El juez de la Cámara Federal de Casación Penal cuestionó la prisión preventiva dictada contra Estela Chávez, una mujer de 67 años que pasó 35 días detenida tras intentar sustraer alimentos de un supermercado.
Las declaraciones del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, generaron una fuerte repercusión en el ámbito judicial y político tras pronunciarse sobre el caso de Estela Chávez. La mujer, una jubilada de 67 años, permaneció 35 días privada de su libertad luego de intentar llevarse alimentos de un supermercado.
En diálogo con medios radiales, el magistrado fue categórico al analizar la situación procesal y humana de la mujer. «No hay delito. Le están pisoteando la dignidad a esta mujer», afirmó Slokar, cuestionando con dureza el accionar de quienes ordenaron y sostuvieron la prisión preventiva.
Durante su intervención, el juez señaló que el derecho penal cuenta con herramientas específicas —como el principio de insignificancia y el estado de necesidad— diseñadas precisamente para evitar que se criminalice la vulnerabilidad extrema. En ese sentido, calificó la medida judicial como un «cinismo judicial ignominioso» y advirtió sobre el rol de los magistrados frente a las crisis sociales.
«El juez que no siente vergüenza ante el hambre no merece juzgar a nadie», sentenció Slokar, remarcando que la Justicia no puede funcionar como un instrumento de castigo hacia los sectores más desprotegidos ni ignorar el contexto de emergencia alimentaria que atraviesan miles de adultos mayores.
El caso de Estela Chávez reabrió el debate sobre la proporcionalidad de las penas, el uso abusivo de la prisión preventiva en delitos menores contra la propiedad y la perspectiva social con la que intervienen los tribunales ante hechos motivados por la subsistencia.










