En menos de 48 horas, el país registró dos quíntuples homicidios en Chaco y Buenos Aires. Casi en paralelo, el hallazgo de María Itatí Yossen en la ciudad de Santa Fe expone el mecanismo del «femicidio seguido de suicidio»: la última frontera de impunidad donde el agresor decide sobre la vida de la mujer y cancela la acción de la justicia. Santa Fe ya acumula 43 femicidios en lo que va del año.
La violencia patriarcal en Argentina no da tregua y se manifiesta de formas cada vez más extremas y simultáneas. Mientras la comunidad chaqueña de Quitilipi procesa el horror del quíntuple homicidio cometido por Alberto Luis Ávalos contra su pareja y sus cuatro hijos, y la localidad bonaerense de Merlo intenta comprender el asesinato de Evelyn Rivero Mejías y sus tres hijos a manos de Mahatma Eyvind Soihit Meza, la capital de Santa Fe sumó un nuevo y brutal eslabón a esta cadena de violencia sistemática.
El sábado 31 de octubre, en un departamento interno ubicado en la calle 3 de Febrero al 3300, en pleno Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, se descubrió una escena desgarradora. María Itatí Yossen, de 51 años, fue encontrada sin vida sobre una cama en la planta alta, con signos evidentes de haber muerto por asfixia. En la planta baja, suspendido de una soga en el hueco de la escalera, se hallaba el cuerpo de su exmarido, Fabio Firmapaz, de 50 años.
La reconstrucción preliminar de la fiscalía y la División Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) indica que María Itatí había acudido al domicilio de Firmapaz alrededor de las 7 de la mañana tras una cita pactada.
El silencio posterior encendió las alarmas de sus allegados y de su propio hijo. Tras horas sin responder mensajes, la familia acudió al lugar junto a las fuerzas policiales y un cerrajero, encontrando el trágico desenlace. La principal hipótesis judicial es concluyente: un femicidio seguido de suicidio.
El suicidio del femicida: la cancelación de la justicia
El suicidio del agresor no debe ser leído como un acto de remordimiento, sino como el último eslabón del control patriarcal. Al quitarse la vida tras asesinar, el femicida ejecuta un «pacto de impunidad» unilateral: decide cuándo termina la vida de su víctima y, al mismo tiempo, cancela cualquier posibilidad de que el Estado lo juzgue o lo sancione. María Itatí Yossen fue despojada de su vida y su entorno privado de un proceso penal que asigne responsabilidades.
Este caso, además, dinamita el mito de los entornos «seguros». El hogar del agresor —en este caso, una vivienda deshabitada y en venta a metros de la Casa de Gobierno santafesina— vuelve a erigirse como el espacio de mayor peligro. Según los registros del Observatorio Nacional MuMaLa, el 59% de los femicidios ocurre en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el victimario.
Santa Fe en números rojos: 43 femicidios en diez meses
La muerte de María Itatí no es un hecho aislado en territorio santafesino. La provincia registra una de las tasas de violencia machista más altas de Argentina, acumulando 43 femicidios entre el 1° de enero y el 30 de octubre de 2026. A nivel nacional, la cifra asciende a un femicidio cada 30 horas.
La crueldad se recrudece: mujeres desmembradas en descampados, apuñaladas, quemadas, asfixiadas o víctimas de la violencia vicaria que masacra a sus hijos.
El ensañamiento actual contrasta de manera alarmante con una alarmante parálisis colectiva. El movimiento Ni Una Menos nació históricamente del grito unánime y la movilización masiva por el crimen de una adolescente embarazada. Hoy, con estadísticas que superan un femicidio por día y escenas de saña inusitada que involucran la ejecución de infancias enteras, la respuesta social e institucional parece congelada.
La reiteración de estos crímenes en Chaco, Buenos Aires y Santa Fe exige abandonar la figura del «caso policial» para entenderlo como lo que es: una emergencia humanitaria y política que requiere respuestas estatales urgentes y una sociedad civil que recupere la indignación en las calles antes de que el horror termine por normalizarse.
