Organizaciones sindicales, docentes y organismos de derechos humanos manifestaron su enérgico rechazo a la resolución del Gobierno de la Ciudad. Advierten que la medida rompe los lazos de confianza pedagógica, criminaliza las adolescencias y evoca las lógicas de control más oscuras de la historia argentina.
La oficialización de la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26 por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desató una ola de rechazo unánime dentro de la comunidad escolar. La normativa, que obliga a los directores de escuelas secundarias a denunciar penalmente a estudiantes mayores de 14 años ante la sospecha de delitos dentro o fuera del establecimiento, es catalogada por gremios y especialistas como un quiebre en la función formativa de la escuela y un retroceso en materia de derechos de las juventudes.
El eje de la polémica radica en el mandato que desplaza la intervención pedagógica y comunitaria en favor de la vía policial y judicial. Diversos sectores advierten que, lejos de resolver los conflictos de convivencia o las problemáticas sociales que atraviesan los barrios, la medida transforma a los equipos de conducción en agentes de delación, debilitando los entornos de cuidado.
El fantasma de la persecución y el quiebre del lazo pedagógico
Para las organizaciones sindicales, el requerimiento de que las autoridades escolares «señalen» o denuncien a sus propios alumnos ante el Ministerio Público Fiscal o las fuerzas de seguridad evoca inevitablemente las épocas más oscuras del país, cuando el control social, la vigilancia y la persecución política se infiltraron en las aulas.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación de Docentes de Buenos Aires (Ademys) remarcaron que el protocolo instala un clima de sospecha permanente. Los representantes gremiales argumentan que la confianza entre el docente, el directivo y el estudiante es la base para abordar cualquier vulneración de derechos, y que esta norma destruye ese puente fundamental.
El rechazo en palabras: Los comunicados gremiales
La postura de UTE:
“Desde UTE rechazamos y repudiamos el nuevo protocolo de actuación ante hechos de posible relevancia penal en las escuelas. Su implementación profundiza una política de control y vigilancia sobre las adolescencias y juventudes, en lugar de fortalecer políticas de cuidado, prevención y acompañamiento. Las situaciones de violencia y delito que ocurran dentro de los establecimientos educativos requieren respuestas integrales por parte del Estado. La prevención exige fortalecer las políticas sociales, educativas y comunitarias y garantizar derechos”.
La postura de Ademys:
“Repudiamos esta medida que busca transformar a las escuelas en la antesala de las cárceles, obligando a la docencia a cumplir tareas de delación que destruyen el lazo pedagógico. El Gobierno porteño vuelve a elegir el camino de la criminalización de la juventud y la persecución en lugar de otorgar el presupuesto necesario para los gabinetes psicopedagógicos y los equipos de orientación escolar, que son los que verdaderamente contienen las realidades complejas de nuestros estudiantes”.
Los principales ejes del rechazo al proyecto
El descontento de la comunidad educativa se sintetiza en un conjunto de críticas técnicas, políticas y pedagógicas:
Criminalización de la juventud: Especialistas en niñez y adolescencia señalan que la norma asimila conductas conflictivas o faltas disciplinarias —propias de la edad y del entorno escolar— con figuras del Código Penal, promoviendo la judicialización temprana de los jóvenes en lugar de aplicar los Consejos de Convivencia.
Arbitrariedad y desprotección directiva: Al dejar en manos de los directores la interpretación de qué conductas «podrían constituir un delito de acción pública», se los coloca en un rol judicial para el cual no están formados, exponiéndolos a tensiones comunitarias y responsabilidades legales directas.
Vigilancia fuera de los establecimientos: La crítica se extiende al hecho de que el protocolo obliga a actuar sobre hechos ocurridos fuera del horario y del predio escolar, extendiendo el rol de vigilancia de la escuela hacia la vida privada de los alumnos.
Injerencia de las fuerzas de seguridad: La habilitación para el ingreso de la Policía de la Ciudad a las instituciones es vista como una vulneración a la autonomía escolar y un factor que puede escalar la violencia en lugar de contenerla.
Antecedentes: la persistente receta de la judicialización escolar en CABA
La implementación de este protocolo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un historial de políticas punitivas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha ensayado contra las comunidades educativas en la última década.
El antecedente más directo y resonante ocurrió durante la ola de tomas de colegios secundarios en el año 2022, cuando los estudiantes reclamaban por mejoras edilicias, viandas dignas y contra las prácticas laborales obligatorias no pagas. En aquella oportunidad, el Ministerio de Educación porteño no solo se negó a abrir instancias de diálogo pedagógico, sino que denunció penalmente a las familias de los alumnos involucrados y les exigió resarcimientos económicos millonarios por los días de clase perdidos.
Asimismo, la persecución de la protesta estudiantil reconoce hitos previos, como la redacción del polémico «Protocolo Antitomas» del año 2018, que instaba a los directivos a denunciar la violación de domicilio ante las ocupaciones pacíficas de los edificios. Para los gremios, la nueva Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26 profundiza esa matriz: desplazar los canales institucionales de escucha y reemplazarlos por la intervención de la fiscalía y el patrullero, consolidando una doctrina donde el conflicto escolar se resuelve de forma punitiva.
La demanda de respuestas integrales y presupuesto
La comunidad educativa coincide en que la prevención exige un fortalecimiento real de las políticas sociales, educativas y comunitarias, especialmente en los territorios donde las desigualdades socioeconómicas son más profundas.
Las organizaciones reclaman que el presupuesto estatal se destine a la incorporación de gabinetes psicopedagógicos, equipos de orientación escolar, trabajadores sociales y tutores que puedan realizar un acompañamiento preventivo, en lugar de financiar estructuras de vigilancia. Sostienen que el rol del Estado debe ser el de garantizar derechos y brindar herramientas de inclusión, y no el de delegar la seguridad pública en el personal docente.
