Con topadoras, gases lacrimógenos y perdigones directos al rostro, la policía provincial ejecutó un violento desalojo contra la Comunidad Indígena Santa Rosa. El operativo dejó viviendas destruidas, personas heridas y detenidas, pero se topó con la resistencia inquebrantable de las mujeres, quienes se pusieron a la vanguardia de la lucha para defender su suelo de los negocios inmobiliarios.
La violencia institucional y el desprecio por los derechos de los pueblos originarios volvieron a escribir una página trágica en la provincia de Jujuy. En un operativo fuertemente militarizado, la policía provincial reprimió y desalojó a las familias de la Comunidad Indígena Santa Rosa, ubicada en Humahuaca.
La orden fue firmada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón. El procedimiento se ejecutó con una crueldad extrema, violando las leyes nacionales y los tratados internacionales que protegen los territorios ancestrales. Sin embargo, frente al avance de las armas y las máquinas, fueron las mujeres indígenas quienes se plantaron en la primera línea de resistencia, asumiendo su rol histórico como guardianas de la tierra y la vida comunitaria.
Un desalojo ilegal sostenido sobre planos falsos
El trasfondo del conflicto expone las irregularidades del Poder Judicial jujeño en complicidad con intereses económicos. La medida se sostuvo sobre un plano de la Dirección Provincial de Inmuebles que invadía los límites históricos de la comunidad.
A pesar de que el propio organismo de Catastro reconoció oficialmente que el plano contenía graves errores de delimitación, el juez Calderón se negó a suspender la medida. Detrás del apuro judicial se esconden favores políticos y un fuerte proyecto inmobiliario y turístico para construir un hotel en esas tierras comunitarias.
Frente a este atropello, las mujeres de la comunidad encabezaron las asambleas y lideraron la denuncia pública, exponiendo cómo el poder político intenta mercantilizar el suelo sagrado que ellas y sus ancestras han protegido por generaciones.
El blanco de la represión: El ensañamiento contra las mujeres
La infantería policial irrumpió disparando gases y balas de goma sin respetar la presencia de niños ni ancianos. Con maquinaria pesada, destruyeron viviendas enteras, dejando a las familias a la intemperie.
El operativo resultó en numerosas personas heridas y detenidas. El foco del ensañamiento estatal estuvo puesto de manera muy clara sobre las lideresas comunitarias. Una de las imágenes más desgarradoras y virales del operativo mostró a una mujer indígena golpeada y arrastrada por el piso por las fuerzas de seguridad mientras intentaba evitar con su propio cuerpo que una de las topadoras demoliera su hogar. Este ensañamiento demuestra que la violencia del Estado busca disciplinar especialmente a las mujeres, reconociendo el peligro que su fuerza y su organización representan para los proyectos de saqueo.
La soberanía territorial tiene rostro de mujer
Este violento desalojo viola la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, que exigen la consulta previa a los pueblos indígenas. En este contexto de vulneración absoluta de derechos, el rol de las mujeres se vuelve el corazón de la supervivencia colectiva. Ellas no solo defienden la tierra como un recurso económico; la defienden como el espacio donde se teje la identidad, la memoria, la alimentación y la crianza de sus hijos.
Desde Las Brujas que Salem nos solidarizamos activamente con las hermanas de la Comunidad Santa Rosa. Sostenemos que la lucha por la tierra en nuestra América profunda tiene rostro y voz de mujer. Son ellas las que, con el cuerpo golpeado pero la dignidad intacta, siguen enseñándonos que el territorio no se vende, se defiende.
