En una concurrida conferencia de prensa en la Federación Gráfica Bonaerense, organizaciones sociales, políticas y ambientales convocaron de cara a la primera quincena de febrero de 2027. Denuncian la persistencia de un «enclave británico» y exigen defender los bienes comunes estratégicos del país.
La disputa por la soberanía territorial y el acceso a los bienes comunes naturales en la Patagonia argentina vuelve a situarse en el centro de la agenda pública.
Las instalaciones de la Federación Gráfica Bonaerense, referentes de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), la Columna Juana Azurduy y el Foro Patagónico por la Soberanía Nacional encabezaron el lanzamiento oficial de la convocatoria para la 10.ª Marcha por la Soberanía al Lago Escondido, planificada para desarrollarse durante la primera quincena de febrero de 2027.
El anuncio marca un hito significativo: se cumple una década desde aquella primera movilización en 2017 destinada a visibilizar y denunciar penal y socialmente lo que los colectivos describen como un «enclave británico continental».
Son más de 12.000 hectáreas en zona de frontera nacional que permanecen bajo control del magnate británico Joe Lewis, adquiridas mediante maniobras que las organizaciones catalogan firmemente como fraudulentas y favorecidas por la complicidad estatal histórica.
Una estrategia integral frente al despojo
Durante su intervención, Julio Urien, presidente de FIPCA, ponderó la continuidad y tenacidad histórica de esta causa popular e instó a los diversos sectores a consolidar las redes organizativas de cara a esta edición especial.
Para el referente, contrarrestar la extranjerización del suelo patagónico demanda una visión multidimensional: “La defensa de la soberanía exige una estrategia integral que combine la movilización popular, la acción política y judicial, la participación de las organizaciones y una mayor visibilidad pública”.
En sintonía, Alejandro «Vikingo» Meyer, representante de la Columna Juana Azurduy, buscó apartar el histórico reclamo de la lógica de la inmediatez o el mero reclamo mediático aislado.
“El mensaje que queremos que quede claro es detectar un problema, generar una organización y llevar adelante una acción para enfrentarlo. Es un camino completo, no es un acto espasmódico de hacer algo, ni una denuncia que queda en una denuncia o en un medio, sino recorrer todo un camino que arranca todos los años”, enfatizó, anticipando que planifican impulsar foros, debates y actividades solidarias en todo el territorio nacional con el objeto de federalizar y extender el debate.
Intereses económicos y complicidad en las sombras
El testimonio local y la perspectiva histórica corrieron por cuenta de Silvia Horne, integrante del Foro Patagónico por la Soberanía Nacional.
Como mujer patagónica y una de las principales impulsoras de las primeras denuncias judiciales referidas al acaparamiento e irregularidades en las ventas de tierras en la región andina, Horne valoró la persistencia de las delegaciones que año tras año intentan ingresar al espejo de agua sorteando tranqueras privadas y amedrentamientos físicos.
La dirigente aclaró que la controversia no radica exclusivamente en el derecho a transitar libremente hacia un espacio de esparcimiento natural, sino que expone de forma directa la responsabilidad del Estado, los intereses de las corporaciones económicas globales y la vulneración directa de los derechos de las comunidades originarias y locales del sur del país.
Cabe recordar que, desde fines de la década de 1990, la estancia andina de Lewis no solo ha representado una herida a la soberanía, sino que ha quedado registrada en la historia política contemporánea como el epicentro de reuniones secretas entre jueces federales, altos mandatarios, empresarios de medios hegemónicos de comunicación y funcionarios públicos; un entramado fáctico que las organizaciones repudian de forma sistemática por operar en detrimento de los intereses nacionales.
La continuidad de un compromiso federal
A diez ediciones de aquel inicio, la Marcha por la Soberanía se ha consolidado como un espacio de convergencia transversal que logra congregar a militantes de diversas corrientes partidarias, sindicatos, movimientos estudiantiles y asambleas socioambientales. El horizonte común sigue siendo alertar a la ciudadanía sobre los severos riesgos sistémicos de la concentración de la propiedad rural y las restricciones de acceso a las cuencas hídricas indispensables para el futuro ecológico y económico.
La marcha hacia febrero de 2027 pretende constituir una renovación de compromisos para quienes, viajando desde los puntos más recónditos de la Argentina profunda, sostienen que el pueblo es el único facultado para resolver su propio destino.
El cierre de la conferencia de prensa sintetizó la consigna que hilvana esta década de lucha ininterrumpida: ¡Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también!
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