Analizamos la letra chica del Presupuesto 2027 junto a Silvia Saravia. Mientras los datos de la ACIJ revelan un brutal achicamiento del Estado que destruye partidas para infancias, universidades y género, la dirigenta de Libres del Sur denuncia cómo el ahogo presupuestario se transforma en ganancias para billeteras virtuales y en un violento esquema de endeudamiento familiar por subsistencia.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, un diseño macroeconómico que promete estabilidad sobre el papel, pero que en el territorio se traduce en la profundización quirúrgica del ajuste. En diálogo con Las Brujas que Salem, Silvia Saravia, docente y dirigenta nacional de Libres del Sur, desmenuzó el impacto social de una ingeniería económica que, lejos de ser un delirio desorganizado, responde a un plan concreto.
«Tienen tanto nivel de agresividad hacia el mundo del trabajo, hacia los jubilados, hacia las universidades… Tienen tanto nivel de agresividad que eso intimida. Para que este modelo funcione necesitan la intimidación pública. Necesitan que la gente tenga miedo y que alguien que piense distinto lo piense dos veces antes de movilizarse», advirtió Saravia tras recorrer los barrios del conurbano.
Al ser consultada sobre la criminalización de la protesta y el rol de las fuerzas de seguridad, la dirigenta fue tajante: «Todos los miércoles en la Plaza Congreso es una vergüenza el despliegue de las fuerzas de seguridad. Uno dice ¿cuánta plata gastan ahí en lugar de cumplir las tareas que tienen que cumplir? Se debería destinar ese dinero a otra cosa. Cuando a veces dicen , ¿por qué la gente no sale?’ la respuesta es que ellos han construido una práctica de intimidar y criminalizar muy fuerte».
Para Saravia, no se trata de errores de gestión: «Han tenido a personas incomunicadas como si fueran figuras de terroristas… No es que estemos exagerando. Plantearon golpes de estado, plantearon una serie de cosas que, evidentemente tienen un objetivo. No es que son delirantes. Yo creo que acá no hay delirio. Lo que hay es una estrategia muy fuerte de intimidar precisamente para que no se levante la voz».
El contraste que expone el proyecto de ley es total: mientras se habilita un gasto multimillonario de 3.500 millones de dólares para equipamiento militar (compra de fragatas y submarinos), las áreas civiles sufren un retroceso histórico. «La verdad que no hay manera de explicárselo a un vecino. No tiene mucha lógica», sentenció.
El mapa del ajuste: El Estado se retira del territorio
Los números procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le ponen datos duros a la denuncia territorial. Si se compara el proyecto de 2027 contra el año 2023, el presupuesto general de la Nación cae un 26,5% en términos reales.
El desmantelamiento de las políticas públicas y la inversión social se limpia área por área en indicadores brutales:
📉 CAÍDA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA (2023 vs 2027)
├── 🏠 Vivienda y Urbanismo: -99% (Prácticamente desaparece)
├── 🚰 Agua Potable y Cloacas: -93%
├── 🚧 Obra Pública General: -80% (De 2.300 obras federales solo quedan 199)
└── 📚 Educación y Cultura: -44%
Infancias y Prestaciones Sociales «a dedo»: El artículo 17 del proyecto elimina la actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares. Su valor quedará supeditado al criterio discrecional del Ejecutivo. Es una tendencia consolidada: los aumentos discrecionales ya perdieron un 50,5% de poder de compra desde 2023, sumado a una Tarjeta Alimentar que arrastró 23 meses de congelamiento.
En palabras de Saravia: «En el presupuesto se busca desvincular las prestaciones sociales de la inflación. Ese es todo un dato, porque si ellos que están buscando ajustar y deteriorar aún más los ingresos están planteando esta desvinculación, es porque ni ellos mismos creen en los datos que pusieron. Es algo gravísimo porque cuando se desvinculan las prestaciones de la inflación después quedan totalmente al criterio del gobierno según si la caja le cierra o no le cierra… y, a este gobierno, nunca le cierra. Si fuera así, que la inflación va a empezar siempre con cero, no tendrían problema en que las prestaciones estén vinculadas a la inflación. Bueno, ahí muestran la hilacha».
El ahogo a la Universidad Pública: El Presupuesto asigna 7,5 billones de pesos para las casas de estudio, frente a los 11 billones que el Consejo de Rectores calcula como el piso mínimo indispensable para funcionar (un agujero real del 32%). Esto agrava el frente laboral de un sector docente que arrastra una pérdida salarial del 25% en los últimos tres años.
Género y Salud Sexual borrados del mapa: El ajuste en esta función es del 89% abajo respecto a 2023. Programas insignia como el Acompañar y la Línea 144 perdieron sus cajas propias, licuándose en otras estructuras administrativas para evitar auditorías. El Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente cae un 30%, mientras que los fondos para la Educación Sexual Integral (ESI) sufrieron un recorte feroz del 98,5% (pasando de 2.052 millones a apenas 30 millones de pesos).
Discapacidad y la ruptura del arancel único: Los artículos 39 y 41 habilitan que las empresas de medicina prepaga y obras sociales rompan el nomenclador unificado y fijen de manera privada los aranceles con los prestadores. Saravia alerta sobre la crueldad de esta medida en los sectores populares: «Sigue con la misma lógica con la que el Gobierno está tratando todos los temas en general: esta cuestión de que las distintas negociaciones en acuerdos privados deja con mucha desprotección a quien no tiene el recurso. Lo que sucede precisamente con las prestaciones de discapacidad es que deja una negociación liberada… Bueno, se saca las manos a los que especulan y condiciona mucho a quien tiene que seguir algún tipo de tratamiento o alguna terapia. El nomenclador lo que hacía era unificar. No importaba qué tipo de paga tenías o qué tipo de obra social tenías. Creo que esta cuestión siempre de la desregulación es algo que ha sido una constante en el gobierno y que condiciona muchísimo. Tengo muchas compañeras que tienen a su cargo niños, niñas, adolescentes con distintos tipos de discapacidades y la verdad que es una tortura tener que estar consiguiendo lo que a veces uno dice es esencial, es lo más simple: Es la maestra para que esté con ese niño o niña en la escuela para que efectivamente se pueda acceder a la inclusión. A veces es la cardióloga, el traumatólogo, el kinesiólogo… No se puede estar jugando con estas cosas». A esto se le suma que el programa Incluir Salud cae casi un 14%.
Provincias asfixiadas, sobornos y la trampa del endeudamiento familiar
Uno de los ejes más graves es el impacto presupuestario sobre las provincias y cómo el ahogo financiero de la obra pública se traslada a los hogares. Al analizar la presión del Gobierno nacional sobre los gobernadores, Saravia puntualizó: «Realmente creo que todo el tiempo hubo una estrategia también de desfinanciar las provincias para después a algunas pagarles los favores. Intercambiar votos por obras o por algún tipo de dinero para alguna cuestión. En algunos casos también hasta incluso para alimentos… La idea de ellos es poder tener a los gobernadores más agarrados, poder tener más discrecionalidad de la que ya tiene el gobierno nacional.
A la provincia de Buenos Aires nos deben millones de pesos. Ya directamente ya no lo podemos calcular ni en miles de millones. Y eso después se ve en distintas cuestiones de la obra pública y de los alimentos. La discusión con el tema del acceso a la alimentación es terrible».
La contracara del retiro estatal es el avance del negocio usurero. «Nosotros recién estuvimos frente a las oficinas de Tarjeta Naranja. Porque la otra cara de toda esa situación de ajuste es el negocio que le dan a las billeteras virtuales y a los bancos con los préstamos. Porque acá cuando decimos que alguien pierde, cuando alguien pierde es porque alguien gana. Y me parece que también hay que denunciar todas estas cuestiones. Ellos han beneficiado mucho a estos empresarios que tienen que ver no con la producción, sino con los préstamos, con lo que llamamos el área de los bancos, de las billeteras virtuales», denunció la dirigenta, apuntando contra el Decreto 70/23 que desreguló los intereses.
En los barrios más vulnerables, el fenómeno adquiere características dramáticas vinculadas a la subsistencia:
«Se va pidiendo préstamos para pagar préstamos. Hay realmente una situación gravísima. Cada vez que hacemos estas actividades, te digo, yo vuelvo destrozada porque uno está acostumbrado a escuchar situaciones límite… pero a veces es como que uno dice: ¿y a cuánto? O sea, ¿a este nivel tenemos que llegar? Mientras hay sectores que se llenan de dinero, hay gente que labura, no le alcanza, y laburan más horas para tratar de resolver su situación, y mientras tanto vemos a Milei festejando, celebrando… no sabemos qué. Sí, sí sabemos qué. Sabemos que Caputo le va muy bien y su balance le da muy positivo y tiene toda la plata afuera, cuando le pide a la gente que saque la plata de abajo del colchón. Esta desigualdad tan profunda cada vez es peor».
A esto se suma el hostigamiento ilegal que sufren los deudores cotidianamente por parte de agencias privadas de cobro: «En el caso por ejemplo de Tarjeta Naranja, lo que pasó es que han dejado que vuelvan casi 900.000 deudas a empresas que son de cobranzas. Y lo que hacen es llamar a la gente, intimidar. Entonces, a esta situación de ajuste, de que la plata no te alcanza, si sumás que cuando vos no podés pagar una deuda hay alguien que te está amenazando… que llama a tus vecinos, a tu familia, que llama a tu trabajo. Todas cosas que son ilegales. Es un combo con la sociedad que realmente nos tiene muy mal».
Romper la culpa y escrachar a los que se esconden
Frente a la parálisis institucional y la persistencia de decretos y vetos, Saravia sostiene que la clave para forzar un retroceso del Ejecutivo pasa por visibilizar públicamente la crueldad del sistema. Para ello, están llevando adelante una activa campaña de denuncia en las sedes comerciales de las financieras.
«Nosotros ahora lo que estamos haciendo es hacer una campaña pública denunciando lo que pasa en las casas de las familias endeudadas, y lo que da mucha vergüenza contarlo. Es algo que hacen hasta sentir culpa frente a los demás. Pareciera que si uno pide un préstamo —una señora recién contaba que fue para comprar unos medicamentos para un tratamiento— pareciera que el error lo tiene uno. No que ellos están liberando para estafarte, para engañarte, para no darte el libre deuda, un montón de trampas que ponen en el medio. Entonces, hacer visible esto nos parece que es muy importante, porque es una manera también de que el gobierno modifique algunas de las cosas. No por convencimiento, sino porque ve que se deteriora su imagen», explicó.
La acción militante busca ponerle dirección y rostro a las corporaciones que lucran en la sombra digital: Mercado Pago y Tarjeta Naranja no tienen un cartel frente a sus oficinas. Es un edificio inmenso, nuevo, realmente hermosísimo… espectacular. Y bueno, evidentemente les va bien, ¿no? Hacen mucho dinero, pero no quieren que la gente sepa que ellos están ahí. Porque no te reciben en ningún lado, no te dan el libre deuda… De repente se les ocurre que debías un millón y pasás a deber 20 millones. No hay dónde reclamar porque se esconden, se esconden detrás de esas fachadas. Por eso nos parece tan importante también señalarlos y exigir que no se escondan, que muestren la cara. Necesitamos que las oficinas que defienden al consumidor intervengan con mayor potencia, con mayor decisión. Creemos que hay que irle sumando otros aspectos para que reculen por el costo social que tiene y que no les sea tan fácil toda esta estrategia que tienen».
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