La Cámara Nacional de Casación Penal dictó un fallo histórico que redefine el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género en contextos de asimetría de poder. Al revocar el sobreseimiento de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, el tribunal dispuso que la causa avance a juicio oral con la mayor celeridad posible.
Esta decisión no solo reactiva una investigación judicial paralizada. También envía un mensaje contundente a las estructuras políticas: el poder institucional y los privilegios de los gobernantes ya no sirven como escudo para la impunidad ante los delitos contra la integridad sexual.
La vulnerabilidad de la víctima frente al aparato estatal
El fallo de Casación, respaldado por los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, repara una grave injusticia procesal previa. En febrero pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 16 había apartado a la denunciante, Melody Rakauskas, y sobreseído a Espinoza bajo el argumento de una supuesta «falta de acción».
La perspectiva de género aplicada por la Cámara alta permitió entender que la «actitud reticente» de la joven no era desinterés. Era la consecuencia directa de una situación de extrema vulnerabilidad e «indigencia letrada», tras quedarse sin abogado defensor en la víspera de las fiestas de fin de año y de la feria judicial. El sistema pretendía exigirle a una ciudadana común la misma velocidad de respuesta institucional que posee un barón del conurbano, ignorando la desigualdad real entre las partes.
El costo de denunciar a un varón del poder
El testimonio de Melody Rakauskas expone el calvario sistémico al que se enfrentan las mujeres que deciden romper el silencio frente a figuras públicas de alto rango:
Redes de complicidad: La denunciante señaló que Espinoza no actuó solo, involucrando también a su expareja, Gustavo Cilia.
Acoso e intimidación: Rakauskas denunció vigilancias frente a su casa, denuncias falsas en su contra y persecución en aeropuertos locales e internacionales para forzarla a retirar la demanda.
Violencia institucional y desprecio: Tras renunciar a su puesto como secretaria del municipio, la víctima relató haber buscado una disculpa, recibiendo únicamente burlas por parte del funcionario.
El fin de la inmunidad política
Históricamente, los cargos públicos han funcionado como feudos de protección donde las denuncias por violencia machista se diluyen en los pasillos de los tribunales. La resolución de Casación quiebra esa lógica de privilegios corporativos.
Gobernar uno de los municipios más poblados del país no otorga inmunidad corporal ni penal.
El avance de esta causa hacia un juicio oral demuestra que la protección del partido gobernante y el control territorial no pueden estar por encima de los derechos humanos de las mujeres.
La igualdad ante la ley debe dejar de ser un enunciado constitucional para convertirse en una práctica real, donde quienes ejercen el poder respondan por sus actos en el mismo banquillo que cualquier otro ciudadano.
