En un nuevo capítulo de subordinación automática a Washington, la diplomacia argentina dio la espalda al consenso global para erradicar la violencia de género, quedando aislada de toda América Latina y compartiendo postura con regímenes como Rusia y Bielorrusia.
Mientras 175 naciones de todo el mundo ratificaban su compromiso para intensificar los esfuerzos contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas, el gobierno de Javier Milei decidió darle la espalda a esa agenda y abstenerse en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con esta determinación, la Argentina se convirtió en el único país de toda América Latina en no acompañar la iniciativa, rompiendo décadas de tradición diplomática en materia de derechos humanos.
La votación dejó en evidencia el extremo aislamiento ideológico de la administración libertaria. El documento obtuvo un respaldo abrumador de 175 votos afirmativos, apenas un voto en contra (Somalía) y seis abstenciones. En esa minúscula y cuestionable lista, la delegación argentina quedó ubicada junto a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún.
Lejos de responder a una estrategia soberana o a la realidad social del país, el voto funcionó como un acto de obediencia debida hacia la Casa Blanca. La delegación estadounidense objetó el texto por incluir referencias a la «salud sexual y reproductiva», el «aborto seguro» y la educación sexual, bajo el argumento de que esos conceptos interfieren con las agendas conservadoras de sus gobiernos. Sin siquiera pedir la palabra en el recinto para dar una explicación formal ante la comunidad internacional, la representación argentina se limitó a replicar el rechazo de Washington.
Desde la Cancillería comandada por Pablo Quirno intentaron justificar el papelón diplomático asegurando en off que el texto estaba «viciado» de términos «ideológicos» y cuestionando la utilidad de estas resoluciones para reducir los femicidios. Sin embargo, el argumento oficial choca de frente con el desmantelamiento sistemático de las políticas de género dentro del propio territorio nacional: desde la eliminación del Ministerio de las Mujeres y el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, hasta el vaciamiento de programas de asistencia y prevención en medio de una crisis de femicidios que no da tregua.
No se trata de un hecho aislado, sino de una política exterior errática que antepone las afinidades ideológicas del Presidente por encima de los intereses nacionales y los compromisos constitucionales. Durante el último año, el Gobierno ya había votado en contra de resoluciones sobre prevención de pandemias, lucha contra la trata de personas y respaldo a la Corte Penal Internacional, además de haber sido el único país del mundo en rechazar en 2024 una iniciativa contra la violencia digital hacia las mujeres.
Al abstenerse frente a un consenso elemental como la erradicación de la violencia machista, el gobierno de Milei no solo degrada el prestigio internacional de la Argentina, sino que envía un mensaje de profundo desprecio hacia las mujeres y niñas que todos los días enfrentan violencias físicas, económicas y digitales en el país.










