El calendario marcará que hoy se llevó a cabo la Quinta Marcha Federal Universitaria.
Pero las retinas de miles de estudiantes, docentes y ciudadanos registrarán algo mucho más oscuro: el día en que el Estado argentino respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cacerías en las estaciones de tren a quienes salieron a defender los libros, mientras adentro del Congreso de la Nación, una buena parte de la dirigencia política se escondía en los pasillos para dejar caer la sesión por falta de quórum.
La jornada de este jueves desnudó la peor cara de la rosca política y la faceta más brutal del aparato represivo estatal, en un combo que combina cobardía parlamentaria y disciplinamiento social.
La deserción parlamentaria: Bancas vacías e indiferencia
Puertas adentro del Palacio, el escenario fue de una indignidad absoluta. Diputados nacionales de bloques oficialistas y sectores de la oposición «dialoguista» decidieron directamente no bajar al recinto. El objetivo era claro: evitar que se alcanzara el quórum para tratar el polémico DNU 70/2023 y las partidas presupuestarias que ahogan a las universidades públicas.
Mientras el eco de los balazos de goma y las detonaciones perforaba los vitrales del Congreso, en el recinto reinaba el vacío. Los mismos legisladores que en campaña prometen defender la educación pública optaron hoy por el ausentismo corporativo, dejando al descubierto una alarmante desconexión con la urgencia social. La política prefirió el búnker y la especulación antes que dar la cara ante la ciudadanía movilizada.
Cacería bajo la lluvia: La represión a la comunidad educativa
Pasadas las 15:30, la orden política del Ministerio de Seguridad fue tajante: desalojar las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos. En pocos minutos, las fuerzas federales y de la Ciudad desplegaron una violencia desproporcionada contra una columna mayoritariamente compuesta por jóvenes estudiantes, docentes y trabajadores.
Gas pimienta y persecución en moto: El uso indiscriminado de gases lacrimógenos avanzados y gas pimienta no distinguió entre militantes, estudiantes o transeúntes. Camiones hidrantes avanzaron sobre la plaza, mientras cuadrillas de policías en motocicleta perseguían a los jóvenes por las calles aledañas, transformando el centro porteño en una zona de guerra.
El gas que entró al propio Palacio: La brutalidad del operativo químico fue tal que los gases lacrimógenos ingresaron por los sistemas de ventilación al anexo de la Cámara de Diputados. La situación llegó al límite cuando la diputada Cecilia Moreau sufrió una severa descompensación dentro de las instalaciones y debió recibir asistencia médica de urgencia.
Ataque bajo el agua: A pesar de que una intensa lluvia comenzaba a dispersar de forma natural la manifestación, las fuerzas de seguridad aceleraron el avance, obligando a los organizadores a dar por terminado el acto central a las 16:40 en medio de un clima de extrema desprotección.
Detenciones arbitrarias y heridos en los hospitales
El saldo de la cacería policial expone la magnitud del operativo de disciplinamiento:
Decenas de detenidos, incluyendo menores: Se registraron al menos 31 detenciones. La Policía de la Ciudad capturó de forma caótica a manifestantes en los alrededores del Congreso bajo la figura genérica de «resistencia a la autoridad». Entre los detenidos hay tres menores de entre 14 y 17 años.
La emboscada en Constitución: El aparato represivo no se limitó a la plaza. En un hecho de extrema gravedad, las fuerzas federales desataron una redada en los accesos de la terminal ferroviaria de Constitución, interceptando y deteniendo a 25 personas que simplemente intentaban abordar los trenes para regresar a sus hogares.
El parte sanitario: El SAME y servicios de salud informaron de al menos diez heridos de diversa consideración, incluyendo personas con quemaduras químicas en los ojos, impactos de bala de goma en el rostro y contusiones graves. Varios de los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Ramos Mejía.
El relato oficial: Billetes sobre cuerpos
Como es costumbre en la narrativa gubernamental, el Ministerio de Seguridad, comandado por Alejandra Monteoliva, justificó de inmediato el accionar represivo tildando a la totalidad de la comunidad universitaria movilizada como «los mismos violentos de siempre», anunciando además una denuncia penal por atentado al orden constitucional.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad se apresuró a publicar un balance material, tasando los destrozos de la plaza en $90 millones de pesos. En la balanza oficial del poder, el valor de las baldosas rotas y el pasto maltratado cotiza mucho más alto que los ojos quemados por el gas de los estudiantes o la dignidad de las aulas públicas.
Desde los sectores estudiantiles y de derechos humanos se denunció la presencia de infiltrados encapuchados encargados de iniciar los desmanes para habilitar la posterior represión masiva.
Una democracia que se achica
La jornada de hoy deja un sabor amargo y una certeza preocupante. Mientras el presupuesto universitario se desintegra en las aulas, el presupuesto para balas y gases parece inagotable. La postal de este 15 de octubre de 2026 es la de un país donde los jóvenes defienden el futuro con la palabra, el poder político se esconde detrás de las bancas vacías, y el Estado responde con palos.
La violencia institucional nunca será la respuesta al legítimo reclamo de un pueblo que se niega a arrodillar su educación.
