Con un avance del 65% y 690 millones de dólares de fondos públicos invertidos, el primer reactor 100% argentino hoy se oxida entre inundaciones, despidos y espionaje técnico. Mientras los científicos emigran por salarios de miseria, corporaciones privadas vinculadas a aportantes de Trump se quedan con el «know-how» nacional con el aval de la CNEA.
El desarrollo tecnológico de vanguardia en la Argentina ya no se destruye con un tractor sobre los laboratorios; hoy se ejecuta mediante el ahogo presupuestario, el abandono de la infraestructura y resoluciones administrativas que abren las puertas a capitales extranjeros bajo la modalidad de remate. El caso testigo de esta política es el CAREM 25, el prototipo del primer reactor modular pequeño de diseño íntegramente nacional. Una innovación estratégica nacida en democracia que ubicaba al país a la vanguardia global y que hoy, literalmente, se pudre bajo el agua en Lima, Zárate.
Al asumir Javier Milei la presidencia, el proyecto mostraba un estado de avance civil del 80% y un 65% del desarrollo total. Con los componentes más complejos ya adquiridos, su puesta en marcha estaba prevista para 2028.
Hoy, la realidad del predio es desoladora: varios metros de agua se acumulan en el cilindro central de acero que debe contener el reactor debido a la falta de presupuesto para bombas de achique. Los pastizales tapan las obras civiles tras el corte de pago a las contratistas, y la turbina de vapor —la pieza más costosa de todo el balance de planta (BoP)— descansa a la intemperie cubierta apenas por una lona desgastada.
El costo del remate: un desfalco de USD 690 millones en favor de privados
El argumento oficial de que el freno al desarrollo nuclear responde a una necesidad de «ahorro fiscal» choca de frente con la realidad financiera del proyecto. La paralización y eventual privatización del CAREM 25 no representa un ahorro, sino una pérdida patrimonial directa y multimillonaria para el Estado argentino, estructurada bajo los siguientes ejes económicos:
- Pérdida de capital hundido: Los 690 millones de dólares ya invertidos por todos los ciudadanos argentinos corresponden a «capital hundido». Al detener las obras y dejar que los componentes se oxiden o inunden, el valor de estos activos se deprecia a cero. Si una empresa privada asume el control mediante el «SuperRigi», se apropiará de una infraestructura clave prácticamente gratis, usufructuando una inversión que ya pagó el pueblo argentino.
- Destrucción del Valor Humano Formado: Un tecnólogo o ingeniero nuclear senior requiere entre 10 y 15 años de formación específica financiada por el Estado a través de becas, universidades y costosas certificaciones internacionales dictadas por un puñado de empresas del exterior. Al forzar la renuncia de estos equipos mediante salarios de miseria (que apenas arañan el millón de pesos), el Estado le regala a corporaciones privadas como Meitner Energy un activo intangible valuado en decenas de millones de dólares en «know-how», sin que estas firmas hayan gastado un solo peso en su capacitación.
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Lucro cesante en un mercado global multimillonario: El CAREM 25 no es un gasto; es una unidad de negocios de alta rentabilidad. El mercado global de los reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) está en plena expansión y se estima que moverá miles de millones de dólares en la próxima década para abastecer a ciudades alejadas o polos mineros. Al bajarse de la carrera, Argentina renuncia a exportar reactores llave en mano, vender servicios de mantenimiento tecnológico y comercializar patentes, resignando ingresos genuinos en divisas que hubieran saneado la economía nacional de forma soberana.
Sabotaje informático y la «feria de ofertas» oficial
El abandono físico y financiero es apenas la superficie de una entrega estructural profunda. En los últimos meses, el proyecto CAREM sufrió un hackeo masivo que vulneró años de propiedad intelectual y desarrollo científico confidencial. Lejos de blindar los activos, la actual conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) formalizó la vulnerabilidad.
A través de una orden oficial interna que circuló por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), autorizada por la Presidencia de la CNEA y el gerente administrativo Juan Ignacio Bruera —un contador ajeno al sector científico—, se dio luz verde a cualquier «visita» vinculada a potenciales Iniciativas Privadas. La norma permite que personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, accedan a información, planos, documentación técnica asociada, yacimientos e infraestructura bajo custodia de la comisión. «Es una orden grave. Abrieron una feria para que vengan a ver qué les gusta y llevárselo de oferta», denunció Carolina Ayala, investigadora del laboratorio de residuos nucleares del Centro Atómico Bariloche.
El éxodo forzado y el desembarco de Meitner Energy
La estrategia oficial combina el vaciamiento de las instalaciones con la destrucción planificada del poder adquisitivo de los tecnólogos. Con científicos altamente calificados percibiendo salarios por debajo de la línea de la pobreza, el sector privado corporativo comenzó la cosecha del capital humano que el Estado argentino financió y formó durante décadas.
La principal beneficiaria de esta fuga de cerebros es Meitner Energy, una firma de capitales iraníes radicados en Estados Unidos y conocida aportante a la campaña de Donald Trump. Al amparo de los beneficios impositivos y aduaneros del «SuperRigi», Meitner instaló oficinas en Buenos Aires y Bariloche. El traspaso de mandos es explícito: exgerentes de la CNEA, la subgerenta de Diseño Nuclear y Mecánico, y los jefes de las áreas de Procesos y Electricidad renunciaron al organismo público para migrar a la firma privada con salarios hasta diez veces superiores, llevándose consigo a sus equipos enteros de ingenieros experimentados.
Investigadores del Centro Atómico Ezeiza denunciaron que personal de Meitner ingresó sin restricciones a áreas críticas y de alto nivel de confidencialidad, vinculadas de manera directa a los mecanismos de control del ciclo de combustible nuclear.
El fin del ciclo soberano del uranio
La parálisis del CAREM 25 no es un hecho aislado, sino un eslabón en la desactivación del ecosistema atómico nacional. Políticas idénticas de desfinanciación afectan al reactor multipropósito RA-10 —clave para la producción de radioisótopos médicos— y al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, la planta de enriquecimiento de uranio en Río Negro.
Con el freno de estas plataformas, el gobierno de La Libertad Avanza retira formalmente a la Argentina del selecto grupo de las ocho naciones del mundo capaces de completar de forma autónoma el ciclo del uranio, desde su extracción minera hasta su enriquecimiento industrial. Lo que los técnicos del sector califican como un «crimen a cielo abierto» representa la pérdida voluntaria de una carrera tecnológica global frente a más de un centenar de proyectos internacionales en un contexto geopolítico donde la energía y la transición tecnológica son recursos críticos de soberanía.
