En los primeros minutos de este viernes, el Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Con 42 votos a favor y 21 en contra, el oficialismo logró imponer modificaciones estructurales a una legislación que era modelo en derechos humanos, bajo una supuesta intención de «agilizar los procesos».
Sin embargo, detrás de las promesas de soluciones rápidas a crisis complejas se esconde un retroceso alarmante que desmantela el modelo de atención comunitaria y le vuelve a abrir las puertas a las lógicas del aislamiento y el encierro.
Analizar esta votación implica correr el velo de los discursos oficiales y denunciar cómo, bajo el pretexto de dar respuesta a las adicciones y las urgencias clínicas, se licúan las garantías fundamentales de las personas con padecimientos mentales.
El vaciamiento de la atención comunitaria y la vuelta al hospital psiquiátrico
El cuestionamiento principal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de diversos colectivos de profesionales se centra en que la reforma abandona el proceso de sustitución progresiva de los neuropsiquiátricos monovalentes que establecía la ley sancionada en 2010. Al debilitar la obligación de construir una red comunitaria de atención —centrada en hospitales generales, casas de medio camino y centros de día—, la nueva normativa desplaza el eje terapéutico y reubica el «ojo clínico» en la internación en instituciones psiquiátricas especializadas, tanto públicas como privadas.
Este cambio de paradigma debilita también los mecanismos de control, dejando prácticamente inerme al Órgano de Revisión Nacional. Al modificar los estándares de intervención y reemplazar la exigencia de un «riesgo cierto e inminente» por un concepto mucho más vago como el de «riesgo grave», se amplían peligrosamente los márgenes de discrecionalidad.
A partir de ahora, la internación involuntaria en una emergencia podrá ser resuelta por la firma de un solo médico, eliminando la exigencia inicial del abordaje interdisciplinario obligatorio para la toma de esa decisión tan drástica sobre la libertad de una persona.
Provincias asfixiadas: la trampa de un federalismo sin billetera
La tensión más fuerte durante el debate legislativo estuvo cruzada por el financiamiento del sistema de salud. Senadores de diversas provincias aliadas al oficialismo y de bloques opositores advirtieron que la ley carga a las jurisdicciones locales con nuevas y complejas responsabilidades de atención sin garantizar los fondos necesarios para llevarlas a cabo de manera digna.
En una Argentina donde el presupuesto nacional de salud destinado al área mental históricamente apenas ronda el 2%, la promesa de un esquema de «cooperación económica mediante convenios bilaterales» suena más a una desresponsabilización del Estado nacional que a una solución real.
Especialistas e integrantes del sistema de salud coincidieron en que el problema de la ley vigente no radicaba en sus principios comunitarios, sino en el sistemático desinterés de los gobiernos por financiarla.
Es mucho más fácil y económico para el Estado habilitar el encierro o autorizar teleconsultas psiquiátricas remotas ante la falta de especialistas en el interior del país, que invertir recursos reales en la creación de centros de día, acompañamientos domiciliarios e inclusión laboral. La incorporación formal de consumos problemáticos como la ludopatía dentro del sistema se vuelve una declaración de buenas intenciones vacía si los centros asistenciales de las provincias se encuentran desmantelados y sin insumos.
La hipocresía de la prevención a base de aislamiento
El cierre del debate estuvo marcado por defensas encendidas que intentaron justificar la reforma asociando de forma prejuiciosa los padecimientos mentales con la criminalidad o la violencia pública. Estos argumentos corporativos no hacen más que estigmatizar a una población que, estadísticamente, es mucho más propensa a sufrir violencias que a ejercerlas.
Pretender resolver crisis de salud mental mediante la institucionalización forzada y prolongada —fijando límites de hasta 180 días antes de que se active un control judicial de oficio— no es hacer prevención; es ocultar el problema social debajo de la alfombra de los laboratorios y el aislamiento.
La media sanción del Senado traslada ahora la discusión a la Cámara de Diputados, donde los movimientos de derechos humanos y las organizaciones de usuarios darán batalla para frenar un proyecto de ley que nos atrasa décadas en materia de salud comunitaria.
La palabra escrita debe servir para armar puentes de inclusión y contención afectiva; retroceder hacia las viejas lógicas del manicomio es, en definitiva, condenar a los sectores más vulnerables a vivir encerrados en los márgenes de la desidia estatal.
