El Congreso de la Nación se encamina a tratar este jueves el polémico proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Detrás de un título que evoca la seguridad jurídica, la iniciativa diseñada por el ministro Federico Sturzenegger y promovida por el gobierno de Javier Milei esconde una profunda reforma estructural. De aprobarse, abriría las puertas a la venta ilimitada de territorio nacional a corporaciones transnacionales y aceleraría los mecanismos de desalojo.
En medio de la habitual dispersión pública generada por el fervor del Mundial de fútbol, la resistencia al proyecto unió a sectores políticos, centrales sindicales, movimientos sociales y a la cúpula de la Iglesia católica.
Todos coinciden en un diagnóstico alarmante: la norma vulnera la soberanía, la seguridad alimentaria y el acceso a los bienes comunes.
Un mapa de la extranjerización: lo que está en juego
El núcleo más sensible de la ley se encuentra en su Capítulo III, enfocado en las tierras rurales.
El proyecto propone la derogación lisa y llana de los controles establecidos por la Ley de Tierras (Ley 26.737), sancionada en 2011, la cual ponía un tope del 15% a la titularidad de campos en manos de personas o empresas extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.
Las cifras actuales ya exponen una situación delicada:
Hectáreas en manos foráneas: En Argentina ya existen aproximadamente 13 millones de hectáreas bajo propiedad de capitales extranjeros. Esto equivale a la superficie total de Inglaterra o a toda la provincia de Santa Fe.
Límites desbordados: Según relevamientos del Observatorio de Tierras y su Mapa de Extranjerización, existen actualmente 36 departamentos del país que ya exceden el límite legal del 15% fijado por la normativa.
Zonas estratégicas: Quitar de forma definitiva estos topes dejaría sin protección jurídica a áreas fronterizas de alta sensibilidad y a regiones dotadas de recursos acuíferos críticos, yacimientos mineros y grandes extensiones agrícolas de la Pampa Húmeda y la Patagonia.
El antecedente judicial: el freno que impuso el CECIM y Guerrero Iraola
Esta no es la primera vez que la administración oficialista intenta avanzar contra la regulación del territorio.
El antecedente inmediato se remonta al inicio de la gestión actual, cuando el Ejecutivo pretendió derogar la Ley de Tierras mediante el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023).
En aquel momento, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, bajo el patrocinio del abogado y especialista Jerónimo Guerrero Iraola, interpuso una acción de amparo colectivo.
El argumento judicial fue contundente: la Ley de Tierras protege la soberanía territorial y la integridad nacional, conceptos directamente vinculados a la causa Malvinas.
La Justicia Federal de La Plata hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por Guerrero Iraola y suspendió el artículo del DNU que liberaba el mercado del suelo. El fallo determinó que no existían motivos de «necesidad y urgencia» que justificaran vulnerar la protección del territorio por vía de decreto. Ese revés judicial obligó al Gobierno a reformular su estrategia y enviar un nuevo proyecto de ley regular al Congreso, el cual se debate esta semana.
El «Frente de Rechazo»: de las centrales obreras a la Iglesia Católica
El malestar ante el avance parlamentario de la norma sumó en las últimas horas un volumen político inédito. Una solicitada firmada por más de 3.000 dirigentes del arco político, social y gremial exigió a senadores y diputados el rechazo total del texto. Entre los firmantes se destacan referentes de las centrales obreras como Pablo Moyano (Camioneros) y Hugo Yasky (CTA); legisladores nacionales como Juan Grabois y Anabel Fernández Sagasti; y dirigentes territoriales campesinos e indígenas.
Sin embargo, el golpe político más duro para el oficialismo provino de un pronunciamiento conjunto de la Iglesia católica. A través de Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral y la Pastoral Aborigen, la institución emitió una dura carta abierta a los legisladores:
«La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico (…). Este proyecto debilita la potestad del Estado para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo de los más vulnerables», advierte el escrito eclesiástico apoyado en las encíclicas Laudato Si’ y Magnifica Humanitas.
El combo de la polémica: desalojos y riesgo ambiental
Además de la extranjerización, la solicitada denuncia otros puntos críticos que impactan directamente en la vida cotidiana y el medio ambiente:
Desalojos exprés para inquilinos (Capítulo II): Denuncian que se eliminan las instancias de mediación judicial y defensa para las familias inquilinas, acelerando los plazos de expulsión ante deudas o finalizaciones de contrato.
Flexibilización ante incendios (Capítulo IV): Modifica las leyes de manejo del fuego eliminando la prohibición de 60 años para cambiar el uso del suelo de bosques o humedales quemados. Organizaciones ambientales denuncian que esto abre un incentivo económico directo a la provocación de incendios intencionales con fines de especulación inmobiliaria o agraria.
El oficialismo en el Senado busca ajustar los votos con los bloques provinciales dialoguistas para avanzar con la aprobación del proyecto. La moneda está en el aire y la votación de esta semana definirá si Argentina preserva sus herramientas de soberanía territorial o inicia una etapa de desregulación irreversible.
La entrega planificada y el silencio de las canchas
La coincidencia temporal nunca es inocente en la alta política argentina. Mientras el país se sumerge en el sopor anestésico y la euforia de un nuevo Mundial de fútbol, entre las sombras de los despachos oficiales se corporiza el mayor golpe a la soberanía nacional desde el retorno de la democracia.
El proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» no es una reforma técnica ni una búsqueda de inversiones; es, lisa y llanamente, un certificado de defunción para el control de nuestro propio territorio.
Estamos ante el peor momento de nuestra historia en materia de entrega soberana. Ni siquiera en los períodos de mayor sumisión financiera se había propuesto un desguace institucional tan explícito y desvergonzado.
Al derogar los límites de la Ley de Tierras, el Estado argentino no solo renuncia a regular quién compra el suelo, sino que abdica voluntariamente de su rol de protector de los recursos más estratégicos del siglo XXI: el agua dulce, los minerales críticos y la tierra fértil que alimenta a nuestro pueblo.
El mapa del Observatorio de Tierras ya es un grito de alerta en el desierto: con 36 departamentos que ya violan el tope del 15%, legalizar el desborde es entregar las llaves de la patria a fondos de inversión transnacionales que no responden a ninguna bandera.
La gravedad institucional se duplica cuando recordamos que este mismo Gobierno intentó perpetrar este saqueo por la ventana, mediante el DNU 70/2023, y que solo el freno patriótico de los excombatientes de Malvinas (CECIM) y el coraje judicial de Guerrero Iraola lograron ponerle un límite temporal.
Que hoy la administración de Javier Milei intente legitimar ese mismo despojo a través de una ley ómnibus, maquillada bajo el concepto de «propiedad privada», demuestra un ensañamiento ideológico que confunde la libertad de mercado con la disolución nacional.
La Iglesia católica ha puesto las palabras exactas donde la política oficialista prefiere el cálculo frío: la tierra no es una mercancía. Cuando se rifan las fronteras, cuando se desprotegen las cuencas hídricas, cuando se habilita el negocio inmobiliario sobre las cenizas de nuestros bosques nativos intencionalmente quemados, lo que se está destruyendo es el futuro.
Nos están convirtiendo, como bien denuncia la solicitada de los 3.000 dirigentes, en un enclave colonial moderno, un territorio fracturado donde los ciudadanos seremos inquilinos desahuciados en nuestro propio suelo.
Los senadores y diputados que alcen la mano este jueves se enfrentan a un juicio histórico irreversible. No habrá tribuna ni festejo deportivo que pueda tapar el nombre de aquellos que convaliden la extranjerización de la Argentina. La Patria no se negocia, no se lotea y no se vende al mejor postor. Defenderla hoy ya no es una opción partidaria; es un imperativo de supervivencia nacional.
