pública. La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción presidencial tendrá su acto central desde las 14 en Avenida de Mayo y Salta, rumbo a Plaza de Mayo, en un contexto de fuerte conflicto por el recorte presupuestario, el deterioro salarial y la paralización de la Ley de Financiamiento Universitario.
Docentes, no docentes, estudiantes, investigadores, rectores, sindicatos y organizaciones sociales denuncian que las universidades nacionales atraviesan “la peor crisis presupuestaria desde el retorno de la democracia”, mientras el Gobierno insiste con el argumento del déficit cero y el equilibrio fiscal.
La protesta llega luego de una nueva poda presupuestaria oficial de casi $2,5 billones, que incluyó fuertes recortes en educación, infraestructura universitaria, becas y salarios docentes.
Una ley votada por el Congreso pero frenada por el Gobierno
El eje central del reclamo es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada tras la insistencia legislativa frente al veto presidencial de 2025. Sin embargo, el Poder Ejecutivo mantiene suspendida su aplicación argumentando “falta de previsión de recursos”.
El conflicto ya escaló a la Justicia. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) obtuvo una medida cautelar contra el Gobierno nacional, aunque su ejecución quedó suspendida mientras la Corte Suprema analiza el expediente.
Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el costo de implementar la ley oscila entre $2,5 y $3,6 billones. Pero el mismo reporte cuestiona el argumento oficial de “restricción presupuestaria” y advierte que el propio Gobierno generó parte de esa escasez mediante decisiones fiscales recientes.
Entre ellas aparece la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales impulsada por el Ejecutivo en 2024, que implicó una pérdida de recaudación estimada en $5 billones en dos años, un monto superior al necesario para garantizar el financiamiento universitario.
“El Estado tiene serios problemas para invocar la restricción presupuestaria cuando esa situación fue creada por decisiones propias”, sostiene el informe.
El ajuste más fuerte en décadas
Los números reflejan la magnitud del recorte. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006.
Además:
El financiamiento por estudiante cayó a $2,4 millones, el valor más bajo desde al menos 2004.
Los salarios docentes perdieron un 25% de poder adquisitivo en tres años.
La pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 alcanza el 43,2%, según gremios universitarios.
El sistema universitario explica el 39% del recorte total en Educación y Cultura a nivel nacional.
La situación impacta directamente sobre el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio: dificultades para sostener investigaciones, infraestructura paralizada, reducción de becas y salarios que empujan a docentes e investigadores a abandonar el sistema.
Recortes en universidades, becas y alfabetización
La nueva modificación presupuestaria publicada por el Gobierno profundizó el conflicto justo en la previa de la movilización.
La administración de Milei recortó $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y eliminó partidas clave:
$35.288 millones menos para el Plan Nacional de Alfabetización.
$8.929 millones menos para el Fondo de Compensación Salarial Docente.
$21.686 millones menos para infraestructura escolar y equipamiento.
Más de $559 millones menos en becas estudiantiles.
$48.000 millones menos para EDUC.AR.
También hubo una reducción de $5.303 millones en infraestructura universitaria, afectando obras en 13 universidades nacionales.
Entre las más perjudicadas aparecen:
Universidad Nacional de La Plata: -$1.043 millones.
Universidad Nacional de General San Martín: -$700 millones.
Universidad Nacional de Avellaneda: -$700 millones.
Universidad Nacional de Río Cuarto: -$680 millones.
Universidad Nacional de Entre Ríos: -$540 millones.
La decisión lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y se enmarca en la meta de superávit fiscal acordada con el FMI.
“La educación no puede ser variable de ajuste”
Desde el ámbito universitario denuncian que el Gobierno intenta disciplinar al sistema público de educación superior mediante el desfinanciamiento.
La propia Justicia sostuvo, al conceder la cautelar impulsada por el CIN, que el deterioro salarial docente afecta el derecho constitucional de enseñar y aprender.
Además del reclamo presupuestario, distintos sectores cuestionan la actitud del Ejecutivo frente a una ley aprobada dos veces por el Congreso. “Todo intento de retardar su aplicación debe mirarse con un alto nivel de sospecha”, señala el informe de ACIJ.
La cultura también marcha
La movilización contará nuevamente con un fuerte respaldo del mundo artístico y cultural. Actores, músicos y referentes difundieron un video convocando a participar de la marcha.
Entre quienes expresaron su apoyo aparecen Griselda Siciliani, Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Pablo Echarri, Teresa Parodi, Joaquín Levinton, Celeste Cid, Malena Pichot, Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros.
“El ajuste económico tiene consecuencias directas sobre la educación, la ciencia y la cultura”, señalaron en el mensaje colectivo.
La protesta de este martes volverá a poner en el centro de la escena el debate sobre el rol de la universidad pública en Argentina, mientras crece el rechazo social al ajuste sobre uno de los sistemas educativos más masivos e inclusivos de América Latina.
