El brutal femicidio de Bárbara Camila Aragón (26 años) expone una vez más la desprotección estructural, la complicidad del entorno y la violencia patriarcal ejercida por miembros —o exmiembros— de las fuerzas de seguridad. El cuerpo de la joven, madre de dos niñes y oriunda de Villa Gobernador Gálvez, fue hallado el domingo 11 de octubre en una pensión de la calle Juan José Paso al 6200, en el barrio Empalme Graneros de Rosario. Su cadáver estaba envuelto en una frazada en una habitación de la planta alta.
El único detenido es Eliel Gerónimo Noel Schiffo (37 años), un expolicía santafesino exonerado y condenado por narcotráfico, quien pasó más de 24 horas conviviendo con el cuerpo.
Las novedades surgidas de la investigación penal a cargo de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, arrojan datos escalofriantes que exigen una lectura con profunda perspectiva de género.
Las claves políticas y judiciales del caso
La autopsia y la saña del agresor: El informe forense preliminar del Instituto Médico Legal determinó que Bárbara murió por asfixia.
Las primeras inspecciones revelaron que presentaba escoriaciones y traumatismos en el rostro, el cuello, las piernas y la espalda. La principal hipótesis fiscal sostiene que Schiffo la atacó sujetándola con sus manos del cuello tras negarse a pagarle por sus servicios, ya que Bárbara ejercía el trabajo sexual. Para resguardar la acusación, la fiscalía ordenó peritajes complementarios previos a la audiencia imputativa.
El pedido de auxilio ignorado: El sábado por la mañana, Schiffo le transfirió 14.000 pesos a la víctima para costear el remís desde su localidad hasta la pensión. Minutos después de ingresar al lugar, Bárbara presintió el peligro y le envió un mensaje de WhatsApp al chofer pidiéndole con urgencia que regresara a buscarla.
El remisero volvió al lugar y tocó bocina repetidas veces, pero ante la falta de respuesta y la imposibilidad de ingresar, se retiró. Fue su testimonio posterior, rastreado por las amigas de Bárbara en redes sociales, lo que guio a la policía a allanar la pensión el domingo.
La impunidad de un exuniformado «intocable»:
El perfil del femicida demuestra los nexos entre las economías criminales y la violencia de género más violenta. Schiffo fue detenido en 2019 transportando cocaína y condenado en 2021 a seis años de prisión en un juicio abreviado que firmaron otros policías de la provincia.
A pesar de la condena, en julio de 2024 volvió a ser demorado en Rosario mientras circulaba con ropa e insignias policiales oficiales, un arma blanca y una réplica de pistola, recuperando la libertad de forma exprés. Esa red de impunidad y el desprecio por la vida ajena se tradujeron en su actitud tras el crimen: los testigos relataron que el domingo a la noche, mientras ocultaba el cadáver en su cuarto, bajó a la planta baja a comprar una pizza y les ofreció cenar a los dueños de la pensión con total normalidad.
El grito de la familia: Pacto de silencio y encubrimiento
El entorno familiar de Bárbara, encabezado por su madre Blanca, se movilizó en Villa Gobernador Gálvez para exigir una condena a prisión perpetua. Sin embargo, el reclamo comunitario apunta de manera directa a desarmar el entramado de encubrimiento dentro del inmueble.
Al momento del operativo de rescate del Comando Radioeléctrico, en el departamento de la planta alta había más personas presentes compartiendo el espacio a pocos metros de donde estaba el cuerpo.
«Donde estaba el cuerpo había más personas en ese mismo lugar, hasta estaban en un rincón. El cuerpo estaba ahí y no se puede entender que haya un solo detenido», denunció el círculo íntimo de la joven.
Para la familia, existió una complicidad y una omisión flagrante por parte de los demás habitantes de la pensión que decidieron callar ante el horror.
Este crimen no es un hecho aislado, sino como la consecuencia directa de un sistema que precariza las vidas de las jóvenes de las barriadas populares, empujándolas a situaciones de extrema vulnerabilidad. Cuando los agresores portan o portaron la chapa de las fuerzas de seguridad, el desprecio por la autonomía de las mujeres se potencia bajo el amparo de la impunidad corporativa.
