A un año de la insistencia del Congreso, la gestión libertaria desobedece los fallos judiciales que ordenan financiar el sector. Con deudas millonarias en el programa Incluir Salud y más de 220.000 pensiones intencionalmente freezadas, el ajuste se ensaña con los más vulnerables mientras los tribunales consienten el desacato oficial.
El desprecio por la institucionalidad y la insensibilidad social encontraron un punto de convergencia perfecto en la política sanitaria del gobierno de Javier Milei. A exactamente doce meses de que el Congreso de la Nación aprobara por mayoría absoluta —y luego ratificara por dos tercios tras un veto presidencial— la Ley de Emergencia en Discapacidad, la norma se ha convertido en letra muerta. El Poder Ejecutivo ejecuta un «veto de hecho» mediante el ahogo financiero y el incumplimiento liso y llano de la ley. Lo más grave, sin embargo, ocurre en los pasillos de Comodoro Py y los juzgados federales: la Justicia amontona cautelares a favor de las familias, pero no aplica ninguna sanción efectiva ante el sistemático desacato de la Casa Rosada.
El panorama para los hogares, centros de día y transportistas es terminal. El programa estatal Incluir Salud mantiene deudas arrastradas que, según auditorías del sector, superan ampliamente los 70.000 millones de pesos. El mecanismo de la crueldad es cíclico: el Estado asfixia a las instituciones durante meses, corta las cadenas de pago hasta llevarlas al borde de la quiebra y luego libera partidas miserables a cuentagotas para evitar un colapso total inmediato. «Te pone la soga al cuello, te aprieta, te suelta y te vuelve a ahogar», grafican los directores de hogares que sostienen a niños con patologías severas gracias a deudas propias y donaciones.
La trampa de los aranceles licuados y el transporte paralizado
La Ley de Emergencia en Discapacidad establecía una recomposición retroactiva urgente de los aranceles profesionales, congelados durante todo el período de alta inflación previo, calculada en un piso del 40%. La administración de La Libertad Avanza decidió ignorar ese pasivo histórico. Si bien la Secretaría de Discapacidad (ex ANDIS, actual SENADIS) aplica actualizaciones mensuales basadas en el IPC del INDEC, lo hace sobre una base destruida. El resultado es una pérdida drástica de la calidad de atención: los profesionales renuncian ante salarios de miseria y los centros de día deben recortar sus jornadas de cinco a tres días semanales, desorganizando por completo la vida de las familias trabajadoras.
El sector del transporte especial directamente ingresó en una fase de parálisis técnica. El Gobierno se niega a realizar el estudio de costos operativos que exige la ley. En las rutas y calles argentinas, la ecuación es matemáticamente imposible: un transportista percibe apenas $865 por kilómetro recorrido para trasladar a pacientes en sillas de ruedas, mientras que el litro de combustible ya perforó la barrera de los $2.300. Quienes no suspendieron los servicios lo hacen asumiendo pérdidas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de las unidades.
Ajustar al eslabón más débil: 227.000 pensiones en el limbo
La cara más descarnada de la motosierra libertaria se evidencia en el área de pensiones no contributivas por invalidez. Para el Ministerio de Capital Humano, los derechos consagrados son catalogados bajo la categoría de «fraude». Bajo esa premisa ideológica, la gestión actual no solo dio de baja más de 110.000 pensiones preexistentes, sino que bloqueó el acceso a los nuevos solicitantes mediante una estrategia burocrática perversa: el congelamiento de expedientes.
De acuerdo a datos oficiales procesados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), existen 227.354 personas ciegas, sordas o con discapacidades intelectuales y motrices severas cuyos trámites están paralizados. El 95% de las solicitudes iniciadas bajo el mandato de Milei fueron archivadas en un limbo administrativo. El Gobierno no las rechaza de manera formal —lo que habilitaría una ola inmediata de amparos judiciales—, sino que opta por la crueldad de la no-respuesta, privando a miles de familias de un ingreso de subsistencia básico en un contexto de desregulación de precios de medicamentos y alimentos.
Una Justicia que otorga derechos pero no los hace cumplir
La persistencia del colectivo de familias logró hitos legales que en cualquier República normal hubieran frenado el ajuste. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una medida cautelar contundente que obliga al Poder Ejecutivo a dotar de fondos presupuestarios de forma inmediata a la Emergencia en Discapacidad, tras el amparo presentado por un matrimonio con hijos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Resoluciones similares se replicaron en provincias como Córdoba, donde las movilizaciones forzaron fallos que exigen la regularización de las partidas de Incluir Salud.
Sin embargo, el Gobierno nacional ignora los fallos con total impunidad. El Ministerio de Salud y la SENADIS desoyen las órdenes de los magistrados sin recibir a cambio multas severas (astreintes), embargos de cuentas públicas o denuncias penales por desobediencia a un funcionario público.
La Justicia argentina se limita a firmar papeles políticamente correctos para resguardar su propia imagen, pero actúa como cómplice por omisión al no activar los mecanismos de fuerza que la ley le otorga para hacer cumplir sus sentencias. Mientras los plazos procesales se dilatan en apelaciones infinitas conducidas por los abogados del Estado, las instituciones cierran, los profesionales emigran y las personas con discapacidad quedan desamparadas a la intemperie del mercado.
