El paraje rural de Higuera Vieja, cercano a Copacabana, se convirtió esta semana en el escenario de una tragedia que no puede leerse bajo la simplista lente de la sección de policiales tradicionales. El asesinato de Lautaro Córdoba, un adolescente de apenas 16 años, desnudó una vez más los mecanismos más perversos de la violencia machista: el uso de los hijos como armas de destrucción psicológica contra las madres.
El caso, que actualmente investiga la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes a cargo de la Dra. Analía Cepede, comenzó de la manera en que inician cientos de bitácoras de terror cotidiano. Antonella Torres, tras sufrir agresiones físicas y verbales extremas durante la madrugada, fue expulsada de su propia vivienda por su pareja, Hermenegildo Acosta (35). Sola, desamparada y en una zona rural aislada, Antonella tuvo que caminar a pie durante tres agónicas horas para llegar a un destacamento policial y pedir ayuda.
Sin embargo, el tiempo institucional de la burocracia y la falta de refugios rurales inmediatos jugaron a favor del agresor. Mientras la mujer formalizaba su denuncia e intentaba activar las alertas para proteger a sus hijos, Acosta —junto a su propio hijo biológico de 17 años— ejecutaba una venganza atroz. Lautaro, hijo de Antonella pero sin vínculo biológico con el agresor, fue brutalmente atacado en el patio del establecimiento y asesinado. La fiscalía investiga tres posibles elementos utilizados en el hecho: una maza, cuchillas de carnicero y un arma de fuego, reflejando el ensañamiento y la alevosía aplicados en el patio de la vivienda.
La propia fiscal Cepede no dudó en encuadrar el trasfondo bajo una hipótesis clara: «Si podemos vincular que él, cuando observa que ella se va, le manifiesta que iba a tomar represalias si lo denunciaba, y simultáneamente agrede al hijo de ella, estamos hablando de lo que es un femicidio transversal».
Esta figura legal, también tipificada en la psicología forense como «femicidio vicarial», es el castigo máximo que el patriarcado reserva para las mujeres que deciden romper el silencio y denunciar. Ante la pérdida de control sobre el cuerpo y la vida de la mujer, el agresor busca el daño definitivo, aquel del que no se puede regresar jamás. El asesino no buscaba librarse de Lautaro; buscaba arrebatarle a Antonella su razón de vivir. Las delirantes declaraciones iniciales de Acosta ante su detención, alegando supuestas «posesiones demoníacas», intentan desviar el foco de lo que es una conducta planificada y netamente aleccionadora.
Las estadísticas nacionales en Argentina respaldan que estos hechos no son brotes psicóticos aislados, sino emergentes estructurales.
De acuerdo con datos consolidados de observatorios como La Casa del Encuentro y MuMaLá, decenas de niños y varones afines son asesinados cada año bajo la modalidad de femicidio vinculado. El hogar, lejos de ser un espacio seguro, sigue concentrando más del 65% de los crímenes por motivos de género, y el aislamiento de las zonas rurales triplica la desprotección de las víctimas ante la carencia de dispositivos de asistencia inmediata.
El crimen de Lautaro Córdoba nos obliga a reflexionar de manera urgente sobre la efectividad de las rutas de denuncia. No alcanza con instar a las mujeres a que expongan a sus violentos si el Estado las va a dejar caminando tres horas por una ruta de tierra profunda mientras sus hijos quedan a merced del verdugo. La perspectiva de género en la justicia y la seguridad rural no es un debate abstracto; es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas del día a la Línea 144 en todo el país, o por WhatsApp al 11-2771-6463.
