El paraje Los Mendoza, en Villa Chicligasta, se convirtió en el escenario del octavo femicidio registrado en la provincia de Tucumán en lo que va del año. Karen Daiana Díaz, de apenas 19 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja, Alberto del Jesús Vallejo (31), quien posteriormente se quitó la vida.
El riesgo latente del momento del quiebre
El crimen de Karen vuelve a encender las alarmas sobre el periodo más crítico para una víctima: el momento de la separación y la autonomía. Karen había decidido terminar una relación de cuatro años apenas nueve días antes del ataque.
La reconstrucción judicial confirma que la joven acudió a la vivienda del agresor con un único objetivo: retirar sus pertenencias para rehacer su vida de forma independiente. Vallejo utilizó este pretexto para encerrarla, bloqueando los accesos con trabas de seguridad antes de atacarla en una habitación. El agresor entendía a la víctima como un objeto de su propiedad, reaccionando con extrema violencia ante la pérdida de control y la decisión de Karen de no continuar con el vínculo.
El desamparo y la urgencia de políticas públicas
El caso de Karen no es un hecho aislado ni un «crimen pasional», término obsoleto que invisibiliza la violencia machista. Organizaciones civiles y activistas en Tucumán han denunciado públicamente la falta de herramientas de prevención eficaces. El hecho de que la joven tuviera que acudir acompañada de su madre —quien escuchó los gritos desde el exterior sin poder ingresar debido a las medidas de reclusión del agresor— expone la profunda vulnerabilidad y la falta de redes institucionales de acompañamiento seguro para el retiro de pertenencias en contextos de ruptura violenta.
La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción ratificó que las pericias forenses confirman las múltiples heridas de arma blanca en el cuerpo de Karen, mientras que el agresor falleció debido a una lesión autoinfligida en el tórax.
La causa avanza hacia su cierre formal por la extinción de la acción penal ante la muerte del femicida, pero la demanda social por justicia, prevención real y presupuesto para políticas de género sigue más vigente que nunca en la región.
