El Tribunal de la Sala III dictó la absolución de César Soto y Sergio Kaleñuk en el segundo juicio por el crimen.
El fallo expone las cloacas del poder político y judicial tucumano, mientras la familia denuncia desidia planificada y protección a los asesinos. “A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue”, sentenció la hija de Paulina.
Ya se cumplieron dos décadas de un dolor que paraliza a toda una provincia, el Poder Judicial de Tucumán volvió a firmar un acta de capitulación frente al poder político
Los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica, integrantes del Tribunal de la Sala III, dictaron la absolución de César Soto (expareja de Paulina) y de Sergio Kaleñuk (hijo del exsecretario privado del exgobernador José Alperovich)
El fallo deja el femicidio de la joven estudiante de 26 años en el terreno de la impunidad absoluta, confirmando que en Tucumán las redes de encubrimiento estatal son más fuertes que el derecho a la verdad.
La escena en la sala de audiencias sintetizó 20 años de desamparo institucional
Alberto Lebbos, el padre que camina las calles tucumanas desde el 26 de febrero de 2006 exigiendo respuestas, escuchó el veredicto con la cabeza hundida entre las manos, totalmente quebrado. «Veinte años pidiendo que investiguen ¿quieren que investiguemos nosotros?», lanzó con indignación ante los micrófonos al salir del tribunal
«No se ha profundizado en la investigación porque los están protegiendo a los asesinos de Paulina. Hay pruebas de sobra y pruebas de la participación de toda esta banda de delincuentes»
“El mensaje que se acaba de mandar al pueblo tucumano es que sigan matando mujeres, sigan encubriendo, sigan protegiendo asesinos”.
— Alberto Lebbos, padre de Paulina.
Una desidia fiscal planificada para garantizar el olvido
En un intento por deslindar responsabilidades, el propio tribunal arremetió contra los instructores de la causa.
El juez Fradejas admitió en la lectura que pocas veces se había visto una investigación penal «tan deficiente»
Sin embargo, para la familia y las organizaciones sociales, esa ineficacia no fue un error técnico, sino una estrategia política orientada a desgastar las pruebas y garantizar la prescripción de los delitos
Este proceso constituyó el segundo juicio oral por el caso. En el primero, la Justicia tucumana debió condenar a la cúpula de la Policía provincial, a un fiscal de instrucción y al exsecretario de Seguridad de la provincia por las maniobras burdas de desvío y adulteración de la escena donde se halló el cuerpo .No obstante, a pesar de tener a toda la estructura de seguridad condenada por borrar huellas, el Estado sigue sosteniendo que es incapaz de identificar a los autores materiales del homicidio .Soto llegó al banquillo procesado como presunto autor de homicidio agravado por alevosía, bajo la hipótesis de haberla estrangulado en su domicilio.
Por su parte, Kaleñuk enfrentaba cargos por encubrimiento agravado debido a las llamadas cruzadas y la protección política que rodeó al entorno del gobierno de Alperovich en aquellos días de 2006
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Carlos Sale ya había desestimado la acusación contra Kaleñuk, anticipando el desmoronamiento de la acción penal de la fiscalía
El contraataque institucional: pedido de juicio político
Alberto Lebbos anunció que la batalla no concluye con este revés judicial e informó que promoverá un pedido de juicio político contra las autoridades del Ministerio Público Fiscal, apuntando de forma directa a la cabeza de la estructura judicial de la provincia
«El principal culpable es Edmundo Jiménez, que sigue respondiendo a José Alperovich», denunció el referente vinculando la parálisis judicial con la persistencia de terminales políticas que operan en las sombras del poder tucumano
Lebbos trazó además una analogía brutal sobre la escala de prioridades de la justicia local: «La condena para los que roban vacas es de diez años, para el que encubre un homicidio, seis años. Ahí andan libres todos estos delincuentes disfrazados de funcionarios públicos que encubren»
EL TESTIMONIO DE LA SANGRE: «El Estado decidió no saber quién fue»
Tras conocerse el dictamen de absolución, Leticia Nieva, hija biológica de Paulina Lebbos y de César Soto (el acusado absuelto), rompió el silencio a través de sus redes sociales con un texto desgarrador que resume el impacto psicosomático y político de la impunidad en las segundas generaciones :»A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue. Y hoy, otra vez, eso quedó sin respuesta… No buscaron hasta el final, no investigaron, destrozaron las pruebas y entonces todo vuelve al cuerpo… La vida de una mujer vale menos, su muerte se diluye en expedientes, su historia se fragmenta, se desgasta, se abandona. Es vivir con dos ausencias: la de mi mamá y la de la verdad»
RECHAZO COLECTIVO: «Complicidad del poder político»
El veredicto generó una ola inmediata de repudio en el tejido social y de derechos humanos de la provincia.
La colectiva Ni Una Menos Tucumán emitió un documento urgente manifestando su rechazo frontal al fallo de la Sala III
Denuncia de complicidad: La organización denunció formalmente «20 años de impunidad y complicidad del poder político» de la provincia en el sostenimiento del pacto de silencio Acompañamiento a la militancia familiar: Reafirmaron el acompañamiento irrestricto a Alberto Lebbos y su familia, destacando que el caso Lebbos es la bandera histórica de la lucha contra los femicidios y la selectividad de la justicia patriarcal en el norte argentino
El «femicidio del poder» y la desidia como manual de operaciones
El fallo dictado por el Tribunal de la Sala III de Tucumán en el caso de Paulina Lebbos no representa un fracaso accidental del sistema judicial; constituye la ejecución perfecta de un manual de impunidad diseñado desde las entrañas del poder político y judicial.
Cuando un tribunal penal concluye, tras dos décadas de espera, que «las pruebas no son suficientes», lo que en realidad está ratificando es la eficacia de una maquinaria estatal que se activó apenas unas horas después de la desaparición de la joven estudiante en aquel febrero de 2006.
El concepto de «femicidio del poder» sirve para caracterizar aquellos crímenes donde la condición de vulnerabilidad de la víctima se multiplica de manera exponencial al chocar contra las estructuras del Estado.
En el caso de Paulina, el entramado no operó de forma pasiva. Como quedó demostrado en el primer juicio de la causa, la cúpula policial, un secretario de Seguridad y un fiscal de instrucción no cometieron errores por «deficiencia» o negligencia técnica; ejecutaron maniobras deliberadas de adulteración de la escena del hallazgo, borrado de registros telefónicos y desvío de pistas para proteger a los apellidos vinculados al calor del gobierno provincial de ese entonces.
La impunidad no es la ausencia de Estado; es el Estado operando activamente para proteger a los propios.
Esta absolución consagra lo que los transfeminismos denominan «violencia institucional de segunda generación».
El mensaje que las instituciones de Tucumán le envían a la sociedad civil es disciplinador: el paso del tiempo y el desgaste de los expedientes son herramientas válidas para disolver la responsabilidad criminal.
Al dejar el femicidio de Paulina sin culpables materiales, la justicia tucumana no solo abandona a una familia que entregó su vida a la búsqueda de la verdad; también convalida un pacto de caballeros donde la vida de las mujeres sigue funcionando como una moneda de cambio perfectamente prescindible dentro de las lógicas feudales del poder político.
