El entramado normativo, económico y social en la Argentina actual atraviesa una mutación estructural. Las reformas de flexibilización laboral, la devaluación de los ingresos y el desmantelamiento de las redes de contención configuran un escenario hostil que impacta con saña sobre la clase trabajadora, afectando de manera asimétrica a las mujeres. En diálogo con el programa radial Las Brujas que Salen, María Eugenia Capraro —abogada especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, excoordinadora del programa Igualar, redactora del Decreto 144/2022 sobre espacios de cuidado y actual coordinadora de equipos interdisciplinarios contra la violencia laboral en la administración pública de la provincia de Buenos Aires— analizó pormenorizadamente la expropiación del tiempo personal, el colapso judicial y el disciplinamiento social que impone el nuevo paradigma económico.
La trampa del tiempo flexible: imprevisibilidad y pluriempleo
Para Capraro, las modificaciones legislativas recientes persiguen el objetivo unívoco de desregular las condiciones de contratación en beneficio exclusivo del sector empleador. «Las reformas… vienen con un sinfín de modificaciones legislativas [que] tienen una mirada directa a la flexibilización laboral», diagnosticó la especialista, enfatizando que la contracara de la «flexibilidad» empresaria es la total desarticulación de la vida cotidiana de las personas trabajadoras.
El nudo problemático radica en la expropiación del tiempo. La introducción de esquemas de disponibilidad variable reduce drásticamente la autonomía:
«Cuando se flexibiliza el trabajo a favor de los empleadores y se vuelve más impredecible para las personas trabajadoras, lo que se quita es tiempo».
Ante la caída del poder adquisitivo, la sociedad se ve empujada al pluriempleo crónico: «Se trabaja más porque se necesita trabajar, porque ya un trabajo no alcanza», una dinámica que atenta directamente contra la salud, el ocio y el autocuidado.
La carga mental y la privatización de los cuidados
Si bien la escasez de tiempo afecta a toda la población trabajadora, el impacto es crítico para las mujeres, sobre quienes recae la base del trabajo no remunerado.
«Afecta en mayor medida a las mujeres, quienes somos quienes también ejercemos las tareas de cuidado en mayor medida», puntualizó Capraro, recurriendo a su propia experiencia familiar para visibilizar las demandas invisibles del hogar: «La carga mental de los cuidados es tremenda. Yo tengo una bebita de un año y la verdad que ahora trabajando y cuidando a mi bebé… es una locura».
Desde su perspectiva técnica y política, las reformas actuales operan transfiriendo los costos y riesgos sociales desde el Estado y las empresas hacia el interior de los hogares:
«Lo que se busca es trasladar los riesgos y la respuesta a estas implicancias del Estado y del empleador a las familias».
Esta falta absoluta de tiempo libre vacía los canales de participación comunitaria, gremial y vecinal:
«No hablamos solamente de un tema de cuidados… sino también de un problema político, de democracia. La falta de tiempo en participación en las organizaciones intermedias se ve en los sindicatos y en los clubes de barrio», advirtió.
El desmantelamiento del teletrabajo y la ilusión de las plataformas
La reforma laboral derogó los pilares que regulaban el trabajo a distancia en el país. Capraro recordó que la Ley de Teletrabajo del 2020 establecía un piso de derechos básico como el derecho a la desconexión digital, la reversibilidad de la modalidad presencial y la obligación patronal de absorber los costos de conectividad.
La caída de este marco legal golpea a las trabajadoras que utilizaban la herramienta para compatibilizar sus trayectorias profesionales: «Muchas mujeres que antes solicitaban el teletrabajo porque era la mejor forma de conciliar empleo remunerado y de cuidados, hoy todas esas garantías ya las tienen derogadas», obligándolas a costear gastos de transporte, vestimenta y alimentación.
Este esquema de vulnerabilidad encuentra su máxima expresión en la denominada «economía de plataformas» (aplicaciones de reparto y transporte) y las modalidades de microtareas remotas, donde se excluye deliberadamente a estos trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo.
A partir de una investigación de consultoría realizada por la especialista —en sintonía con el Convenio 193 de la OIT sobre trabajo digno en plataformas—, Capraro identificó problemáticas específicas que sufren las mujeres en estas aplicaciones, como la carencia absoluta de infraestructura sanitaria básica, el desamparo previsional total ante casos de embarazo y la exposición a situaciones de violencia de género por parte de los usuarios en la vía pública.
El desamparo en el sector privado y el golpe al despido discriminatorio
El escenario en el sector privado es sustancialmente más hostil debido a la falta de mecanismos transparentes de sumario interno: «En el sector privado es peor porque los empleadores no siempre están dispuestos a generar una sanción… generalmente es quien denuncia quien se va del espacio».
En un contexto de crisis, esto instala una pedagogía del miedo: «El miedo a la pérdida del trabajo es algo que te imposibilita muchas veces denunciar cualquier incumplimiento laboral».
Para agravar esta desprotección, las reformas incorporaron modificaciones destructivas del principio de la carga dinámica de la prueba que regía la jurisprudencia en despidos discriminatorios. Anteriormente, basándose en fallos clave, la víctima presentaba indicios de discriminación y correspondía al empleador demostrar una causa objetiva. Ahora, la carga de la prueba recae completamente sobre la persona vulnerada:
«La nueva ley plantea que la carga de la prueba está siempre sobre la persona que alega la discriminación», lo que debilita el derecho a la defensa y desalienta el inicio de procesos judiciales.
Ante la consulta sobre la lentitud del fuero laboral, Capraro reconoció la problemática, pero derribó el discurso oficial que argumentaba una baja en la litigiosidad:
«La justicia laboral es muy lenta… pero este discurso de que estas reformas son para bajar los índices de litigiosidad es al revés. Se colapsa todo porque se discute todo, porque todo es inconstitucional».
A pesar de ello, instó a dar la batalla técnica: «Reclamar mientras está vigente una relación laboral sigue siendo un problema… ahora, ante la extinción, hay que reclamar. Con paciencia, pero ante el despido hay que reclamar».
La crisis transversal y la ruptura del tejido social
El análisis de la abogada identificó un sutil pero planificado intento de atomización social:
«Van contra las organizaciones intermedias, no hay duda de la individualización del individuo… es un paradigma un poco terrorífico, porque la verdad que es muy feo quedarse solo y desamparado».
Esta ruptura se evidencia de forma dramática en el sector de las trabajadoras de casas particulares.
Al ser una crisis transversal, la clase media ya no puede sostener la contratación de estos servicios de cuidado remunerado: «Los sectores medios tampoco pueden sostenerlo, ni el sueldo, ni siquiera la contingencia o el pago del despido». Esto genera una doble pinza de precarización: disminuyen las fuentes de trabajo para este sector hipervulnerable y, en consecuencia, las mujeres de sectores medios que trabajaban fuera del hogar deben absorber nuevamente las tareas domésticas: «Terminan sumando otra jornada más [de cuidados no remunerados] y con el avance de la tecnología, necesitás más capacitación para sostener tu empleabilidad. Entonces es todo más tiempo, más capacitación, más cuidado, más trabajo, más necesidad de plata».
La resistencia bonaerense: herramientas y canales de denuncia
Frente al retroceso tutelar de los organismos nacionales, la provincia de Buenos Aires se erige como un espacio de resistencia institucional.
A través de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Capraro coordina los equipos interdisciplinarios creados por la Ley 14.893 para el abordaje de la violencia laboral y el otorgamiento de licencias especiales en la administración pública estatal, incluyendo de forma integral el acompañamiento ante casos de violencia doméstica.
La provincia implementó un protocolo específico bajo los lineamientos del Convenio 190 de la OIT, abordando la violencia como una respuesta directa a la organización jerárquica del trabajo. Las situaciones más frecuentes detectadas en el Estado son el maltrato, el abuso de poder jerárquico y el acoso sexual. Respecto al clima político actual, signado por discursos misóginos que bajan desde el Gobierno Nacional y «derraman a la sociedad», Capraro rescató la reserva moral de la comunidad: «Por un lado están totalmente exacerbados estos discursos, pero por otro lado cuando se viraliza algún maltrato, hay una reacción social fuerte. Siento que algo de lo conseguido quedó».
Para finalizar la entrevista, la especialista brindó información fundamental para las agentes estatales que necesiten acompañamiento:
«Las personas que trabajan en la administración pública se pueden dirigir al Ministerio de Mujeres o llamar a la línea 144 para asesorarse. También pueden dirigirse a los equipos interdisciplinarios conformados en el ámbito de esos organismos y solicitar una licencia».
Capraro concluyó ponderando el valor técnico y humano de estos espacios: «Esos equipos están muy capacitados, tienen trayectoria, formación e interdisciplinariedad (abogados, psicólogos, trabajadores sociales) para escucharlas, respetar su privacidad y asesorarlas, sea para un caso de violencia doméstica que afecte el trabajo o para violencia laboral».
El refugio bonaerense: voluntad política contra el ahogo financiero
La provincia de Buenos Aires se consagra hoy como una isla de resistencia en el mapa nacional. Mientras el Gobierno Federal desmanteló la institucionalidad de género, el territorio bonaerense sostiene el único Ministerio de las Mujeres vigente en todo el país.
Este logro no es menor si se tiene en cuenta que la provincia gestiona bajo un severo ahogo financiero, asfixiada deliberadamente por la retención discrecional de los fondos de la coparticipación federal y el desfinanciamiento de las partidas presupuestarias básicas.
Aun en este escenario de escasez extrema y recursos materiales limitados, la persistencia de esta cartera demuestra que la protección social no depende exclusivamente de las planillas de cálculo, sino de una inquebrantable voluntad política de no abandonar a los sectores vulnerados.
Detrás de cada protocolo implementado y de cada licencia otorgada por violencia o discriminación, hay una red humana que sostiene lo que el mercado pretende descartar.
Esta estructura no funcionaría sin el compromiso militante de cientos de empleadas públicas comunes, profesionales de los equipos interdisciplinarios, militantes y funcionarias que ponen el cuerpo y el alma para alivianar el dolor en los territorios. En tiempos donde impera la crueldad discursiva y la intencionalidad estatal de romper los lazos comunitarios, el esfuerzo cotidiano de las mujeres y disidencias trabajadoras en la provincia transforma la burocracia en trinchera, demostrando que frente a la avanzada de la indiferencia, la organización colectiva sigue siendo el único amparo real.
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