Un dramático informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense revela que seis de cada diez familias recurren al endeudamiento informal para comprar alimentos. La crisis se profundiza en los hogares monomarentales, donde el 70% de los padres no cumple con la cuota alimentaria.
La crisis económica en la provincia de Buenos Aires ha perforado un piso alarmante: endeudarse ya no es una opción para adquirir bienes durables, sino una necesidad biológica para subsistir. Un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, basado en 1.700 casos, arrojó que el 60% de las deudas contraídas por los hogares bonaerenses se destina exclusivamente a la compra de alimentos. El porcentaje restante se divide entre el pago de alquileres, tarifas de servicios públicos y gastos de salud.
María Alejandra López, directora de Políticas de Igualdad del organismo, advirtió en declaraciones radiales sobre los peligros del crecimiento de la deuda informal, un circuito que escapa a los registros bancarios tradicionales. «El problema es la informalidad; el que le pide a otra persona, a una tarjeta virtual o a un prestamista», detalló la funcionaria, explicando que los sectores más vulnerables no tienen empleos registrados ni formas de constatar ingresos mensuales para acceder al crédito bancario formal. En este escenario de desesperación, 8 de cada 10 personas encuestadas manifestaron que les resulta imposible pagar los compromisos asumidos.
El impacto en los hogares monomarentales
El informe expone una clara brecha de género y una alarmante situación de desprotección hacia las infancias. En los hogares monoparentales —que en su inmensa mayoría están a cargo de mujeres— el endeudamiento crece un 10% por encima de la media general.
Esta realidad está directamente ligada a la violencia económica: 7 de cada 10 progenitores varones no cumplen con el pago de la cuota alimentaria. Al asumir la crianza y el sostén de forma solitaria, las madres se ven empujadas a la usura para cubrir la canasta básica. Para el 40% de estas familias, el peso de la deuda representa la mitad de todo el dinero que ingresa mensualmente a la vivienda.
Ante la falta de recursos y el ahogo financiero, el estudio detectó que los hogares bonaerenses se ven obligados a desplegar «estrategias extremas de supervivencia». Entre las medidas más drásticas que están adoptando los vecinos se encuentran saltear comidas a lo largo del día o interrumpir tratamientos médicos esenciales por no poder comprar los medicamentos.
Violencia económica y el mito del «esfuerzo» individual
Desde nuestro espacio en Las Brujas de Salem, consideramos que las estadísticas presentadas por la Defensoría del Pueblo no son simples números de la macroeconomía: son radiografías del dolor social. Que seis de cada diez familias de la provincia de Buenos Aires tengan que pedir plata prestada para poner un plato de comida en la mesa es una muestra obscena de la degradación humana a la que nos empujan las políticas de ajuste.
No estamos hablando de familias que se endeudan para irse de vacaciones o cambiar el auto; estamos hablando de personas que firman su sentencia financiera con prestamistas virtuales o almaceneros del barrio para que sus hijos cenen.
Este informe desarma, además, el discurso meritocrático que ignora las profundas desigualdades de género. El dato de que el 70% de los varones incumple con la cuota alimentaria demuestra que las mujeres bonaerenses están sosteniendo la crisis con el cuerpo, el tiempo y su propia salud.
El Estado no solo falla al no garantizar un salario digno y precios accesibles para los alimentos básicos, sino que también es cómplice por omisión al no perseguir con firmeza a los padres deudores que huyen de sus responsabilidades legítimas.
Contraer deudas para comer es la antesala del hambre estructural. Cuando la estrategia de supervivencia de una madre implica elegir entre comprar un antibiótico o un paquete de fideos, lo que se está rompiendo es el tejido social básico. Desde este portal, señalamos que la crisis no se soluciona con discursos de austeridad ni con decretos que invisibilizan las realidades de las niñeces vulneradas. Comer es un derecho, no un saldo a pagar en cuotas con intereses usureros.
