El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata junto a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentaron una histórica demanda ambiental ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. El recurso judicial busca frenar de forma inmediata el millonario proyecto hidrocarburífero «Sea Lion» (León Marino) en la Cuenca Malvinas Norte, una explotación offshore ilegal impulsada por corporaciones extranjeras bajo licencias coloniales otorgadas por el Reino Unido.
La presentación introduce el concepto inédito de «tutela ambiental soberana». Esta doctrina unifica en un solo vector el derecho constitucional a un ambiente sano con la defensa irrestricta de la soberanía territorial y los recursos naturales de la plataforma continental argentina.
El núcleo de la demanda: Frenar el ecocidio antes de que ocurra
El escrito judicial exige el dictado urgente de una medida cautelar de no innovar. El objetivo es obligar a las firmas petroleras a abstenerse de iniciar o continuar cualquier tarea preparatoria o de exploración.
- Las corporaciones demandadas: La acción apunta de forma directa contra la firma británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
- Falta de aptitud ambiental: Las empresas avanzaron en el esquema de financiamiento de infraestructura extractiva sin haber realizado una Evaluación de Impacto Ambiental integral ni contar con la debida aprobación del Estado argentino.
- Las obras bajo la lupa: Se exige la suspensión inmediata de perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías, ensayos técnicos y el bloqueo de fondos financieros destinados al proyecto.
- Riesgo ecosistémico crítico: El área de explotación (ubicada a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago) afecta directamente a la Ecorregión Mar Argentino y la Ecorregión Islas del Atlántico Sur. La actividad genera contaminación acústica submarina, transporte de químicos peligrosos y riesgo permanente de derrames que amenazan las rutas de migración y reproducción de especies protegidas como la ballena franca austral y los pingüinos.
Las declaraciones de Jerónimo Guerrero Iraola
El abogado patrocinante del CECIM La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, forma parte del cuerpo de letrados detrás de esta estrategia judicial de vanguardia. El especialista fue contundente respecto al peligro inminente y los objetivos de la presentación:
«Obviamente buscamos que se condene a estas empresas por ello, pero también vamos a pedir una medida cautelar requiriéndole a la justicia argentina que ordene a las empresas a abstenerse a realizar cualquier tipo de acto preparatorio».
Guerrero Iraola fundamentó la urgencia de activar los tribunales de Río Grande antes del «hecho consumado» extractivo, advirtiendo que cada pozo que se pretende realizar en suelo soberano busca perforar de manera simultánea el marco legal y el derecho del pueblo argentino.
Bajo este enfoque, las operaciones económicas que sostienen el proyecto —así como los bancos, fondos de inversión y aseguradoras involucradas— quedan bajo la órbita de ilegalidad expuesta en la presentación.
El antecedente: El CECIM como escudo contra la Ley de Tierras
No es la primera vez que el CECIM La Plata y el patrocinio legal de Guerrero Iraola frenan medidas que atentan contra el patrimonio nacional. Esta histórica demanda contra el saqueo petrolero en el Atlántico Sur tiene un antecedente inmediato fundamental: el freno total a la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737).
- El amparo colectivo: Cuando el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el artículo 154 disponía la derogación de la Ley de Tierras, abriendo las fronteras argentinas a la extranjerización irrestricta de campos, bosques y fuentes acuíferas vitales.
- La batalla judicial: El CECIM La Plata interpuso un amparo colectivo argumentando que la derogación ponía «cartel de venta» a recursos estratégicos. Tras un complejo recorrido de idas y vueltas en los tribunales federales, la Cámara Federal de La Plata dictó la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU.
- El hito de soberanía: En aquel fallo histórico impulsado por los excombatientes, la Justicia no solo salvaguardó la vigencia de la Ley de Tierras, sino que determinó que la soberanía nacional constituye un bien jurídico protegible y que los veteranos de Malvinas poseen plena legitimación para acudir a los tribunales a defenderla.
La sociedad toma la posta ante la inacción oficial
Con la presentación contra el proyecto Sea Lion, el CECIM La Plata y las organizaciones ambientales trazan una línea de continuidad histórica indiscutible: la soberanía de la Nación no se defiende únicamente en el plano diplomático o militar, sino cuidando activamente el suelo, el mar y el futuro ambiental de las próximas generaciones.
Frente a un escenario donde la inacción o complacencia del propio Poder Ejecutivo deja desprotegidos los recursos estratégicos, queda en evidencia que es la sociedad civil organizada y estos colectivos quienes deben tomar la posta.
La intervención del CECIM y la Asociación de Abogados Ambientalistas no constituye una acción aislada, sino el reflejo jurídico de un vasto sector de la ciudadanía que comparte el mismo valor fundamental: la convicción de que los bienes comunes del suelo argentino no están a la venta y deben defenderse con el peso de la ley.
