El periodismo en la Argentina de hoy padece una ceguera selectiva. Un federalismo de cartón que, lejos de integrar, aísla a las provincias y sepulta bajo el manto de la indiferencia los atropellos que ocurren lejos de las luces porteñas. El caso de Mabel, conocida en el activismo de San Luis como «lanegra Redona», es el reflejo perfecto de este síntoma. Una activista social e histórica defensora de los derechos humanos en su provincia hoy se encuentra acorralada por el hostigamiento judicial, en un hecho que expone el sutil pero feroz engranaje de la «revancha patriarcal» regional. Sin embargo, su historia apenas cruza las fronteras puntanas.
Esta desconexión no es un accidente, sino una consecuencia directa del desmantelamiento de la estructura comunicacional del país. Si esta grave denuncia judicial llegara hoy a oídos de todos, sería gracias a la capilaridad que alguna vez tuvo la agencia nacional de noticias Télam y a una red de medios públicos e independientes federales que este gobierno decidió llevarse puestos. Hoy, con esos canales de comunicación destruidos o asfixiados, lo que pasa en las provincias se queda en las provincias, garantizando una impunidad silenciosa para quienes usan el aparato judicial como un látigo de disciplinamiento.
Poner el cuerpo donde el Estado se ausenta
La historia de lanegra Redona nos llegó gracias a la cobertura del medio alternativo y comunitario La Bulla, de San Luis. A través de su portal y del estreno de la columna radial «Abogando Perspectivas» —conducida por las abogadas Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín—, se encendieron las alarmas: a Mabel pretenden sentarla en el banquillo de los acusados por supuestas «calumnias e injurias».Mabel es de esas compañeras indispensables. Escritora, militante feminista y defensora de los derechos humanos, ha sido una de las caras visibles en las calles puntanas exigiendo justicia en causas de enorme gravedad, como la desaparición de la niña Guadalupe Lucero o los juicios de Memoria, Verdad y Justicia. Es, en palabras de sus abogadas, quien sostiene lo que las instituciones abandonan: la escucha, el acompañamiento y el amparo a víctimas de violencia machista que llegan solas, asustadas y desamparadas.Hoy, la acusan de criminalizar y perseguir a través de la palabra.
Las abogadas Pereyra Jameson y Marín son contundentes en su diagnóstico, al cual adherimos con absoluta convicción: esto es una estrategia de desgaste como forma de disciplinamiento. El objetivo de estas denuncias por injurias no es encontrar una verdad jurídica, sino cansar, agotar los recursos, infundir miedo y sembrar la duda. El mensaje de fondo es intimidatorio: «Si te involucrás, vas a pagar un costo». Es el mundo del revés, donde la activista que visibiliza el conflicto pasa a ser la peligrosa, y quienes deberían dar explicaciones se disfrazan de víctimas.
La red en las redes: la solidaridad que el algoritmo no puede callar
Frente al cerco informativo de los grandes medios comerciales y la ausencia de agencias federales, la resistencia se mudó a los territorios digitales. Tras la publicación de La Bulla, las redes sociales se transformaron en un comité de solidaridad inmediato.En plataformas como Instagram, diversas organizaciones sociales y colectivas de San Luis (como la Colectiva Aguasfiestas y activistas independientes) salieron a blindar a la militante. Consignas como «si la tocan a la negra qué quilombo se va a armar» y «basta de perseguir y criminalizar a las luchadoras populares» inundaron las publicaciones, demostrando que el tejido social y afectivo de la militancia sigue vivo y atento.
Como bien sintetizó la abogada Estrella Marín: «Cuando intentan romper una red, la respuesta tiene que ser construir una red todavía más fuerte».
El peligro de romper los puentes
Acompañar a una víctima no es dictar una condena anticipada ni pasar por encima de las garantías de la justicia; es simplemente garantizar que no transite un sistema hostil en absoluta soledad. Cuando el poder judicial persigue a las redes de acompañamiento, no solo daña a las activistas: destruye el único puente que las víctimas tienen para llegar a las instituciones.
Desde estas líneas nos sumamos al grito federal de las compañeras puntanas. En tiempos donde el gobierno central dinamita los espacios de comunicación comunitaria y federal, nuestra obligación es amplificar estas voces. A Mabel intentan aislarla en el silencio de una provincia incomunicada, pero la respuesta colectiva ya empezó a resonar: a quien acompaña, también la acompañamos. No está sola.
