El mercado laboral argentino no está atravesando una transición; está sufriendo un vaciamiento estructural.
Según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet, el empleo asalariado formal en el sector privado acumuló su decimocuarto mes consecutivo de contracción.
La cifra es demoledora: desde noviembre de 2023 se destruyeron 370.000 puestos registrados en total, con una pérdida de 155.000 empleos solo en el último año.
Detrás del frío dato estadístico hay proyectos de vida truncos, dinámicas familiares rotas y un traspaso forzado hacia la informalidad y la precarización que golpea de forma asimétrica.
Mientras la narrativa oficial celebra un presunto crecimiento neto del 2,2% en la actividad global, el mercado laboral real muestra un preocupante desacople: la economía de unos pocos se recupera a costa de la expulsión y el empobrecimiento masivo de la fuerza de trabajo registrada.
El fondo del pozo: salarios por debajo de la crisis de 2001
El dato más alarmante del informe técnico del IIEP radica en la demolición programada de los ingresos mínimos. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedó fijado nominalmente en $383.800. Si bien detuvo su caída mensual nominal, su poder adquisitivo real acumuló un desplome del 40,8% en la actual gestión.
Con esta contracción, el haber mínimo real se ubicó por debajo de la línea histórica de la crisis del 2001, alcanzando su valor más bajo desde junio de 2003. Hoy por hoy, el salario básico de un trabajador argentino representa apenas un tercio (-67,1%) de su máximo histórico registrado en septiembre de 2011.
El piso legal de derechos ya no garantiza las condiciones básicas de reproducción de la vida, transformando el empleo en blanco en una frontera difusa donde tener trabajo ya no es garantía para salir de la pobreza.
El mapa de la destrucción sectorial y territorial
La recesión golpea con saña los pilares de la clase trabajadora urbana y los espacios tradicionalmente ocupados por mujeres e identidades feminizadas:
Industria y Comercio a la cabeza: Estos dos sectores lideran de forma ininterrumpida la destrucción absoluta de empleo. La industria manufacturera arrastra variaciones mensuales negativas en 33 de los últimos 35 meses, acumulando una pérdida de casi 95.000 empleos privados. En julio, el comercio eliminó otros 3.800 puestos y la industria 2.800 de manera neta.
El retroceso en casas particulares: El sector de trabajadoras de casas particulares sufrió la pérdida de otros 1.100 puestos, profundizando un retroceso del 4,7% desde fines de 2023 y una contracción del 11,6% respecto de su máximo histórico. Se trata de uno de los sectores más vulnerables y feminizados de la economía, donde el ajuste impacta directamente en el sostén cotidiano de los hogares monoparentales.
Brecha geográfica y el enclave extractivo: La provincia de Buenos Aires cargó con el 66% de la destrucción neta del mes (8.000 puestos menos). En el extremo opuesto, Neuquén y Río Negro se consolidan como las únicas dos jurisdicciones del país con saldos positivos frente a noviembre de 2023. La razón no es un bienestar generalizado, sino el dinamismo focalizado del enclave petrolero de Vaca Muerta, lo que expone una Argentina partida: mientras el extractivismo corporativo crece, el tejido social industrial y comercial se desangra.
Disciplinar por el bolsillo: el incremento del monotributo
La precarización laboral no es un desajuste técnico, sino una herramienta de disciplinamiento social. Ante la caída del empleo en relación de dependencia con cobertura social y aguinaldo, la respuesta obligada del sistema es la expansión del monotributo y las plataformas de servicios de entrega a domicilio.
Llamar a esto «libertad laboral» es perverso. El traspaso de puestos formales a modalidades precarizadas desmantela la organización sindical, diluye la responsabilidad empresarial y traslada todo el riesgo económico a las espaldas de las trabajadoras individuales.
Con salarios públicos que aún corren un 15,3% por detrás de fines de 2023 y un salario mínimo en mínimos históricos, la urgencia no radica en salvar las acciones de las grandes empresas, sino en frenar la devaluación planificada de nuestras vidas.
La brecha invisible: cómo el ajuste se ensaña con las mujeres y disidencias
La fría estadística de la destrucción del empleo registrado suele presentarse como un fenómeno neutral, pero tiene un sesgo de género inocultable.
En contextos de recesión profunda, la pérdida de puestos formales empuja masivamente a las mujeres, lesbianas, travestis y trans hacia los márgenes de la informalidad o el desempleo abierto. No es casualidad que el sector de trabajadoras de casas particulares —uno de los espacios más feminizados y precarizados de la economía— registre un retroceso sostenido del 4,7% desde finales de 2023.
Cuando las clases medias ven recortados sus ingresos por la inflación, el primer eslabón de ajuste doméstico suele ser el salario de la trabajadora del hogar, destruyendo el sustento de miles de jefas de hogar monoparentales que carecen de indemnizaciones o redes de contención efectivas.
Esta expulsión del mercado registrado desata un efecto dominó que profundiza las desigualdades estructurales. Al perderse el empleo formal, se dinamita el acceso a la obra social y a los aportes jubilatorios, precarizando el presente y el futuro de las identidades feminizadas.
Ante la falta de alternativas, las mujeres y disidencias se ven obligadas a refugiarse en el subempleo, la venta ambulante, el cuentapropismo desregulado o las economías de cuidado comunitario, donde las jornadas son extenuantes y los ingresos no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos.
Mientras el empleo registrado se desmorona, la carga del trabajo no remunerado —limpieza, cuidado de infancias y asistencia a adultos mayores dentro del hogar— se duplica en las espaldas de las identidades feminizadas, quienes deben hacer malabares para estirar presupuestos familiares devaluados. Es fundamental señalar que la precarización y el derrumbe del salario mínimo a niveles históricos no golpean a todos por igual: constituyen una forma de violencia económica estatal y corporativa que discipline, de manera prioritaria, los cuerpos y las vidas de las trabajadoras.
