En un contexto de asfixia presupuestaria y ataque sistemático a la educación pública en todo el país, el Gobierno nacional ejecutó hoy un nuevo golpe, esta vez dirigido a la población más vulnerable del sistema educativo. Sin notificación previa a las personas detenidas, a la Justicia ni a los organismos de control, se iniciaron los traslados forzosos desde el Complejo Penitenciario de Devoto hacia el penal de Marcos Paz. El operativo comenzó de manera deliberada por los estudiantes universitarios del Centro Universitario Devoto (CUD), interrumpiendo sus trayectorias educativas en pleno desarrollo del cuatrimestre.
El traslado no responde a criterios de gestión penitenciaria ni de seguridad, sino a una doble agenda: montar una puesta en escena de demagogia punitiva y acelerar el desalojo de los terrenos de Devoto con fines de especulación e inmobiliarios. Mientras tanto, las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires permanecen desbordadas y miles de personas sufren hacinamiento en condiciones inhumanas; sin embargo, la prioridad oficial fue avanzar contra quienes ejercen su derecho a estudiar.
El derecho a la educación en el encierro: Una conquista bajo ataque
El Centro Universitario Devoto (CUD), que funciona bajo la órbita de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un emblema internacional de la educación en contextos de encierro. Durante décadas, ha demostrado ser la herramienta más eficaz para la reducción de la reincidencia, la transformación subjetiva y la construcción de proyectos de vida dignos extramuros.
Al trasladar a los estudiantes a módulos de Marcos Paz que ni siquiera están terminados y que carecen por completo de un programa universitario, el Estado nacional no solo rompe los acuerdos institucionales alcanzados; ejecuta una pena accesoria e ilegal: la privación del derecho a la educación.
La pérdida de este derecho arrastra consigo otras dimensiones de la dignidad humana en el encierro:
Interrupción de trayectorias y proyectos de vida: Estudiantes que estaban a materias de recibirse o rindiendo parciales quedan en un limbo pedagógico absoluto, perdiendo el esfuerzo de años de cursada.
Destrucción de los lazos de cuidado colectivo: El CUD funciona como un espacio de resguardo, debate y organización comunitaria dentro de la hostilidad carcelaria. Desmantelarlo es aislar y desarticular las redes de apoyo entre pares.
Vulneración del derecho a la reinserción real: Al quitar la herramienta universitaria, el sistema penitenciario renuncia a su fin constitucional de progresividad de la pena y se reduce al castigo puro, estigmatizante y degradante.
La seguridad no se construye con castigo
El avasallamiento de los derechos de las personas privadas de la libertad se presenta ante la opinión pública como una supuesta política de «mano dura» y orden. Sin embargo, desde el activismo de derechos humanos y el pensamiento crítico se denuncia lo evidente: el castigo ciego no genera seguridad. Por el contrario, obturar los espacios educativos en las cárceles profundiza la violencia institucional y precariza el futuro de quienes, tarde o temprano, recuperarán su libertad.
El vaciamiento del CUD es un reflejo a escala del desprecio gubernamental por la universidad pública. Nos sumamos al estado de alerta de los organismos de control, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles. Exigimos el cese inmediato de los traslados arbitrarios y el pleno respeto a los convenios educativos. La educación es un derecho humano fundamental, y las paredes de una celda no pueden ser la excusa para arrebatarlo.
