En un fallo de última hora emitido este martes 6 de octubre de 2026, la Justicia Federal dictó una resolución clave que sacude el tablero político y educativo del país. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades públicas y gremios docentes. En su dictamen, declaró la inconstitucionalidad del decreto presidencial con el que el Poder Ejecutivo mantenía frenada la Ley de Financiamiento Universitario.
El magistrado fue contundente al analizar el camino de la normativa. Recordó que el Congreso de la Nación ya había insistido y ratificado la ley con la mayoría agravada de dos tercios de los votos tras el veto original del presidente Javier Milei. Por ende, el juez sentenció que el mecanismo posterior utilizado por la Casa Rosada para congelar los fondos funcionó en los hechos como un «mecanismo extraconstitucional» y un veto encubierto que viola la división de poderes. En sus fundamentos, Cormick concluyó: “No parece existir, con posterioridad a esta insistencia, otro camino que no sea la promulgación, sin restricciones, de la Ley insistida”.
Una orden de ejecución inmediata
A diferencia de las idas y vueltas previos, esta sentencia resuelve la cuestión de fondo del litigio. La Justicia ordenó al Gobierno nacional adoptar de forma inmediata las medidas reglamentarias y presupuestarias para poner en funcionamiento la norma. Esto implica aplicar de manera urgente las partidas destinadas a la recomposición de los salarios de docentes y no docentes —que según estimaciones del sector arrastran un retraso cercano al 34%—, el financiamiento de los gastos de funcionamiento edilicio, las becas estudiantiles y los fondos de emergencia para los hospitales universitarios.
Desde el ámbito universitario, referentes del CIN celebraron la resolución como un avance decisivo en defensa de la educación pública. En paralelo, fuentes oficiales de la Casa Rosada ya adelantaron que el Ejecutivo impugnará y apelará el fallo adverso en los próximos días a través de la Procuración del Tesorero, abriendo un nuevo capítulo de máxima tensión en un conflicto que promete volver a copar las calles de todo el país en las próximas semanas.
