El hallazgo del cuerpo sin vida de María Luján Sosa, de 34 años y madre de cinco hijos, en una zona montuosa a la vera de la Ruta Nacional 89 no es un hecho aislado ni una tragedia imprevisible. Es el desenlace de una cadena de violencias estructurales y desprotección institucional que vuelve a golpear a Santiago del Estero.
Luján desapareció la noche del sábado 7 de noviembre tras salir de su vivienda en Quimilí, dejando su teléfono celular en la casa. A la mañana siguiente, tras la denuncia de sus familiares, la Policía encontró su cuerpo entre los pastizales. La autopsia confirmó la peor hipótesis: fue asesinada por estrangulamiento.
Un vínculo atravesado por el control y las amenazas
La investigación, a cargo de la fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar Luján González Farías, dio un giro contundente al descartar las primeras sospechas sobre una expareja anterior y apuntar hacia el círculo íntimo de la víctima.
Por el crimen fue detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo Marcelo Sosa, tío materno de la joven, con quien mantenía una relación sentimental.
Según reconstruyeron allegados a la causa y medios locales el hombre había regresado recientemente desde Buenos Aires —donde contaba con antecedentes penales por tentativa de homicidio— y ejercía un fuerte hostigamiento sobre ella, llegando a amenazar con hacerles daño a sus hijos.
Los peritos analizan ahora los últimos audios y mensajes intercambiados durante la noche del crimen.
La alerta pública que no alcanzó
Desde una mirada con perspectiva de género, el caso de Luján expone las fallas críticas en las redes de contención estatal. El pasado 22 de septiembre, semanas antes de ser asesinada, la joven había acudido a una emisora radial de Quimilí para hacer público el calvario que atravesaba.
En aquella entrevista denunció situaciones graves de violencia machista, relató la vulnerabilidad económica y habitacional en la que vivía junto a sus hijos —tres de ellos menores de edad de 2, 11 y 13 años con quienes convivía— y pronunció una frase que hoy resuena como un pedido de auxilio desatendido: «Yo esa casa no quiero pisar más».
Como ocurre en gran parte de los femicidios en Argentina, la ausencia de acompañamiento integral y recursos materiales para salir del círculo de violencia dejó a la víctima expuesta frente a su agresor.
Una provincia en emergencia: las cifras de 2026
El asesinato de María Luján Sosa agrava un escenario alarmante en Santiago del Estero, distrito que según los relevamientos nacionales suele ubicarse entre las jurisdicciones con mayor tasa de femicidios cada 100 mil mujeres del país.
De acuerdo con los datos sistematizados por el Observatorio Nacional de MuMaLá (Mujeres, Disidencias y Derechos) y los registros periodísticos locales:
- Balance hasta septiembre: Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, Santiago del Estero ya acumulaba 9 femicidios directos y 1 suicidio feminicida.
- Casos recientes en octubre: Durante el mes pasado se sumaron otros dos crímenes por razones de género: el asesinato de Karen Romina García (33 años, asfixiada en el barrio Villa del Carmen de la Capital frente a sus cuatro hijos) y el de María Eugenia Vanina Galván en la ciudad de Clodomira.
- Total actualizado a noviembre: Con el femicidio de María Luján Sosa en Quimilí, la provincia alcanza 12 femicidios directos (y 13 muertes violentas asociadas a la violencia machista si se incluye el suicidio feminicida) en lo que va de 2026.
Detrás de cada número no hay solo un expediente judicial: hay infancias que quedan huérfanas y familias atravesadas por una violencia estructural que exige respuestas urgentes, presupuesto efectivo y políticas de prevención reales en todo el territorio santiagueño
