Un nuevo y evitable femicidio sacude a las sierras de Córdoba, exponiendo de manera dramática los baches de un sistema estatal que acumula papeles pero falla en proteger vidas.
Durante la madrugada de este lunes, Rocío Gómez, una joven de 25 años y madre de tres niñas, fue asesinada a puñaladas en la localidad de Santa María de Punilla. El principal sospechoso es su pareja, Maximiliano Baudraco (40), quien ya se encuentra detenido.
La tragedia no es un hecho aislado ni una sorpresa para la comunidad.
El agresor ya contaba con una condena condicional previa por violencia de género, coacción y daño calificado dictada en 2025 contra la misma víctima, además de una restricción de acercamiento vigente que ignoraba sistemáticamente.
La trampa de la «pena condicional» sin control real
El tratamiento de este caso por parte de los medios locales y las fiscalías debe analizarse bajo una estricta perspectiva de género. La figura de la «ejecución condicional» para hombres con antecedentes probados de extrema violencia intrafamiliar se transforma, en la práctica, en una licencia de libre circulación para el agresor.
Darle la libertad condicional a un sujeto violento, delegando la responsabilidad de la seguridad en una orden de restricción de acercamiento (un simple papel), es ignorar la asimetría de poder y el peligro real que corren las mujeres.
El testimonio de los vecinos de la calle Independencia y Echeverría es demoledor: calificaron el desenlace como la “crónica de una muerte anunciada”, relatando que la policía intervenía ante las denuncias, pero a los pocos días el agresor regresaba al domicilio sin ningún tipo de monitoreo estatal.
Un ataque que desarmó la red de contención familiar
La violencia machista no solo destruye a su víctima directa; desarticula a todo su entorno afectivo. Durante el ataque, la madre de Rocío intentó intervenir desesperadamente para frenar las puñaladas. Al ser también agredida por Baudraco, tuvo que escapar por una ventana para buscar auxilio entre los vecinos. Al regresar, encontró a su propia hija agonizando en la vía pública.
Tras el crimen, el femicida escapó a pie exhibiendo con total impunidad sus manos ensangrentadas ante los residentes de la zona, a quienes les llegó a manifestar fríamente: “Apuñalé a la Rocío”. Minutos después, fue localizado por la Policía mientras intentaba ocultarse en un terreno baldío cercano.
El alarmante balance de la violencia en Córdoba
La Fiscalía de Instrucción número 2 de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, imputó a Baudraco por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).
Este desgarrador episodio constituye el sexto femicidio registrado en la provincia de Córdoba en lo que va del año 2026.
Las muertes por violencia machista no disminuyen con medidas burocráticas deficientes. Mientras el Poder Judicial continúe otorgando libertades condicionales a hombres violentos sin un seguimiento electrónico estricto o un resguardo real de las denunciantes, las restricciones de acercamiento seguirán siendo vulneradas, costando vidas jóvenes y dejando infancias totalmente desamparadas.
Estado procesal de Maximiliano Baudraco
El femicida se encuentra detenido de forma preventiva tras haber sido capturado por la Policía de Córdoba a las pocas cuadras del lugar del crimen, mientras intentaba esconderse en un terreno baldío.
Imputación formal: La fiscal de instrucción número 2 de Cosquín, Silvana Pen, lo imputó por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio). Esta figura legal prevé una pena única de prisión perpetua.
Agravante por reincidencia: La situación procesal de Baudraco es extremadamente compleja ya que, al momento del ataque, violaba una condena previa de dos años y seis meses de ejecución condicional por violencia de género, coacción y daño calificado dictada en 2025. La fiscalía ya incorporó este antecedente como pieza central para revocar inmediatamente su modalidad de libertad y unificar las penas.
Peritajes en curso: El Ministerio Público Fiscal ordenó el despliegue de peritos judiciales en el barrio Santa María Oeste para la recolección de testimonios (principalmente de la madre de la víctima, testigo directo del inicio del ataque) y el análisis del arma blanca secuestrada.
Convocatorias y movilizaciones programadas
El asesinato de Rocío Gómez generó una inmediata ola de indignación en el Valle de Punilla debido a la desprotección estatal que sufría la joven.Asambleas locales en Punilla:
Organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y vecinos de Santa María de Punilla comenzaron a coordinar concentraciones de urgencia bajo la consigna «Justicia por Rocío Gómez» y «La falta de respuesta judicial mata».
Eje de reclamo: Las convocatorias centran su reclamo de manera directa en el accionar de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje (que le había otorgado la libertad condicional al agresor) y exigen la implementación urgente de dispositivos de monitoreo electrónico real (como tobilleras) para hombres con antecedentes de violencia familiar.
