Mientras el oficialismo sobreactúa fervor patriótico en los micrófonos diplomáticos, el reciente aval de la Corte Suprema al DNU 70/23 deja desprotegidos los recursos estratégicos de las provincias. El mapa de la extranjerización, la denuncia de los excombatientes y la responsabilidad de un Congreso que tiene la última palabra frente al remate del suelo nacional.
El reciente fallo procesal de la Corte Suprema, que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras (artículo 154 del DNU 70/23), expone una contradicción estructural en la narrativa del gobierno de Javier Milei.
Por un lado, el oficialismo ensaya discursos de alto impacto diplomático y sobreactuaciones de fervor soberano que emulan viejas estrategias de distracción histórica («galtierazos») para afirmar que «las Malvinas son argentinas»; por el otro, desmantela por decreto los límites legales que impedían la entrega del territorio continental a manos de corporaciones extranjeras. Una soberanía de micrófono que convive con una bandera de remate sobre el suelo nacional.
El vaciamiento de la Patria: ¿Qué significa «comprarse media provincia»?
La anulación de las restricciones de la Ley 26.737 elimina los topes del 15% por territorio y el límite de 1,000 hectáreas por titular extranjero. En términos prácticos, esto no se traduce simplemente en transacciones inmobiliarias, sino en la enajenación de recursos estratégicos:
Pérdida de soberanía alimentaria e hídrica: Corporaciones y magnates pueden adquirir extensiones colosales que incluyan acuíferos, cuencas de ríos, lagos enteros y zonas de glaciares. Quien es dueño del agua y de la tierra fértil controla las condiciones de vida de las poblaciones locales.
Enclaves extranjeros fuera del control estatal: La compra masiva de hectáreas continuas faculta la creación de virtuales «estados dentro de otro Estado». Se privatizan caminos públicos, se restringe el acceso a recursos naturales y se consolidan fronteras internas donde la legislación argentina pierde vigencia fáctica.
Zonas de frontera en peligro: Al caer las restricciones de seguridad nacional, áreas geográficas críticas que limitan con otros países quedan expuestas al capital transnacional sin filtros regulatorios, debilitando la integridad territorial.
Las provincias en la mira: el mapa del riesgo de extranjerización
La caída de los controles estatales impacta de manera asimétrica en el territorio nacional, poniendo en jaque a las regiones con mayores recursos naturales y productivos:
- La Patagonia: Provincias como Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén son los blancos principales debido a su baja densidad poblacional, sus incalculables reservas de agua dulce, glaciares y un subsuelo rico en minerales y energía. La eliminación de los topes fronterizos desprotege áreas clave de seguridad nacional.
- La Zona Núcleo Agrícola: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba enfrentan el peligro de la extranjerización de su suelo más fértil. Grandes fondos de inversión globales pueden concentrar miles de hectáreas destinadas a la producción agroalimentaria, desplazando a productores locales y monopolizando la renta agraria.
- El NOA y NEA: Regiones con humedales estratégicos (como los Esteros del Iberá en Corrientes) o yacimientos de litio y minerales críticos en la Puna quedan a merced de corporaciones internacionales dispuestas a blindar territorios enteros bajo el amparo de la propiedad privada de la tierra.
La denuncia de Jerónimo Guerrero Iraola y el CECIM La Plata
El abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Jerónimo Guerrero Iraola, calificó el accionar del máximo tribunal como una defección «vil y culposa». A través de sus declaraciones, expuso la cruda paradoja que impone el fallo judicial:
«Pudieron mandarlos a morir. Pudieron abandonarlos en la posguerra. Pudieron masacrarlos generacionalmente como Estado. Pero no pueden admitirlos ante los estrados judiciales en defensa del territorio».
Guerrero Iraola denunció que la Corte Suprema esquivó el debate de fondo (la constitucionalidad del DNU) mediante un tecnicismo procesal, quitándole legitimidad a los veteranos bajo el argumento de que la soberanía no es un «bien colectivo» protegible por la sociedad civil.
Para el letrado, el resultado es lapidario: «La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner a la República Argentina en venta», habilitando al mundo entero a comprar municipios, bosques, ríos e incluso las propias islas.
El rol del Congreso: la última vía legislativa para frenar el remate
Pese a que el fallo de la Corte Suprema despejó el camino judicial inmediato a favor del Gobierno, el futuro del artículo 154 del DNU 70/23 no está cerrado definitivamente. La última palabra la tiene el Poder Legislativo a través de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia:
- Rechazo bicameral obligatorio: Para que el DNU pierda validez legal de forma definitiva, ambas cámaras (Diputados y Senado) deben votar mayoritariamente por su rechazo. Si una de las dos cámaras lo aprueba o no lo trata, el decreto sigue vigente.
Los cómplices del remate del país - El escenario parlamentario: Con el antecedente del rechazo del Senado a todo el DNU en marzo de 2024, la oposición busca consolidar los votos necesarios en la Cámara de Diputados. El debate se desplaza ahora a la arena puramente política, donde el Congreso tiene la responsabilidad histórica de ratificar la vigencia de la Ley de Tierras o convalidar el desguace territorial por omisión.
El contraste es total. Mientras el relato oficial intenta capitalizar el sentimiento patriótico con proclamas de soberanía austral, las medidas económicas reales rematan el patrimonio natural de las provincias. Al amparo de una justicia que prioriza las formas procesales por encima de los bienes jurídicos estratégicos, el suelo argentino queda desprotegido, transformando el federalismo y la soberanía en meras abstracciones de cotización internacional.
