Bajo el eufemismo de «garantizar el consentimiento informado», la diputada nacional de La Libertad Avanza, Alida Ferreyra, presentó en el Congreso el denominado “Proyecto Latidos” (expediente 6066-D-2026).
La iniciativa pretende modificar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para imponer un requisito tan innecesario desde el punto de vista médico como perverso desde lo humano: obligar a las personas gestantes a escuchar los latidos cardíacos del embrión o feto antes de poder acceder a un aborto legal.
Lejos de aportar claridad clínica, el proyecto representa un avance autoritario sobre la autonomía de las mujeres y personas gestantes, buscando disciplinar y castigar emocionalmente a quienes ejercen un derecho consagrado por ley.
Violencia obstétrica avalada por el Estado
Desde el ámbito sanitario, el rechazo fue inmediato. Especialistas en ginecología y obstetricia advirtieron que imponer la escucha de la actividad cardíaca fetal no tiene ninguna utilidad médica ni mejora la seguridad del procedimiento, sino que constituye una forma explícita de violencia obstétrica.
Profesionales de la salud denunciaron que la medida busca deliberadamente generar angustia, culpa y revictimización. Al transformar una consulta médica en una instancia de persuasión moral y manipulación emocional, el proyecto rompe con el principio básico de neutralidad y respeto que debe regir en cualquier hospital o centro de salud.
Una trampa burocrática para vaciar un derecho vigente
Aunque la legisladora libertaria asegura que su propuesta no deroga la Ley 27.610, en los hechos funciona como un mecanismo de obstrucción diseñado para dilatar los tiempos y hacer fracasar la práctica.
Demoras deliberadas: La ley vigente establece un plazo máximo de 10 días corridos desde la solicitud hasta la realización del aborto. Exigir estudios adicionales, charlas disuasorias y el registro obligatorio en la historia clínica suma trabas administrativas en un sistema público ya tensionado.
Inconstitucionalidad manifiesta: Juristas y organizaciones de derechos humanos señalan que el proyecto vulnera el artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege la esfera de autonomía personal, y el artículo 28, que prohíbe alterar el espíritu de un derecho mediante reglamentaciones restrictivas.
Desprecio por las víctimas de violencia: El texto tampoco contempla la crueldad extrema de someter a esta instancia a niñas, adolescentes o mujeres que cursan embarazos producto de violaciones, exponiéndolas a un trauma adicional.
La hipocresía de la «libertad»
El proyecto de Ferreyra —que replica iniciativas impulsadas por sectores ultraconservadores en países como Chile y España— desnuda una profunda contradicción ideológica.
Quienes enarbolan las banderas de la libertad individual y la mínima intervención del Estado son los mismos que hoy pretenden usar el aparato estatal para tutelar el cuerpo y la conciencia de las mujeres.
Mientras el Gobierno nacional desfinancia políticas de prevención del embarazo no intencional, recorta programas de salud sexual y desmantela las redes de contención social, el oficialismo elige invertir tiempo legislativo en diseñar obstáculos emocionales.
El «Proyecto Latidos» no busca salvar vidas ni brindar información objetiva: es un acto de disciplinamiento político que intenta devolver a la clandestinidad moral a quienes deciden sobre su propio proyecto de vida.
