El próximo lunes 29 de junio a las 11 horas se llevará a cabo una audiencia clave en la Sala de Audiencias del Poder Judicial de San Luis. La Fiscalía Especializada en Contextos de Género N.º 2 solicitará la ampliación de la imputación de cargos contra Jorge Horacio Desprez por el presunto delito de abuso sexual infantil.
Detrás de este frío lenguaje técnico y burocrático se esconde una realidad desgarradora: una víctima que espera respuestas desde hace ocho años, múltiples denuncias que se cayeron en el camino por el desgaste sistémico y una trama de impunidad institucionalizada que expone lo difícil que es para las infancias abusadas alcanzar una condena judicial en la Argentina.
Un historial de impunidad que se remonta a 2007
El caso de Jorge Horacio Desprez, exprofesor de educación física del Centro Educativo N.º 2 «Paula Domínguez de Bazán», es el fiel reflejo de cómo el sistema judicial muchas veces desgasta a las víctimas hasta el límite de sus fuerzas. Quienes conocen de cerca la historia del acusado relatan que el manto de silencio comenzó mucho antes de la causa actual.
Ya en el año 2007 habría existido una primera acusación en su contra. Se trató del presunto manoseo a una alumna menor de edad durante un viaje de excursión en un colectivo, en un contexto donde viajaban otros profesores y estudiantes.
Aquella denuncia de una familia desbastada habría quedado completamente paralizada y cajoneada en las dependencias judiciales, garantizando que el docente continuara ejerciendo su cargo con total normalidad frente a cientos de niñas durante los años siguientes.
No fue sino hasta el año 2018 cuando la olla a presión terminó por estallar. Una joven familiar del docente radicó una denuncia penal, lo que generó un efecto dominó dentro de la tradicional escuela puntana.
En una histórica asamblea celebrada en la institución, más de cincuenta alumnas y exalumnas rompieron el silencio relatando en primera persona las situaciones de acoso, hostigamiento y abuso que habrían sufrido por parte de Desprez.
A pesar de la magnitud del escándalo y de la movilización de las estudiantes exigiendo que se le retirara el título habilitante, las respuestas oficiales fueron lentas.
De aquellas decenas de testimonios se desprendieron inicialmente múltiples causas judiciales, pero con el correr de los años, las dilaciones, las pericias interminables y las trabas burocráticas provocaron que casi la totalidad de las denuncias terminaran cayéndose.
La causa por la cual se ampliará la imputación este lunes es la última que se sostiene en pie, sostenida únicamente por la tenacidad de la querella.
El costo invisible: la salud de las víctimas y sus tiempos sagrados
Poner el cuerpo y la voz en una denuncia por abuso sexual infantil tiene consecuencias devastadoras. Fuentes cercanas al caso señalan que la víctima que sostiene esta última causa activa ha transitado por graves cuadros de salud mental, incluyendo dos intentos de suicidio como consecuencia directa del trauma vivido y la revictimización de un proceso judicial que ya lleva ocho años sin resolverse.
Desde el portal Las Brujas que Salem insistimos en una premisa fundamental de la perspectiva de género: creerle y apoyar a las víctimas es el primer paso, pero respetar sus tiempos es obligatorio.
El proceso para asimilar un abuso, romper la manipulación psicológica y animarse a hablar es un camino largo y no lineal. Nadie puede exigirle a una persona vulnerada que denuncie de inmediato, ni cuestionar sus métodos para canalizar el dolor.
Cuando el Estado tarda casi una década en sentar a un acusado a ampliar su imputación, es el propio sistema el que violenta a la víctima todos los días.
Las cifras del desamparo: ¿por qué los abusadores no llegan a ser condenados?
El caso de San Luis no es una excepción aislada, sino una estadística cruel. Las investigaciones sobre el funcionamiento judicial en materia de integridad sexual en Argentina revelan una brecha de impunidad estructural:
La cifra negra: Organizaciones civiles estiman que de cada 1.000 abusos sexuales que ocurren en el país, solo 100 llegan a ser denunciados formalmente ante la justicia debido al miedo, la vergüenza y la desconfianza institucional.
La escasez de condenas: De esos casos que ingresan formalmente al sistema judicial, apenas un mínimo porcentaje llega a una sentencia condenatoria.
Diversas estadísticas de fiscalías de género a nivel nacional y provincial sitúan la tasa de condenas efectivas en delitos de violencia sexual entre el 1% y el 15.5%, dejando al resto de las causas archivadas, prescriptas o desestimadas por «falta de pruebas».
Estas barreras estructurales demuestran que el verdadero cuello de botella no radica en que las víctimas mientan, sino en un sistema penal diseñado para exigir pruebas casi imposibles a las infancias, mientras los defensores de los abusadores dilatan los procesos esperando que las causas prescriban o que las denunciantes se rindan por el cansancio emocional.
Discursos de odio y el fantasma de las «falsas denuncias
«Este panorama de desamparo judicial se vuelve aún más peligroso en el contexto político actual del país. Desde los sectores más conservadores y las esferas del gobierno libertario se impulsa activamente una batalla cultural enfocada en desmantelar las herramientas de protección a las mujeres y las infancias.
Bajo el falso pretexto de defender a hombres inocentes, se han presentado proyectos legislativos y discursos mediáticos centrados en el mito de las «falsas denuncias».
Las estadísticas oficiales derriban este relato de manera contundente: según datos del Sistema Nacional de Información Criminal y registros de sentencias, las condenas por falso testimonio o falsas denuncias en el ámbito de la violencia de género representan menos del 0.25% del total de las causas penales del país.
Agitar este fantasma no tiene como objetivo buscar justicia, sino construir un marco de sospecha colectiva sobre cualquier mujer o niño que decida hablar. En ese ecosistema reaccionario, las denuncias por abuso sexual infantil se toleran, se minimizan o se atacan digitalmente mediante hordas de trolls para disciplinar a las víctimas y garantizar que sigan calladas.
Un giro impulsado por la fuerza colectiva
Si la audiencia de este lunes 29 de junio representa un avance institucional para San Luis, no es gracias a la buena voluntad del engranaje judicial tradicional, sino a la insistencia inquebrantable de la abogada querellante, el acompañamiento de las redes feministas locales y el hallazgo de una fiscalía penal con una mirada más humana y empática hacia el dolor ajeno.
Tras ocho años de idas y vueltas, Jorge Horacio Desprez deberá enfrentar a la justicia en una instancia que determinará la gravedad real de los cargos por los que será juzgado. Desde este portal seguiremos de cerca cada movimiento en los tribunales de San Luis. Porque reparar el daño es imposible, pero terminar con la impunidad de los violentos es una deuda que el Estado ya no puede seguir postergando.
