El sistema judicial argentino acaba de firmar una de sus páginas más oscuras y vergonzosas. En un fallo dividido que desató una ola inmediata de repudio social, la mayoría del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tierra del Fuego declaró extinguida por prescripción la acción penal contra Ramón Ángel Abregú, disponiendo su sobreseimiento definitivo y ordenando su inmediata libertad. Se trata del criminal que en el año 2000 asesinó de cuatro balazos a su esposa embarazada, cumplió una mínima parte de la condena, se fugó y esperó oculto en la clandestinidad a que «venciera» el reloj de la justicia para volver a entregarse con total impunidad.
La polémica y aberrante resolución lleva nombre y apellido. Fue dictada gracias a los votos de la mayoría integrada por los jueces María del Carmen Battaini, Javier Muchnik y Sergio Diéguez. Estos tres magistrados priorizaron una interpretación puramente técnica y formalista del Código Penal por sobre el derecho humano fundamental a la justicia, la perspectiva de género y los compromisos internacionales de protección a las mujeres.
La cronología de la impunidad perfecta
El doble crimen ocurrió el 23 de enero de 2000 en la ciudad de Río Grande, cuando Abregú ingresó de forma violenta a un consultorio de la clínica Cemep y ejecutó a quemarropa de cuatro disparos a su expareja, Eva Azulina Falcon, quien cursaba un avanzado embarazo. En septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Juicio lo condenó a 20 años de prisión bajo los cargos de homicidio simple en concurso ideal con aborto preterintencional.
Sin embargo, el 15 de febrero de 2001, tras pasar apenas unos meses tras las rejas, el asesino logró escapar de la unidad penitenciaria fueguina. Cruzó escondido en un camión hacia Chile y se refugió durante 22 años en la clandestinidad en el norte de la Argentina. El colmo del cinismo judicial ocurrió en octubre de 2023: sabiendo que el plazo legal de su condena (20 años) ya había transcurrido mientras él violaba la ley estando prófugo, Abregú se presentó voluntariamente ante la justicia para exigir su certificado de libertad.
El blindaje de los jueces Battaini, Muchnik y Diéguez
Para justificar la liberación del femicida, los jueces Battaini, Muchnik y Diéguez argumentaron de forma insólita que durante las más de dos décadas en las que Abregú burló a las fuerzas de seguridad, la causa penal «permaneció sin avances» y no existieron actos procesales con capacidad legal para interrumpir los plazos de prescripción, amparándose en el precedente «Ilarraz» de la Corte Suprema nacional. En términos prácticos, el mensaje que envían estos tres integrantes del TSJ es devastador: si un asesino es lo suficientemente hábil para esconderse de las autoridades el tiempo necesario, el Estado lo premia borrando sus crímenes y otorgándole la libertad.
La única voz de cordura en el máximo tribunal fue la del magistrado Ernesto Löffler, quien votó en minoría y disidencia. Löffler destrozó el argumento de sus colegas al advertir que convalidar esta prescripción implica «perpetuar patrones socioculturales vinculados con la desigualdad y la violencia basada en la condición de mujer». Asimismo, remarcó que el fallo incumple de forma directa los tratados de derechos humanos asumidos por el país y reduce la sanción a la violencia machista a una mera formalidad simbólica.
Hoy, a los 74 años, el asesino de Eva Azulina Falcon y de su hijo por nacer camina libre gracias a una firma judicial que consagra la impunidad total en Tierra del Fuego.
